edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
27/02/2009

El Gobierno estudia las trabas a la refinanciación de las empresas

Javier Ardalán

Hace varios días que se ha filtrado una de las propuestas realizadas al Ministerio de Justicia para modificar la Ley Concursal. Se trata de un texto en el que fundamentalmente se abordan modificaciones que blindan a la banca en los procesos concursales con medidas que van mucho más allá que la desaparición de las medidas que dificultan las medidas de refinanciación rubricadas con las entidades financieras por las empresas concursadas durante los dos últimos años anteriores a la declaración del concurso.

Se prevé en esta propuesta la modificación en el artículo 100.d, por el que los créditos que se concedan a una empresa para su reflotación, y los constituidos con posterioridad, si finalmente el rescate fracasa o se produce la liquidación, gozarán de prelación frente a los créditos anteriores sobre el valor del activo empresarial, deducido el importe del existente en el momento que la reflotación se produjo.

No obstante, será necesario que así lo solicite la empresa y, si no hay acuerdo con los acreedores, que el avalúo de los activos y la necesidad de reflotación sean confirmadas por resolución de las autoridades económicas correspondientes. Las líneas generales del plan de viabilidad, el convenio en su caso, el avalúo previo, la resolución administrativa, de existir,  así como la identidad de los acreedores antiguos y el alcance de su preferencia se harán constar mediante el oportuno asiento en el Registro mercantil.

La propuesta matiza también la prohibición del artículo 105 de la Ley Concursal, que afirma que no podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que haya constituido o ampliado las garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes. Esta matización elimina de la prohibición a las garantías reales que aseguren obligaciones ya existentes o a otras nuevas contraídas en sustitución de aquellas,  cuando las antiguas estén vencidas, se prorrogue el plazo para exigirlas en más de 3 años y se amplíe el crédito al deudor en más de un 20%. Además, tampoco lo estará la  ampliación de las garantías cuando se haya incrementado el crédito asegurado en la misma proporción.

En la actualidad, el artículo 71 de la Ley Concursal, que marca estas excepciones, tan sólo regula en su apartado 3 que, salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de dispositivos con un coste económico que se realicen en favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado o mediante la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.

El objetivo de esta reforma es favorecer la refinanciación de las empresas cuando todavía es posible, ya que evitaría que por decisión del juez se puedan reintegrar en el patrimonio de la empresa concursada los créditos obtenidos. El problema para el resto de acreedores es que se ven perjudicados  al no lograr nuevas garantías o su simple ampliación.

La situación de financiación para las pequeñas y medianas empresas españolas, que suponen casi el 90% del tejido empresarial español, no es nada sencilla en la actualidad. Por eso, esta propuesta aplaudida por el sector bancario, todavía no ha sido respaldada por el Ministerio de Justicia, al igual que otras que se han estudiado hasta el momento. Por ello, se están buscando soluciones alternativas que ayuden a las empresas cuando más lo necesitan, sin esperar al momento del concurso.

Entre esas medidas destacan las planteadas por los asesores fiscales integrados en el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que han reunido buena parte de las demandadas por la mayoría de las empresas y colectivos empresariales de este país, durante los últimos meses, muchas de ellas estudiadas por el equipo de Solbes.

Entre estas medidas destaca la posibilidad de abrir una línea de crédito a las Administraciones locales para que paguen rápidamente las deudas a sus proveedores de bienes y servicios y que, de esta forma, estos empresarios cuenten con liquidez para poder acometer otros proyectos. Sin embargo, esta solución no es de las que más gustan al Gobierno, puesto que la autonomía de las Administraciones debería evitar el tutelaje del Estado, tan criticado en otros capítulos.

También se apunta la posibilidad de aplazar las deudas tributarias superiores a 6.000 euros sin necesidad de prestar garantías. Estableciendo un límite más elevado, las empresas podrían tener un alivio financiero del que ahora no disponen por la imposibilidad de conseguir aval bancario.

También, el aplazamiento rápido de deudas tributarias demostrando que la empresa tiene créditos pendientes contra Administraciones públicas. Es relativamente frecuente que una persona o entidad tenga que ingresar, por ejemplo, el importe correspondiente al IVA de una obra entregada y no cobrada a un Ayuntamiento, encontrándose con dificultades para aplazarlo. La Agencia Tributaria podría establecer un  sistema rápido para conseguir aplazamientos en estos casos en los que el cobro está asegurado.

Otra de las estrellas de esta demanda, es la rebaja del interés de demora fijado en un tipo del 7% para 2009 que, a todas luces, es demasiado elevado en relación al valor de mercado al que prestan las entidades bancarias. Es obvio que no parece razonable mantener un tipo que se incluyó en el proyecto de ley de Presupuestos cuando las condiciones del mercado eran muy diferentes y que está provocando el encarecimiento de aplazamientos y fraccionamientos justo cuando más se tenían que facilitar. En esta misma línea se han pronunciado los técnicos de Hacienda.

No menos importancia tendría que se elimine la intención de suprimir las deducciones por I+D+i en 2012, ya que parece contradictorio que, cuando pretendemos cambiar nuestro modelo de desarrollo económico, liquidemos un incentivo fiscal que siempre se ha estimado como muy potente. El propio Ministerio de Economía ya ha anunciado que está estudiando soluciones urgentes en esta misma línea de actuación y ha adelantado ya la revisión de la medida prevista en la propia normativa.

Todas estas medidas son una llamada desesperada a la liquidez empresarial para evitar caer en el proceso concursal o proceder al despido automático de trabajadores.

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