edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
22/10/2009
El mal de los 'ministros menguantes' se extiende
Fotografía manipulada del Gobierno Zapatero

El Gobierno empieza a cometer errores legislativos y administrativos por falta de coordinación entre ministerios

Javier Ardalán

El Gobierno muestra cada día mayor desconexión entre sus ministros. Los departamentos han comenzado a cometer errores legislativos y políticos. El problema lo ha diseccionado el ex ministro Carlos Solchaga en una reciente entrevista en la que decía que “Zapatero vive en un mundo presidencialista en donde el único relevante es él y trata a todos los demás como secretarios: el secretario de Sanidad, el secretario de Cultura...”. En el texto bandera de Zapatero, el de la Ley de Economía Sostenible se incluye un incremento del esfuerzo de las Administraciones Públicas por la investigación el desarrollo y la innovación (I+D+i), que debe suponer la base de un nuevo modelo económico. Sin embargo, esta situación deja bastante que desear en el tratamiento fiscal que se ha diseñado en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y las tensiones y la falta de coordinación entre los ministerios de Industria, Ciencia e Innovación y Educación, están diluyendo el esfuerzo inversor y la partida destinada a I+D+i se ha recortado en todos ellos. Sirva el ejemplo sólo a modo de introducción porque hay más.

Está claro que falta una estrategia clara y un compromiso firme con la política de I+D+i del Gobierno, que ha dejado proyecto, como el del nuevo supertelescopio del Instituto Astrofísico de Canarias, que tras las importantes inversiones previas tenía que estar dando el ‘do de pecho’ para iniciar su explotación, pero la falta de planificación y el escaso peso de Garmendia en el Consejo de Ministros, han posibilitado un contundente recorte en su presupuesto, que ha puesto en peligro el cumplimiento del plan de negocio de este centro.

El empleo del texto de la Ley de las Socimi es el mejor ejemplo de la forma en que está actuando el ministro-presidente Zapatero. Esta norma se ha convertido en una pura y dura ley de acompañamiento de los Presupuestos, a la antigua usanza. Este  tipo de normas se prohibió hace ya unos años por la mala calidad de técnica legislativa que conlleva, pero a pesar de esto, se han incluido asuntos tan sorprendentes como una rebaja en el IVA de los alquileres con opción de compra; otra rebaja en el Impuesto de Matriculación de las motos y de las motos de Agua; la posibilidad de solicitar las devoluciones del IVA repercutido y no cobrado en las ventas a plazos; se modifica la tributación de la matriz de un grupo por las pérdidas en las filiales; los préstamos entre el socio y la empresa pasan a considerar de rentas del capital y no operaciones vinculadas, como hasta ahora; e, incluso, se ha aprobado una tasa que hará pagar a la empresas nucleares por los residuos que crean.

La retirada en el Congreso por el Grupo Socialista de una enmienda sobre la energía termosolar, pactada con CiU en el Senado por los propios socialistas, y que se incluía en la ley de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), es la penúltima demostración de los problemas que el Gobierno tiene por falta de diseño de una política para luchar contra la crisis económica y generar empleo.

En pleno debate de la ley que rige las empresas de alquiler, los senadores socialistas y los del grupo catalán decidieron introducir una enmienda por la que derogaban el decreto que rige la instalación de las placas fotoeléctricas porque consideraban que invadía las competencias autonómicas. La iniciativa se retiró del proyecto, pero aún está en la mente del Grupo Socialista incluirla en otro proyecto normativo, una vez que se le haya quitado toda la ‘toxicidad’ que se le incluyó en el Senado.

En el capítulo tributario también se han dado problemas de apresuramiento y falta de meditación de las medidas. La famosa adopción de los 400 euros de deducción sobre las retenciones de las rentas del capital, que primero se concedieron con carácter temporal, en contra de la mayoría de los analistas que consideraban que ese dinero se podía utilizar de una forma más productiva. Después se ha decidido retirarlas porque se vió que tenían bastante poco sentido. Ahora se negocia dejarlas para ciertos niveles de renta.

Pero, en fin, con la adopción de estas medidas se ha generado un problema de distribución de ingresos entre el Estado y el resto de las Administraciones Públicas, que tendrían que recibir un 50%. Con la adopción de dinero para diferentes colectivos, este equilibrio presupuestario se había roto y comunidades autónomas y ayuntamientos estaban recibiendo más ingresos que el propio Estado, sin que se hubiesen estudiado correctores para esta situación. Ahora se estudia de qué forma volver a equilibrar las cuentas.

Además, la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas llevó al Gobierno a reconocer capacidad legislativa a los gobiernos regionales sobre algunos aspectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fruto de este acuerdo, señalaba esta pasada semana el director general de Tributos, Jesús Gascón, será la existencia a partir de 2010 de un impuesto dual, con declaración de las rentas al Estado y con declaración de las rentas a las comunidades autónomas, puesto que podrán modificar las tarifas de acuerdo con sus necesidades y conveniencias, pudiendo crear cuantos tramos consideren oportunos y regulando los mínimos exentos.

Y esto no son más que algunos ejemplos de la forma en que el Gobierno está adoptando decisiones de profundo calado económico.

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