edición: 2849 , Martes, 19 noviembre 2019
07/09/2009
El Tesoro Público no podrá emitir más de 120.000 millones en 2010

El Gobierno estudia solicitar a la Unión Monetaria un ‘crédito público extraordinario’

Las agencias de calificación afilan sus lápices para bajar la de algún país europeo
Juan José González

En España ya no hay máquinas con capacidad de emitir dinero y el precio de este bien escaso tampoco depende de la decisión autónoma de las autoridades económicas. Y sin ambas capacidades, las necesidades de dinero de la economía española nos conduce a un callejón de compleja salida. Si hacemos caso a lo que apuntan los técnicos del Banco de España en su último Informe Anual, el déficit público se aproximará al 10% del PIB el próximo año, y la deuda pública superará el 60%. Los dos conceptos parecen estar tocando niveles insostenibles aunque sólo se trate de hablar del futuro y en hipótesis, pero el problema de financiación del déficit están ahí. Vivir por encima de nuestras posibilidades tiene unos efectos perversos que estamos a punto de tocar con nuestras propias manos (subida de impuestos varios), si bien, el déficit fiscal no se va a cubrir sencillamente con una revisión de los impuestos, ni siquiera se va a mitigar.

Independientemente de los problemas de financiación que plantee el sector público, la escasez de liquidez en el sistema pondrá las cosas más difíciles a las empresas privadas y a los particulares puesto que el Estado vivirá insaciable en los próximos años como consecuencia del déficit público tan elevado. Sin entrar en que si es conveniente o no que el Gobierno haya adquirido un papel de protagonismo tan activo y desmesurado, de intervencionismo excesivo en los mercados financieros, lo que es seguro es que el exceso de sus gastos e intervenciones deberá financiarlas de alguna forma, recurriendo, como es costumbre ortodoxa, a la emisión de deuda pública. La Unión Monetaria ya ha comunicado que en el próximo año los niveles de emisión de deuda no deberán sobrepasar los 800.000 millones de euros, cifra que pone los pelos de punta a los economistas y que augura una fuente, también de emisión, de fuertes tensiones monetarias.

En el caso español, así como los países de un tamaño de economía similar, el límite de emisión de deuda estará en los 120.000 millones de euros al año, magnitudes nunca vistas hasta ahora y que pueden suponer duplicar las emisiones de deuda pública tradicionales, aunque no habrá más remedio que acostumbrarse para los próximos dos ejercicios, en los que con toda seguridad se vivirá en niveles muy altos de déficit. Una situación que demostrará la solidez del ahorro de la economía española, y de la europea, para hacer frente a tan brutal demanda de recursos financieros. También deberá pensar en que en ese panorama de tanta demanda y tan corta oferta, el precio de los recursos que logre captar no será el mismo que paga en la actualidad, con el consiguiente aumento de costes financieros.

Todo ello sin tener en cuenta que las obligaciones en las que incurre el Ejecutivo español crecen semana tras semana, como los nuevos subsidios aprobados recientemente para los trabajadores en paro y sin contar con nuevas y futuras obligaciones, como por ejemplo, el salvamento de las entidades financieras que, aunque cuentan con un fondo (FROB) al que se le estima una dotación inicial de 9.000 millones de euros, que se podrán multiplicar por 10 y cuya financiación correrá a cargo del Estado en dos terceras partes, alguna casa de análisis ya ha calculado que esa cifra llegará a finales de 2010 duplicada. Con este panorama, las desprestigiadas agencias privadas de calificación afilan sus lápices en el cálculo de la rebaja de calificaciones para la próxima temporada y que podría dejar a alguna de las economías europeas de primera fila en un escalón inferior de calificación.

Así las cosas, a la responsable de la economía española se le debería solicitar, como afirma claramente el Banco de España “que defina una estrategia creíble para frenar el déficit”. Y en ello deben de estar trabajando para construir unos Presupuestos Generales del Estado que se presentan como históricos.

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