edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
19/06/2012
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

El Gobierno, entre el `mark to market´ de Wyman y Berger u otra moratoria para no aplicar la Ley de Suelo

Están en juego pérdidas adicionales de 85.000 millones de euros de valorar como rústicos suelo urbanizables sin desarrollar
Con las provisiones realizadas hasta ahora se reconocen minusvalías de estos activos por unos 65.000 millones
Juan Carlos Martínez

Con la valoración de los activos de las entidades financieras más en entredicho que nunca, el Gobierno se enfrenta de nuevo ante la tesitura de aplicar la Ley de Suelo para valorar como rústicos terrenos urbanizables sin desarrollar, o aprobar una tercera moratoria para evitar que bancos, promotores inmobiliarios tengan que reconocer que esos activos, contabilizados todavía en unos 85.000 millones de euros, no valen prácticamente nada al no tener en cuenta los beneficios futuros que se pudieran obtener tras su desarrollo.

La decisión del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se va a tomar a caballo entre los informes de los que está pendiente todo el mundo, los que esta misma semana emitirán las dos consultoras, Oliver Wyman y Roland Berger, y los que, dentro de un mes, deben proporcionar las empresas auditoras. En ambos casos, para, de una vez por todas, poner una cifra definitiva al agujero al que deben enfrentarse las entidades financieras por el deterioro de sus activos y cartera de créditos, sean o no inmobiliarios.
 
Decida el Gobierno lo que decida antes del próximo 30 de junio –fecha en que vence el plazo de la última moratoria, coincidiendo con los cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2007–, lo cierto es que, en el caso de los terrenos, estamos ante activos prácticamente ilíquidos, que son, además, causantes, en buena medida, del imparable aumento de la morosidad registrada en los créditos destinados a financiar actividades de promoción inmobiliaria.
 
Si el Banco de España desglosara el origen de los préstamos impagados, se observaría como buena parte de esos 68.000 millones de crédito promotor moroso, registrados a finales de marzo 2012 –20.000 más que un año antes–, proviene de operaciones realizadas hace cinco o seis años para comprar unos 200 millones de metros cuadrados  por unos 145.000 millones de euros. Con las provisiones y dotaciones de capital incluidas en los dos Reales Decretos de febrero y mayo, se han reconocido, que no aportado todavía, pérdidas potenciales por unos 65.000 millones de euros por estos terrenos.
 
Hasta la entrada en escena de los consultores –obligada desde Bruselas y Berlín–, los Gobiernos españoles –primero el presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y, ahora, el de Mariano Rajoy–, tenían muy claro que, en las circunstancias actuales, no podían dejar que esa Ley de Suelo de 2007 se aplicara con toda su crudeza para evitar abrir un boquete de incalculable alcance. Y, además, se habían dado ya pasos destinados a poner fin a la recurrente política de prórrogas que hasta ahora se había llevado a cabo con la promoción, por parte del Gobierno, de una modificación de la Ley de Suelo para evitar que se terminaran de pulverizar de los balances los solares que fueron hipotecados o adquiridos a precio de urbanizable.
 
Pero la situación ha cambiado, ya que parte de esa ayuda anunciada de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), servirá para cubrir las nuevas minusvalías de los terrenos que las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger van a incluir en los informes que tienen previsto presentar pasado mañana. Nuevo ajuste provocado al aplicar la fórmula anglosajona del `mark to market´, que no tiene en cuenta otra cosa más allá del precio que, en un momento concreto, se pague por estos activos.
 
Vía que, por tanto, deja fuera de juego el método residual de valoración de la ley de 1998, el que tiene en cuenta las expectativas urbanísticas futuras y el que, gracias a las sucesivas moratorias, se sigue aplicando en las escasas operaciones que se producen. Y vía que, por caminos diferentes, llega a la misma conclusión que la Ley de Suelo de 2007, al determinar que esos nuevos suelos rústicos (urbanizables sin desarrollar) pueden llegar a depreciarse un 90% al aplicar el método de capitalización de rentas actuales o potenciales.

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