edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
14/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno eleva al ámbito estatal la capacidad de restringir el acceso a una actividad basada en una cualificación profesional

Xavier Gil Pecharromán

Las restricciones de acceso a una actividad basadas en una cualificación profesional sólo podrán exigirse por ley estatal.

Será así cuando la cualificación requerida sea un título universitario o de Formación Profesional superior, o autonómica en caso contrario, siempre que la comunidad autónoma tenga la competencia.

Así, se fija en el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que el Consejo de Ministros está a punto de aprobar y remitir a las Cortes. A parte de la obligatoriedad de colegiación tan solo para 38 profesiones, pertenecientes a los ámbitos legales, sanitarios y técnicos, se fija una lista positiva de reservas de actividad en 59 normas que mantienen su vigencia, el resto quedan derogadas en lo que se refiere a esta materia (así, pierden su reserva de actividad colegios como los de  gestores administrativos o los administradores de fincas).
 
Se consagra el principio general de eficacia en todo el territorio nacional de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, según el cual quien haya accedido a una actividad profesional cumpliendo los requisitos de acceso legalmente previstos en una Comunidad Autónoma, puede ejercer esa actividad en todo el territorio nacional.
 
Aumenta el grado de competencia en el ámbito contractual del sector público. Así, se prohíbe la referencia en los pliegos de prescripciones técnicas a titulaciones concretas, salvo que exista reserva de funciones a su favor y se prohíbe solicitar visado, salvo que se trate de actividades con reserva de funciones.
 
La futura Ley someterá a los cargos directivos a una serie de principios de actuación, como que no podrán contratar familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad, cónyuges ni parejas de hecho, recibir regalos o favores, deberán mantener la obligación de reserva, y no desviarse en el ejercicio de las funciones de sus fines originarios, etc. Se exige que tales principios formen parte del código deontológico y, por tanto, que su no seguimiento sea sancionable.
 
Se someterá a los cargos directivos a un régimen de incompatibilidades. Así, será incompatible el ejercicio de un cargo directivo colegial con ser cargo político del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias u otras Entidades Locales; titular de un órgano directivo superior en cualquier Administración Pública; cargo directivo en partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales; y el desempeño de cargos de administración y dirección en entidades aseguradoras que tengan o puedan tener relación con la corporación colegial de la que el directivo en cuestión forme parte.
 
Será obligatorio para los cargos directivos firmar una declaración de compatibilidad antes de que tomen posesión de su cargo. En ella, se establecerá que estos altos cargos en entidades de colegiación obligatoria no tendrán derecho a remuneración, salvo que la Asamblea colegial por mayoría cualificada de tres quintas partes la fije. Y también, se regula la fijación de dos mandatos en el ejercicio de un cargo directivo en una corporación colegial, salvo que los Estatutos expresamente fijen otra cosa.
 
Se establece el control por la Administración competente sobre el desempeño de las funciones públicas y de los servicios obligatorios atribuidos por la ley a los Colegios, previéndose un procedimiento garantista y contradictorio que podría desembocar en la disolución del órgano de gobierno del Colegio y la convocatoria de nuevas elecciones.
 
Para favorecer la transparencia de estas instituciones se establece la publicidad de la Memoria anual (que incluye las cuentas anuales consolidadas). Se exigirá que en la ventanilla única conste información de los colegiados sobre los que pesen resoluciones ejecutivas que se refieran a la expulsión del Colegio o a la suspensión del ejercicio profesional y sobre todas las cuotas del colegio. Y, además, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad de auditoría para los colegios de pertenencia obligatoria.
 
Los colegios nacionales o consejos generales de pertenencia obligatoria estarán obligados a ofertar un esquema de certificación de profesionales único. El objetivo es mitigar los problemas de información asimétrica entre los profesionales y los consumidores. La acreditación de las entidades de certificación corresponderá a la Entidad Nacional de Acreditación, acreditador único e independiente dotado de potestad pública para otorgar acreditaciones en España.
 
Se completará así el actual esquema punitivo ‘a posteriori’ por incumplimiento del código deontológico, con un mecanismo de información ex ante mucho más beneficioso y transparente para el consumidor. Lo sufragarán los colegios de colegiación obligatoria. Para los demás es voluntario
 
Por otra parte, se refuerza el funcionamiento democrático de los Consejos Generales y Colegios al poner a disposición de todos los candidatos a las elecciones de un colegio el censo colegial, para prevenir algunos excesos que se han venido produciendo.
 
Además, se establecerá la participación de los distintos Colegios en el Consejo se tendrá en cuenta el número de colegiados de cada uno de ellos y que el sufragio activo en las elecciones de los miembros de los órganos de gobierno sólo puede corresponder a personas físicas.

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