edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
10/10/2011

El Gobierno dejará funcionando la Comisión que podrá cerrar páginas webs siguiendo la ‘Ley Sinde’

Xavier Gil Pecharromán
En plena pelea entre la Liga de Futbol profesional y las emisoras de radio, el Gobierno ultima un Real Decreto que conformará la Comisión de Propiedad Intelectual, creada a través de la Disposición final cuadragésima tercera de la Ley de Economía Sostenible (conocida popularmente como Ley Sinde) que tendrá las facultades que otorga el artículo 11 de la Ley de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para dirigirse directamente a un prestador de servicios para ordenarle que interrumpa la prestación, retire determinados contendidos provenientes de prestadores establecidos en España, o impida el acceso desde territorio español a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya sido decidida. Las medidas adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión exigen autorización judicial, que se adoptará a través del procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que crea un procedimiento especial en la Audiencia Nacional, sin derecho a recurso a instancias superiores.

La Sección dispone, asimismo, en orden al cumplimiento de su cometido, de legitimación para instar la actuación judicial en orden a la identificación del responsable mediante exposición razonada y, en todo caso, iniciado contra él el procedimiento, la función de valorar la pertinencia, admitir y practicar pruebas y dictar una resolución motivada declarando que la quedado acreditada la existencia o inexistencia de la vulneración del derecho de propiedad intelectual, estableciendo las oportunas medidas de ejecución pudiendo en su caso procederse a la ejecución judicial de la resolución dictada.

También, en el artículo 15 se incluye que el procedimiento podrá dirigirse contra cualquier responsable de un servicio de la sociedad de la información sobre el cual existan indicios de que está vulnerando derechos de propiedad intelectual y siempre que concurra, directa o indirectamente, ánimo de lucro, o se produzca o pueda producirse daño patrimonial al titular de los derechos.

También, se precisa que “se entiende comprendida en dicha conducta, a los efectos de iniciar el procedimiento, la obtención de la copia del ejemplar de la obra o prestación, tanto en forma directa como cuando el acceso a la misma se produce a través de cualquier otro responsable de un servicio de la sociedad de la información

La Comisión podrá requerir a los prestadores la cesión de los datos que permitan la identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal  requerimiento exigirá la  autorización judicial previa de acuerdo con lo dispuesto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos para llevar a cabo la identificación.

Entre las funciones de la Comisión se establece que servirá para someter a mediación a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual y las empresas de distribución por cable y a arbitraje a las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquellas y las entidades de radiodifusión.

También dará solución a conflictos sobre la interpretación o aplicación de los contratos generales entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión, y fijará las cantidades sustitutorias a las tarifas generales establecidas por las entidades de gestión por la utilización de su repertorio.

Los objetivos del proyecto de Real Decreto son reforzar el funcionamiento del sistema vigente de la propiedad intelectual para resolver, en vía no jurisdiccional, los conflictos sustanciados mediante procedimientos de mediación y arbitraje ante la Comisión y remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada, a través del procedimiento para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, que será una función de la Sección Segunda de la Comisión, tal y como hemos indicado.

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