edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
04/04/2012

El Gobierno confiesa su obsesión por cerrar el reajuste del sector financiero

El Ejecutivo español aborda diversas vías para engordar el fondo de garantía de depósitos y afrontar el rescate de las entidades intervenidas por el Estado, y no quiere "banco malo"

Desde Economía señalan que España aún no está negociando formalmente con el Ejecutivo comunitario un plan para incrementar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ante su escasa dotación actual. "Aún no estamos en ese punto", afirman.

El Gobierno tiene como objetivo culminar la reestructuración financiera antes de que finalice el primer semestre de 2012, coincidiendo con el fin del mandato del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al frente del organismo, y aspira a acelerar las subastas de entidades intervenidas en las próximas semanas.

El Ejecutivo espera que el saneamiento del sector financiero por su exposición al riesgo inmobiliario y la consolidación de entidades con la integración de las más débiles en otras más solventes contribuya a reactivar la concesión del crédito a familias y empresas, así como a mejorar la imagen del país de cara a los mercados.

Todavía está pendiente la subasta del Banco de Valencia, filial de Bancaja intervenida por sus problemas de solvencia, así como las de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para sustituir la presencia del Estado en su capital, superior al 90%. El sector financiero esperaba recibir el cuaderno de venta del Banco de Valencia hace un mes.

Fuentes financieras cifran los recursos del FGD en menos de 2.000 millones de euros, cantidad insuficiente para afrontar esta adjudicación, máxime tras la cobertura por las pérdidas registradas por la CAM a partir del pasado 1 de agosto de las que se beneficia el Sabadell.

Por otra parte, y según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está previsto que el FGD restituya al Sabadell un total de 715 millones de euros por las pérdidas registradas en la cartera de la CAM cubierta por el Esquema de Protección de Activos (EPA) articulado por el Banco de España para su adjudicación.

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