edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
24/12/2013
Popular, Sabadell y ahora NCG Banco

El Gobierno convierte a la banca en moneda de cambio

Introduce al sector financiero en su estrategia diplomática para salvar la repatriación de los beneficios a España
Manifestación de preferentistas de NCG
Juan José González

El Gobierno español arrastraba un serio problema desde aquel célebre "¡por qué no te callas!" del jefe del Estado Juan Carlos al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Y aunque difícil de creer, los daños del lance siguen en curso de reparación; nada menos que seis años y unos meses está durando la obra de restauración. Una situación incómoda para el Ejecutivo español pero, a fin de cuentas, principal función a desarrollar por cualquier diplomacia y que, según parece, va por buen camino. En el plano empresarial, el Gobierno de Zapatero dejó la cuestión de las relaciones bilatelares a medias, una herida mal cerrada y que, por tanto, cicatrizó con dificultad. Había una deuda del Ejecutivo de turno sin saldar; primero, Zapatero y después, Rajoy, con los intereses de las empresas españolas: era evidente que necesitaba de una reparación. Y el Ejecutivo parece haberse decidido y apostar por la vía económico diplomática. Es lo que cabe interpretar tras la repentina o súbita apertura al capital latinoamericano en busca de asientos confortables en consejos como el Popular, el Sabadell y ahora el gallego NCG Banco, este último ha servido de punta de lanza para descubrir una estrategia, la gubernamental. Entre tanto, la venta de NCG mantiene numerosos puntos oscuros y dignos de alguna reflexión.

No es casualidad que de golpe y porrazo se produzca tanta concesión a la inversión extranjera latina, diversificada desde México con el Banco Popular, Colombia con el Banco Sabadell y ahora Venezuela con Novagalicia Banco: súbitamente, como por impulso dinámico de la razón, todo se vuelve "idóneo" para el Banco de España y acaba firmando la venia. En todo caso es una buena tendencia la del capital de países emergentes cuyo objetivo es obtener rédito en España, y cuyos beneficios se supone, serán repatriados a sus países originarios siguiendo una práctica mercantil internacional de uso habitual. Práctica que, por cierto, no es siempre observada, respetada ni aceptada por todos y que, en algún caso, llega a ser interrumpida, anulada o boicoteada, y hasta tal punto que goza de especial arraigo en algunos de los nuevos inversores que aterrizan en Barajas, El Prat o Peinador (Vigo).

Pero con la coyuntura, la crisis y la reestructuración bancaria por coartada, el Gobierno ha alcanzado el último piso que le faltaba para reconstruir el edificio con Venezuela. Era una situación incómoda para un Ejecutivo que ya contaba con el avance de algún mensaje de varias autoridades locales, no sólo de Venezuela, sobre la conveniencia de implantar cierta reciprocidad en eso de repatriar beneficios, práctica que sólo podía contar con una dirección: la originaria del capital, la propiedad. En cierta ocasión, un evento multitudinario organizado por el ICEX en Latinoamérica, sirvió para sembrar una peligrosa semilla que parece haberse desarrollado. Varios mandatarios del continente advirtieron sobre la necesidad de regular la repatriación de los beneficios de las grandes empresas europeas, asunto que implicaba a las multinacionales españolas.

Es por ello, por esa apertura tan inesperada como repentina centrada en un sector como el bancario, por lo que todo indica que el Gobierno español ha leído en clave diplomática empresarial la autorización de los inversores emergentes, auunque es probable que en la más reciente, la venta del 88% de NCG, se haya excedido en condescendencia. Habría sido necesaria alguna reflexión más al respecto, antes de entregar el 43% del mercado gallego a un inversor que trae poco dinero y un know how que seguramente tendría más cerca. Si contento está el Gobierno de Rajoy, el también gallego de Núñez Feijóo no ha cesado desde entonces de repiquetear y hacer la carretilla con las castañuelas, tras haber logrado el tan ansiado instrumento político, antes llamado caixa y ahora banco, una entidad que a pesar de contar con capital venezolano difícilmente podrá negarse a financiar astilleros y demás. Así que, cuidado porque la historia puede demostrar que no debía andar muy lejos Núñez Feijóo cuando la caixa perdía y perdía hasta llegar a alcanzar los 9.000 millones de euros. Vuelta a las andadas en la relación perversa entre cajas (ahora banco) y autoridades locales.

