edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
19/06/2009

El Gobierno intenta aumentar la presión fiscal para evitarse la subida del IVA

Antes de incrementar los tributos está el recorte de desgravaciones y deducciones
Todavía están pendientes algunas bonificaciones por crear o mantener empleo
Ilustración de http://www.hacer.org/
Xavier Gil Pecharromán

El Ejecutivo está obligado a mantener un complicado equilibrio entre su política social y el desequilibrio presupuestario que se está produciendo. Ayer, decía José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso que gracias a la reducción de la deuda pública de los últimos años la presión fiscal “debería bajar”. Quienes han leído entre líneas las palabras del presidente del Gobierno tienen que haberse sentido sorprendidos, porque el superávit de los últimos años se ha logrado gracias, en buena parte, a la Seguridad Social y, de otra, a la buena coyuntura experimentada durante años en los sectores de la construcción e inmobiliario, que son ahora los más afectados por la crisis. La tendencia a la reducción, que ha sido una tónica general en todos los países desarrollados durante el último decenio, ha tocado fondo. Como ejemplo, lo sucedido en  Estados Unidos, el Reino Unido o Irlanda, mientras que la mayoría de estos países estudian incrementos fiscales para hacer frente al aumento de los déficits públicos que están generándose con la intención de impulsar la economía.

Esta tendencia de cambio supondrá un desgaste muy grande para el Gobierno que adopte las medidas. Por ello, el Gobierno español niega su intención de subir el IVA, tal y como ya se ha hecho en otros países. El problema, además, es que una medida de semejante calado tiene un marcado carácter inflacionista, lo que no es muy recomendable para la economía española.

El incremento del tipo del IVA será la última opción, únicamente llevada a cabo si el Gobierno fracasa en su política de incrementar la presión fiscal sin aumentar la inflación, ya que toda disminución de un impuesto supone una disminución de la recaudación que debería ser compensada por algún otro ingreso.

La bajada en la recaudación del IVA se verá muy afectada, al menos en los dos próximos ejercicios. La subida de impuestos para recortar el déficit puede hacer que naufrague la batería de medidas que el Gobierno ha tomado hasta ahora. La bajada de las cotizaciones sociales, además, está descartada.

Las primeras medidas del Gobierno español ya han dado una clara indicación de por donde van a ir las medidas fiscales del Gobierno hasta que termine el año. La subida de los Impuestos Especiales, aprobada en el último Consejo de Ministros, ha buscado aumentar la recaudación aumentado la presión fiscal, ya que estos impuestos están muy por debajo de los que se pagan en el resto de los países de nuestro entorno comunitario.

Las subidas de impuestos supondrán 2.300 millones adicionales para las maltrechas arcas del Estado y el cumplimiento de las exigencias de Bruselas para que se eleven los impuestos sobre los hidrocarburos antes de 2012.

Por ello, las siguientes medidas tienen el mismo sesgo. Seguramente en las próximas semanas se puede anunciar un incremento de los Impuestos Especiales sobre el alcohol.

Para el año siguiente, tras la elaboración de los Presupuestos del Estado para 2010, vendrán otras medias más selectivas, pero con un importante efecto sobre la presión fiscal, como es la desaparición de buena parte de la desgravación por vivienda de las compradas a partir de entonces y la desaparición de los 400 euros del Impuesto sobre la Renta, que han remediado bastante poco y, sin embargo, han supuesto una auténtica sangría para las arcas del estado y que se aplicaría únicamente a las rentas medias y bajas.

También continuará la desaparición de las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, que ya han ido sufriendo recortes desde la entrada en vigor de la última reforma fiscal introducida por el Gobierno.

Otra medida, que actualmente se estudia en Hacienda es la posibilidad de aplicar mayor presión fiscal a los altos ejecutivos con contratos blindados o las remuneraciones extraordinarias, los conocidos como bonus, en la línea marcada también por Bruselas, que quiere acabar con las remuneraciones desproporcionadas de los altos directivos y, de paso, equilibrar los ingresos perdidos por la desaparición efectiva del Impuesto sobre el Patrimonio.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se han hartado de avisar, que quienes más ganan tendrán que esforzarse más en la lucha por la superación de la crisis.

La necesidad de aumentar la presión fiscal viene forzada no sólo por la menor recaudación producida por la crisis económica, sino también porque el Gobierno está tratando de aportar liquidez con actuaciones como facilitar la devolución mensual del IVA y el descuento temporal en este tributo de facturas incobradas, medidas de clara inspiración comunitaria.

También se incluye en este esfuerzo la propuesta del Gobierno de recortar en cinco puntos el Impuesto sobre Sociedades durante tres años para las pymes de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a cinco millones de euros, que mantengan o incrementen su plantilla, así como la aplicación de una reducción equivalente en el IRPF para los empresarios autónomos que mantengan el empleo.

El Gobierno suele argumentar en estos casos, que el impacto recaudatorio para el Estado será casi nulo porque se compensará con la eliminación de algunas deducciones fiscales que ahora están en vigor. Sin embargo, el recorte es excesivamente limitado en las actuales circunstancias.

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