edición: 2974 , Martes, 26 mayo 2020
30/12/2013
El Ejecutivo prepara a futuro su propio tarifazo ya que la situación se hará insostenible

El Gobierno oculta que su intervención del precio de la electricidad va a acelerar el déficit de tarifa por dos vertientes

La incapacidad oficial para ordenar el sector deja al sistema eléctrico al borde de una crisis energética
Carlos Schwartz

Finalmente se hizo la luz. El Gobierno en pleno, y no el ministro de Industria, optó por subir el precio de electricidad en el tramo “libre” un 1,4% y el tramo regulado -el denominado de peajes- un 0,9%. Por tanto el recibo de la luz subirá en enero un 2,3%. Esto es lo que sin mucho esfuerzo de imaginación ha logrado pergeñar el ejecutivo eligiendo la media más baja de las opciones ofrecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es decir la semestral de los precios futuros. El incremento tendrá como efecto un aumento del déficit de tarifa por el lado de los costes no cubiertos por el precio fijado del lado de la generación, y por el lado de los peajes ya que el aumento no es suficiente para atender al déficit que se generará por la retribución a las renovables, a la distribución y en la propia generación convencional a los precios fijados. Es decir el Gobierno prepara a futuro su propio tarifazo, ya que la situación se hará insostenible y desembocará salvo nuevas postergaciones en un incremento significativo del precio del kilovatio hora.

El ocultamiento es todavía más temerario de lo que se puede suponer porque el responsable de los parámetros de la subasta anulada, la denominada CESUR, los fija el propio ministerio de Industria. Fija cuánto deben comprar las comercializadoras y puede reducir ese límite si no hay oferta suficiente, cosa que no hizo. Con plena conciencia de que esa es una subasta en la que los que ofertan la energía son entidades financieras que se cubren de los costes del mercado diario en el que compran la energía que revenden a las comercializadoras de último recurso (CUR), el Gobierno aprobó una ley del sector eléctrico este mismo mes de diciembre sin tocar el método de fijación trimestral del precio de la energía.

La cadena de desatinos en torno al sector eléctrico coloca al sistema español al borde de una crisis energética, no por insuficiencia de generación, sino por todo lo contrario. Una situación de miseria en la abundancia. Con una caída histórica de la demanda, hay una estampida de precios que el Gobierno contiene por el mecanismo de intervención. Pero no toca la parte del tramo regulado que es lo que podría hacer bajar el precio. Se da la paradoja que las energías renovables que pueden presionar a la baja el precio del kilovatio hora, reciben una retribución superior al precio de mercado por la vía de los peajes. Con lo cual no sirve a efecto del precio al consumidor que el tramo liberalizado baje, si tiene que subir el regulado para compensarlo. El Gobierno ha demostrado su absoluta incapacidad para hacer frente a la situación real del sector de la única forma posible: reordenándolo y sustituyendo los mecanismos de fijación de precios por otros eficientes.

Por el contrario su intervención ha creado de un lado desorden, un incremento del déficit de tarifa aun imprevisible de momento para el primer trimestre de 2014, inseguridad jurídica, y la amenaza de crisis para los comercializadores independientes. Mientras, se verá obligado a reconocer costes no satisfechos por los precios fijados a las CUR que tendrán que comprar la energía más cara que el precio de venta establecido para la tarifa de último recurso. En el sector energético al ministerio de Industria ya no le queda nada por descalabrar. Arrinconado por la situación de hecho el ejecutivo ha decidido ganar tiempo político conteniendo un tarifazo que alimenta por vía indirecta precisamente por su maniobra. Por tanto la afirmación de que ha evitado un incremento del 11% del recibo de la luz oculta las subidas futuras a las que aboca al consumidor.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acierta cuando afirma que España no puede tener la tercera energía eléctrica más cara de Europa y que ello afecta a la competitividad del país. Pero su Gobierno hace todo lo contrario a lo necesario para evitar esa carestía, esa miseria en la abundancia que padece el sector. Mientras, el déficit de tarifa ha alcanzado a los 4.480 millones de euros y puede acabar el año en los 5.000 millones si la ciclogénesis explosiva no lo remedia por el lado de la generación eólica. Pero en cualquier caso todo parece indicar que el déficit será superior a los 3.600 millones de euros que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no ha querido asumir en los presupuestos generales del estado y los ha dejado para que se carguen al balance de las eléctricas en el corto plazo -eso si, con aval del estado-, pero para que se añadan a los derechos de cobro contra los consumidores que ya suman 29.000 millones de euros. Las cifras y la verdadera anarquía que genera la intervención del Gobierno sin mecanismos alternativos para fijar el precio de la TUR comienzan a dar al déficit de tarifa la dimensión de problema insoluble que mostraba la deuda pública en el siglo XIX y que condujo al remedio heroico de las sucesivas desamortizaciones.

El problema sigue siendo una bomba de relojería en las manos del gobierno que no logra deshacerse de ella, y todo parece indicar que le volverá a estallar en las manos de aquí a nada. Mientras la pretensión de reducir los costes de generación mediante tecnologías renovables inmaduras con una fuerte retribución indirecta regulada ha fracasado. La idea misma de que existe una curva de aprendizaje que ha hecho caer el precio de las infraestructuras fotovoltaicas ha quedado cuestionada por la crisis en el sector de los paneles solares que ha alcanzado incluso a la industria china. La curva de aprendizaje empieza a adquirir el contorno de una competencia desaforada en el sector que ha llevado a una reacción proteccionista en Estados Unidos, y lo pretende hacer en Europa, cuestionando esa caída de precios en su base.

Por su propia naturaleza la industria de la generación eléctrica tiende a la concentración de capitales y a su integración vertical. Los intentos de romper ese proceso mediante paños calientes al estilo de la Comisión Europea están destinados al fracaso porque esos arbitrajes no pueden colocarse por encima de las propias leyes que rigen esos procesos económicos.

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