Los negociadores españoles, funcionarios públicos, no se han mostrado tan finos en asegurar algunos aspectos de la operación, como eficaces en el manejo-apaño final de la `subasta´ de NCG. Quizás esos negociadores públicos deberían haber tenido en cuenta que una entidad a la que se le inyecta 9.000 millones de euros, que se entrega en dudosa forma a un inversor internacional, suscita dudas por algunas de sus praxis empresariales. Como práctica de mayor prudencia, quizás no era necesario traspasar el 88% de la entidad gallega (el 43% del mercado local). ¿Por qué no comenzar por una participación minoritaria hasta ver resultados de la gestión, y en función de los resultados subir un escalón más y así hasta alcanzar el 88%? Y ¿no se le habrá pasado por la cabeza a alguien del Frob, de la Inspección del BdE, de Economía o de la CNMV de, puesto que este ha sido un caso ejemplar de falta de transparencia y manoseo despiadado, descarado y vil, salvar la vergüenza y exigir, qué menos, la obligatoriedad de cotizar en el mercado bursátil? Pues no, no se le ha ocurrido a ninguna de las autoridades implicadas. Llegar y besar el santo.  

Recordar tan sólo, que a los accionistas de las 120 empresas españolas que operan en el país Venezolano, se les debió erizar el bello tras la muerte del presidente Hugo Chávez. Muchos pensaron que si además del "¡por qué no te callas! se muere Chávez... Pero no por temor al sustituto Maduro, sino a que la demora en los pagos e incumplimientos de contratos fuera a dar paso a una ola de expropiaciones, en parte, producto de los problemas económicos previos a la fase de cambios en el país. Algo que, sin embargo, no pudo mantener por más tiempo la española Iberdrola, harta de demoras en los pagos que acabaron siendo impagos y por desesperar a la compañía tras haber cumplido con los compromisos contractuales (construcción de subestaciones de energía) con el Gobierno central. El asunto de la incautación no es nuevo, ya contaba con precedentes, pues la también española Agroisleña, con medio siglo de presencia en el país, fue confiscada y expropiada por el Gobierno de Chávez. Hace dos días el Gobierno venezolano advirtió que ordenará la detención de los empresarios que especulen, así como su posterior procesamiento porque en el país no se pueden subir los precios (¡ya basta! que diría Maduro en twitter). No se sabe si se trataba de una orden concreta, genérica o mezcla de ambas, es decir, un aviso para otros navegantes, pues el presidente se sentía víctima de una guerra económica del empresariado.

En el capítulo de despropósitos, no parece que ni Santander ni BBVA (dicho vulgarmente) se hayan roto los cuernos en la puja, muestra del parvo interés de ambos por la entidad, aunque desde otra óptica se pueda interpretar que se han salido con la suya: conocer las tripas de la entidad -un competidor más- cubrir el expediente, que equivale a hacer visible el propósito de colaborar con la reestructuración del sector (el Santander tiene pendiente la `asignatura´) y, finalmente, reservar fuerzas (dinero) para la siguiente puja por Catalunya Banc. Queda la duda sobre el comportamiento que las autoridades locales le hubieran dispensado a cualquiera de estas dos grandes entidades con escasas simpatías locales.

Así que, ante la próxima subasta de Catalunya Banc, habría que pensar si no sería mejor dejarla en manos de Loterías del Estado. Al menos se verían cómo caen las bolas por la tolva.

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