edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
19/04/2013
Se dan a conocer las condiciones del arbitraje

El Gobierno, en el punto de mira por su estrategia para sacar de los tribunales las reclamaciones por preferentes

La vía penal se convierte en una opción gracias al polémico informe de la CNMV conocido la semana pasada
Se acusa al Ejecutivo, al Banco de España y a la propia CNMV de querer encubrir una estafa colectiva
ICNr

Las preferentes siguen trayendo cola después de conocerse el polémico informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la institución reconocía abiertamente la existencia de ilegalidades en el proceso de comercialización de este producto financiero por parte de Bankia y Bancaja. Ayer se comentaron ciertos detalles sobre las vías abiertas a los afectados para recuperar parte de lo invertido: el arbitraje preferente para quienes tengan invertidos 10.000 euros es una de ellas, tal y como aseguró la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada. Por otro lado, la prensa insiste en la posibilidad que abre el informe de la CNMV para acudir a la vía penal de cara a la devolución de todo lo invertido, así como para inculpar a quien sea necesario: Gobierno, Banco de España o la propia Comisión se encuentran en el punto por tolerar o patrocinar soluciones para los afectados que, al fin y al cabo, tratan de encubrir una auténtica estafa.

De momento, se siguen orquestando soluciones a medio gas para los afectados. Según ha asegurado el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), en explicación de los criterios para acudir al proceso de arbitraje, `serán objeto de arbitraje preferente los ahorradores que sean titulares de una inversión en los productos objeto de controversia inferior a 10.000 euros, en particular cuando la inversión proceda de un traspaso de productos de bajo riesgo de la propia entidad´. Las entidades también ofrecerán un arbitraje al uso a inversores menores de edad, discapacitados y a aquellos a los que no se les facilitara la documentación adecuada o no recibieran información correcta del producto.

La falta de información es un criterio clave en estos casos. El organismo tiene claro que éste ha sido, sin duda, el gran problema en la colocación de preferentes. De ahí que entre los criterios fijados para acudir al arbitraje se aclare que se partirá de la información sobre las características y riesgos del producto antes de la contratación, especialmente en lo referente a su clasificación como producto sin riesgo o conservador, como producto no complejo, plazo de la inversión, riesgo de liquidez y/o grado de subordinación. También se ahonda en la información acerca del cliente recabada por la entidad antes de colocar el producto. El organismo establece como criterios para el arbitraje la ausencia de procedimiento para recabar los datos sobre el perfil del cliente, un procedimiento de evaluación de conveniencia manifiestamente incorrecto, así como un procedimiento de evaluación de idoneidad manifiestamente incorrecto.

Además, el orden según el cual se tramitaran los arbitrajes vendrá determinado por circunstancias personales de los clientes tales como su edad (de mayor a menor de edad), ingresos familiares (los de menor renta irán primero) y volumen que invirtieron (accederán primero los que menos preferentes compraron).

SACAR LOS CASOS DE LOS TRIBUNALES

Todo ello supone llevar a un procedimiento extrajudicial un problema que, en todos los casos que se especifican por parte del organismo, podrían llevar a una respuesta más satisfactoria acudiendo a los tribunales. De ahí que muchos afectados por las preferentes hayan decidido querellarse contra los directivos de las entidades que les vendieron estos productos, solicitando hasta seis años de cárcel por delitos de estafa y falsedad documental. La mejor parte es que la vía penal no excluye la civil, de forma que el consumidor no se la juega a una sola carta al acudir a esta vía, tal y como recordó ayer la prensa, y podría obtener tanto la restitución de la inversión como la reparación del posible daño y la indemnización por daños y perjuicios. Eso sí, el proceso sería indudablemente más largo.

Esta actitud de los afectados responde a un hecho cada vez más evidente: no hay que conformarse con la nulidad de contrato y la devolución de lo invertido, sino que hay que pedir responsabilidades a los directivos o comerciales de las cajas que patrocinaron esta práctica y que literalmente estafaron a gran escala a un número ingente de clientes. Los internautas, afectados o no, criticaron ayer que los responsables de estas entidades se hayan `ido de rositas´ a pesar de ésta y de otras muchas irregularidades, y reclamaron por ello que los tribunales sirvan, ahora más que nunca, como instrumento para generar confianza cuando el resto de los poderes públicos se encuentran inmersos en una profunda crisis.

Fruto de esta idea cada vez más extendida es la existencia de alrededor de 200 demandas, de momento por la vía civil, según el diario Expansión. Según fuentes judiciales, se espera que esa cifra llegue hasta las 1.000 antes de verano sólo en el marco de la plataforma de afectados por las participaciones preferentes. La vía penal comienza a convertirse también en una opción más que viable y a ello se suman algunas ventajas para los afectados, como el hecho de que las tasas judiciales queden excluidas en esta rama. Los precedentes, además, dan aliento a quienes han optado por la vía judicial: según la plataforma de afectados por las preferentes, el 80 por ciento de los perjudicados supera los 65 años y mayoritariamente han conseguido fallos a su favor de los jueces, que han anulado los contratos.

En cuanto a las consecuencias de acudir a la vía penal, se habla de la posibilidad de inculpar a los responsables de la comercialización de estos productos por delitos de falsedad documental, estafa, publicidad engañosa, e incluso apropiación indebida, omisión del deber de denuncia o maquinación para alterar el precio de las cosas. Existe, además, un agravante que se aplica cuando el delito afecta a una pluralidad de personas, algo que tendría pleno encaje en este caso teniendo en cuenta que existe alrededor de 100.000 afectados. La consecuencia: penas de hasta 6 años de prisión.

Con todas estas puertas abiertas, la opinión pública encuentra más argumentos que nunca para arremeter contra el Ejecutivo –actual y anterior- por permitir e intentar tapar un problema que afecta a miles de ahorradores. Los internautas criticaron que todavía no se haya visto pasar por pa cárcel a ningún director de banco implicado en preferentes cuando la realidad es que la estafa ha estado orquestada por ellos en última instancia. También se arremetió contra la posibilidad de esas quitas del 70 por ciento para el caso de Bankia: `Esto es lo mismo que decir que te quitan el 70 por ciento del fruto de tu trabajo, el 70 por ciento de tu futuro, el 70 por ciento de tu esfuerzo y de tu vida´, resumió un lector.`Ni en Chipre se atrevieron a tanto´, señaló otro.
Es más, se recordó que, por mucho que parezca mentira, todavía no hay que bajar la guardia ante la banca ni ante el Estado, y ello porque ` ahora viene la segunda parte del plan´. `El Gobierno comercializa masivamente deuda pública a los pequeños ahorradores abriendo el mercado secundario. La deuda de España es impagable, y tarde o temprano llegará la quita. Se tratará de colocar la máxima deuda publica posible a la gente, también se moverán todo lo posible de los fondos de pensiones y fondos de inversion que se controlan. Cuando Europa cierre la financiación... Se realizará la quita y todos tendremos pérdidas, y si hay que poner más se tirará de los depósitos. Es la misma estafa, salvo que esta vez se hará sin intermediarios (las cajas) y las comercializará directamente el Estado´, auguró un internauta. 

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