edición: 2186 , Martes, 28 marzo 2017
01/10/2008

El Gobierno desconoce los costes actuales de la Ley de Dependencia

Xavier Gil Pecharromán

La ingente cantidad de cifras manejadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 han permitido que pase de puntillas la situación de caos que se está produciendo el despliegue de la Ley de Dependencia, que se presentó en su día como el proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de políticas sociales. En el segundo año en vigor de la Ley, ni la Ley se está aplicando en los plazos previstos, ni todos los que se acogen a ella van disfrutarla: algunos lograrán algo, muchos van se quedarán como estaban y es posible que para algunos se convierta más en un problema que en una solución. La falta de conocimiento sobre las cifras que se están invirtiendo quedó ayer al descubierto en el Congreso de los Diputados, en la que intervino la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera. Ésta no pudo dar a conocer los datos económicos sobre el despliegue de la Ley de Dependencia, ya que todavía no ha recibido las cuentas que solicitó a los gobiernos regionales antes del verano. El desconocimiento de  estos datos conlleva que el Gobierno no pueda decidir si la ley necesita más financiación.

La ministra ha dejado pendiente el espinoso tema del co-pago que podría llegar a comprometer los patrimonios y viviendas habituales de los ancianos que reciben atención en residencias y otros centros.

En Los Presupuestos para 2009, se han dotado créditos para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia por valor de 1.158 millones de euros (un 33%), una cuantía a la que se añade el presupuesto que corresponde al País Vasco y Navarra a través de sendos convenios.

Este dinero se distribuye entre el Programa de Servicios Sociales del Estado (172 millones) y otros 985 millones en el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en sus distintas acciones para cofinanciar actuaciones en el ámbito de protección de los dependientes. También se asigna una subvención de dos millones a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para proyectos de atención a dependientes. Además, dentro del Imserso, el Estado aporta a esta entidad 270 millones de euros para sufragar programas distintos a los de la dependencia.

Cabrera admitía ayer desconocer qué porcentaje de los usuarios a los que les ha sido reconocido el derecho disfruta ya de la prestación o la subvención económica correspondiente, y si en todos los casos son ayudas nuevas con cargo al sistema de Dependencia, o bien se trata de atención asistencial previa a la entrada en vigor del mismo.

Con estos mimbres, la insatisfacción con la forma en que se está desplegando la Ley de Dependencia es la norma general entre los ejecutivos de las comunidades autónomas, porque en la mayoría de ellas consideran que está  sumida en el colapso y se ha convertido en una fuente de conflictos con el Estado.

La ley de Dependencia no tiene las dotaciones necesarias para llevarla a efecto y es inviable a medio y largo plazo, según anunciaron ayer en el Congreso de los Diputados todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE.

En los 20 meses de despliegue de la norma son muchos los compromisos adquiridos, normativos y reglamentarios, donde, evidentemente, ha habido colaboración de personal sanitario para las debidas evaluaciones, pero tampoco se conocen los datos.

La Ley regula el sistema de financiación del sistema a cargo de las administraciones públicas, así como la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones de acuerdo con dos criterios: el coste del servicio y la capacidad económica del beneficiario, que también será tenido en cuenta para determinar la cuantía de las prestaciones económicas, teniendo en cuenta que la Ley dispone que nadie quedará fuera de cobertura por falta de disposición de recursos económicos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previsto poner en marcha, sin que haya trascendido la fecha, una comisión interministerial para abordar la cuestión sociosanitaria, que contempla la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración es el que mayor incremento presupuestario tendrá en 2009, el 35,7 por ciento, por la aportación al Servicio Público de Empleo, en un año en el que los gastos no financieros del Estado crecerán el 3,3 por ciento, hasta 157.604,27 millones de euros.

De esta partida, el gasto para Trabajo e Inmigración ascenderá a 8.804,13 millones de euros, el 5,6 por ciento del total -el que más presupuesto tiene-, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que presentó hoy el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, en el Congreso de los Diputados.

Junto a la aportación al Servicio Público de Empleo (2.000 millones), el Departamento dirigido por Celestino Corbacho concentrará su presupuesto en la financiación de los complementos de pensiones mínimas del Sistema de Seguridad Social (300 millones de euros) y el subsidio de nacimiento por hijo (111,42 millones de euros).

Las cuantías destinadas a programas como el de atención a la familia y a la infancia, personas mayores o discapacitados también registran descensos, lo que se debe a que sus partidas son asumidas por la Ley de Dependencia.

El Gobierno, mientras tanto, no sabe si debería poner más dinero o no, a pesar del drama personal y familiar que se esconde tras cada solicitud de ayuda.

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