edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
20/01/2017
banca 
Como hiciera con el Yak-42

El Gobierno medita aplicar al rescate bancario su `mea culpa´ moral y patrimonial

Un nuevo relato sobre el fiasco de las cajas debe servir para argumentar el rescate bancario, sus cifras y las posibilidades de recuperación del dinero público
Juan José González
Ha querido el destino, o su capricho, que coincidan en el tiempo dos hechos que han marcado la historia española más reciente (a modo de episodios nacionales) como son el reconocimiento oficial "del Estado" de la responsabilidad patrimonial y moral, el `mea culpa´ en la tragedia del Yak-42, y el ingreso en prisión de cuatro ejecutivos condenados por sus responsabilidades en las crisis de las cajas gallegas. Mientras el primero de los sucesos se ha convertido con el paso del tiempo (nada menos que 13 años) en un precedente que ha forzado a crear un relato -o `solución´ oficial- el segundo sigue abierto, pendiente y a la espera de que, también el Estado, representado por el Gobierno, se decida a aplicar la misma `solución´: la de las explicaciones congruentes con la realidad y concluir reconociendo su responsabilidad, sino total, sí en parte, del fiasco de la crisis de las cajas de ahorro, el subsiguiente rescate y su muy controvertida recuperación del dinero público.
El mismo destino quiere en su capricho establecer algún parangón entre ambos hechos. Uno de ellos son las trabas a la formación de una comisión de investigación, evitada en el convencimiento de que se trata de una vía política no deseada por el Gobierno. Pero no sólo por éste, sino también por otras instituciones que en su día tuvieron una clara implicación en la crisis de las cajas, dado que se trataba de instituciones financieras cuya supervisión estaba atribuida por ley al Banco de España, en ese momento gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores presidido por Julio Segura. Que a día de hoy un juez siga reclamando (sin éxito, sin respuesta) al Banco de España información relevante para aclarar algunos puntos pendientes, es una muestra de las barreras existentes para concluir la tarea judicial.

Quizá la dificultad de la Justicia para obtener algunas pruebas de las actuaciones de los gestores bancarios se deba precisamente a la ausencia de un relato convincente, fiel y ajustado a la realidad. Ausencia que estaría siendo la barrera que mantiene a los responsables de la crisis de las cajas al abrigo de la impunidad, de la falta de asunción de las responsabilidades. Porque la crisis bancaria española, protagonizada por las cajas y que concluyó con la extinción de unas y absorción o transformación de otras, ha adquirido una magnitud que, en términos financieros, puede estar representada, hasta el momento, por los 61.000 millones de euros comprometidos entre el Fondo de Garantía de Depósitos, el FROB.

Hasta fecha muy reciente, el Gobierno, en boca de su responsable de Economía, Luis de Guindos, continuaba manteniendo la tesis y el discurso de que el rescate bancario no costaría al Estado más de 7.000 millones de euros, aseveración que fue corregida a la baja por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría al afirmar que el rescate en cuestión no costaría ni un sólo euro a los españoles. De esta forma, y a falta de explicaciones convincentes, el Gobierno se encuentra muy cerca de concluir el nuevo relato del fiasco de las cajas de ahorro, lo que serviría para argumentar el rescate bancario, sus cifras y las posibilidades de recuperación del dinero público. 

Otro asunto, sería el de reconocer las responsabilidades jurídicas, morales y patrimoniales de los ahorradores afectados: si el Ejecutivo se decide finalmente por la misma `solución´ aplicada al caso del Yak-42, un grupo de media docena de personalidades, representantes de instituciones públicas, deberán decir la verdad y solicitar el perdón público en el mismo asiento del Congreso utilizado por la ministra de Defensa.

Y si se trata de averiguar el balance económico final del rescate, habrá que esperar a que el Estado concluya la privatización del 65% de las acciones que posee en Bankia y BMN. Así que, hasta entonces, Gobierno y supervisores cuentan con tiempo suficiente para construir ese relato que consiga ser entendido por el público, que evite declaraciones engañosas, a medias, para bordear la verdad. Como en la `solución´ del Yak-42, pero aquí sin víctimas mortales, la magnitud de los hechos provocados por la crisis bancaria obliga a una explicación política, alejada de la irrealidad del falso relato oficial, de la versión en la que persisten, con reiterada necedad, los imputados de ayer e investigados de hoy.

Porque mantener (forma parte de la estrategia jurídica de las defensas) que fue la crisis financiera mundial la causante del desastre bancario, consolida su vigencia como coartada básica del saqueo, de las quiebras que aún hoy siguen consumiendo tantos recursos públicos como huérfanas de explicación y ausencia de responsabilidades. Y esto también forma parte de la factura final de la crisis bancaria.

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