edición: 2455 , Jueves, 26 abril 2018
08/03/2010
Era el único ámbito de la Justicia que aún no se encontraba afectado por la reforma

El Gobierno especializa a los abogados del Estado para mejorar su eficacia

Javier Ardalán

Los abogados del Estado pueden especializarse en materias jurídicas a partir de hoy, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Servicio Jurídico del Estado. De esta forma, la Administración se asegurará una mayor efectividad de los letrados públicos, una mayor continuidad en la llevanza de los casos, mejor conocimiento de la doctrina jurisprudencial y administrativa y, lo que no es menos importante, una mayor relación con el organismo que representen, lo que mejorará su labor contenciosa y también la consultiva, pues su labor de  asesoramiento es fundamental en la elaboración de las normas y en la representación y asistencia jurídica de la Administración. Recordemos que sólo en la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, la cuantía que se encuentra en litigio, sumando la que está en disputa en cada pleito, asciende, aproximadamente, a seis millones de euros, según ha anunciado el presidente de este órgano judicial, Carlos Dívar.

Con esta medida, toman sentido las palabras del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien suele decir que trabajan "en los mismos objetivos y en la misma dirección" todos los actores institucionales implicados en la Justicia con el propósito de caminar juntos en este proceso de transformación y de cambio "sin invadir competencias ajenas, cada uno respetándose en su tarea".

Esta nueva concepción del abogado estatal conlleva una profunda reestructuración de la  Abogacía General del Estado, que hasta el momento era el único ámbito de la Justicia que aún no se encontraba afectado por la reforma de la Justicia española.

Este instrumento aúna el mantenimiento de la jerarquía –que asegura el principio de unidad de criterio– y de una estructura estable de personal que permitirá que la especialización no sólo se haga por individuos, sino también por equipos.

Además, el agotamiento de las vías judiciales previas de ámbito nacional, que se suele exigir como condición para acudir a los tribunales internacionales de salvaguarda de los derechos humanos -especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, se traduce en un previo recurso de amparo, de modo que los procesos suscitados ante el Tribunal Constitucional y ante estos tribunales se hallan en muchos casos íntimamente relacionados. Se piensa lograr así, que una misma unidad conozca del recurso de amparo como vía de agotamiento de los recursos internos y de la eventual demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En consecuencia, se inserta la Unidad de la  Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales competentes en materia de salvaguarda de derechos humanos, que hasta ahora dependía directamente de la Abogacía General del Estado, denominada  Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y que pasa a ser la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos.

Todas estas medidas se realizan con anterioridad a la reestructuración integral de los tribunales y una redistribución del trabajo, que se iniciará con la implantación de la nueva oficina judicial, tras la entrada en vigor de las nuevas leyes procesales, entre las que destaca la reforma del Código Penal, que afectará a un total de 130 artículos.

A partir de esa fecha, los jueces se encargarán exclusivamente de las tareas para judiciales, mientras que el resto de labores recaerá en los secretarios judiciales y los funcionarios Éstos últimos son los que mayores tensiones están manteniendo con Justicia, puesto que quieren tener más ingresos como consecuencia de sus nuevas obligaciones.

En el caso de las quejas de los secretarios judiciales, el Tribunal Supremo ha rechazado suspender el Real Decreto aprobado en diciembre del año pasado por el que se establecen los tipos de puestos para los secretarios judiciales una vez se ponga en marcha la nueva Oficina Judicial y se fija el nuevo sistema retributivo para este colectivo.
 
La norma había sido impugnada por la Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que consideraban la nueva estructura contraria a sus intereses.

Caamaño, que se ha reunido con ellos en numerosas ocasiones mantiene una clara visión, de que el aumento del presupuesto de Justicia será para las nuevas tecnologías y la nueva planta judicial y no para aumentar los sueldos de ninguno de los colectivos que lo han solicitado, incluido el de los jueces.

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