edición: 2745 , Lunes, 24 junio 2019
12/09/2011
El ambicioso plan de 100.000 millones de euros, en dique seco

El Gobierno español se atasca en las privatizaciones

Mientras, Grecia, Irlanda, Portugal e Italia aceleran las desinversiones
Los test de estrés de la banca ya contabilizaban ingresos por ventas públicas
Juan José González

Bruselas suele dar soluciones para casi todo, pero en el último año, y después de hacer un seguimiento de sus recomendaciones a los países con mayores apuros presupuestarios (todos) de déficit (la mayoría) con dificultades salvables (bastantes) e insalvables (cinco o seis) el resultado es que en todos los casos hay coincidencia en que un plan de desinversiones públicas ayudaría algo, en parte, mucho o todo a resolver parte del problema. Pues bien, a excepción de Irlanda, que ya ha comenzado a vender antiguas concesiones públicas, el resto no se ha movido. Es decir, ni Grecia ni Portugal ni Bélgica ni España ni Italia, ninguno de ellos ilustra tras 16 meses de recomendaciones de la Comisión Europea, ninguna privatización digna de mención. El caso español, es ilustrativo de la pereza, resistencias y falta de visión política de los administradores políticos. Y como todo tiene un tiempo y oportunidad, es posible que a los juegos (Loterías del Estado) a las infraestructuras y servicios (aeropuertos, ferrocarriles y televisiones) previstos, entre otros sectores, para su venta al sector privado, se les haya pasado la hora, sobre todo, teniendo en cuenta que media Europa se va a aplicar a lo mismo en breve y que los inversores potenciales no van a tener tanto dinero para tantas buenas oportunidades.

La suma de los numerosos activos que el Ejecutivo español había puesto sobre un papel elaborado por el Consejo Consultivo para las Privatizaciones, presentaba un aspecto inmejorable: nada menos que un suculento pastel de 100.000 millones de euros era la cantidad que se podría llegar a ingresar del ambicioso programa de ventas públicas, contando, claro esta, con que el viento soplara a favor. La cifra, cien mil millones, equivale en su redondez a un 10% de la riqueza nacional y parece ser, se asegura en una parte de ese ambicioso programa que la desinversión beneficiaría a todos (aunque por desigual forma) a entidades financieras, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y, por supuesto, a la Administración Central del Estado, titular de la parte más interesante, desde el punto de vista de la rentabilidad, del pastel de los cien mil millones.

Desde hace un año a esta parte, la coyuntura, es decir, el tiempo, se ha ido encargando y cargando el porcentaje de oportunidad del plan, en su parte más atractiva, en la de los ingresos. El tiempo ha permitido que otros competidores en la liga de las privatizaciones se hayan aplicado y hayan podido avanzar numerosos libros de venta de empresas que ya están en poder de bancos e intermediarios financieros desde hace varios meses. En suma, han aprovechado el tiempo. Frente a estos, otros países, quizás, como consecuencia de más graves y urgentes coyunturas, se han dormido en los laureles: han perdido el tiempo y con éste buena parte de la oportunidad.

Las privatizaciones son procesos largos y lentos, con multitud de frentes y partes de dominio opinando y contraopinando, innumerables intereses en juego, niveles de la Administración implicados, todo el mundo tiene algo que decir en una privatización, lo que multiplica por veinte o treinta las firmas, los permisos, el tiempo… Y con el mismo tiempo, los inversores interesados, se desinteresan y se centran en otras oportunidades. Se trata (las privatizaciones) por tanto, de procesos farragosos cuyo resultado final nunca parece satisfacer a nadie, pero que en todo caso, acaba teniendo un impacto económico, que es el que ahora se necesita y con urgencia.

En descargo del Gobierno, quizás se podría argumentar que el retraso puede estar respondiendo a la incapacidad física de un Ejecutivo abrumado por problemas de más corto plazo, de mayor peligro y de mayor exigencia de resolución. Pero si esto fuera así, y debe serlo, la amplitud de los departamentos ministeriales y áreas de Gobierno capaces de llevar a cabo el plan de privatizaciones del Estado español, no sería óbice para que, con independencia de que el Ejecutivo continuara gestionando prioridades, saliera adelante el citado plan de venta de activos públicos.

En este asunto, con unos activos cuyos ingresos están asegurados por tarifas, altas o bajas, pero al fin y al cabo, ingresos ciertos, no extraña que en estos tiempos una buena parte de las empresas del sector, nacionales y extranjeras, se muestran enormemente interesadas en las privatizaciones. Sin embargo, la piedra en la que se tropieza es la pachorra ministerial, inmersa en problemas y elecciones, que no tiene visos de despejar, siquiera, las ventas de ferrocarriles o de aeropuertos públicos.

En la actuación y modo de proceder oficial, se encuentra cierto parecido a lo que en estos tiempos viene practicando la banca, colocando sus riesgos donde menos le pueden molestar, es decir, en la denominada ‘cartera bancaria’, donde se tiene intención de mantener los temas o deudas pendientes, frente a la ‘cartera de negociación’, lugar en el que las entidades financieras sitúan los problemas o los riesgos para ser vendidos en el más corto plazo posible. Así pues, las privatizaciones se encontrarían en la ‘cartera bancaria’.

Por cierto, recordar que la mayoría de los bancos contaban en sus cálculos de los escenarios de los famosos test de resistencia, con ingresos e inversiones, resultados y situaciones que se derivaban de la puesta en marcha de algún o algunos planes de privatización pública. Y que estos siguen en dique seco, como un barco que empieza a construirse, no se termina y acaba por oxidarse.

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