edición: 2864 , Jueves, 12 diciembre 2019
03/01/2012
OBSERVATORIO INMOBILIARIO

El Gobierno permite que bancos y promotores sigan sin valorar el suelo a precios de mercado

La nueva moratoria vencerá el próximo 30 de junio cuando se cumplan cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Suelo
Juan Carlos Martínez

Aunque algunos de los comentarios previos vertidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inducían a pensar que podría no prorrogarse la moratoria sobre la valoración de los terrenos urbanizables, que obliga a sus propietarios a establecer la misma sin contar con los beneficios futuros que se pudieran obtener tras su desarrollo, finalmente las presiones realizadas por parte de las entidades financieras y de los promotores inmobiliarios surtieron el efecto deseado. La nueva prórroga se establece ahora por un plazo de seis meses, hasta el próximo 30 de junio, cuando se cumplan cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2007.

A pesar de la trascendencia del asunto por el alcance económico que conlleva, del mismo no se hizo mención alguna en la rueda de prensa posterior al Consejo Ministros del pasado viernes. Ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ni los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro comentaron nada al respecto, ni tampoco nadie les pidió que realizaran valoración alguna sobre el tema. Había que escudriñar a fondo el Real Decreto-ley, publicado el pasado sábado 31 de diciembre, para toparse con la novena modificación final que establecía “la renovación de la prórroga sobre excepciones a la aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo”.

Ahí se daba una nueva redacción al apartado 2 de la Disposición transitoria tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, estableciendo que los “terrenos que, a la entrada en vigor de aquélla, formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del planeamiento o, si han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a terceros. De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, se aplicará el de cinco años”.

En definitiva, seis meses de alargue para evitar ya la quiebra de alguna que otra entidad financiera y de prácticamente todas las empresas inmobiliarias, que siguen contabilizando en sus balances millones de metros cuadrados a un precio de compra, en su momento inflado ante las expectativas de negocio que se vislumbraban, y que ahora, en muchos casos, tiene un valor cercano a cero, porque ni existen perspectivas para su desarrollo ni ningún potencial comprador, en el caso que lo hiciera, pondría ni de lejos la cantidad inicialmente pagada, y, en muchos casos, ni siquiera un precio próximo al establecido tras las provisiones realizadas como reconocimiento de pérdidas.

Una decisión que, en la práctica, viene a certificar la defunción de una medida contraria a los intereses de entidades financieras, promotores y demás propietarios de terrenos. Nadie piensa ya, después del cambio de Gobierno, que esa nueva valoración de los terrenos vaya realmente a imponerse. De momento, se dan esos seis meses para que todos ganen tiempo y el nuevo Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, pueda poner en marcha el instrumento que considere más oportuno para que esos activos tóxicos inmobiliarios, como el de esos terrenos de casi imposible desarrollo, salgan de los balances de las entidades y dejen de lastrar las cuentas, y lo hagan de la manera “más prudente”, como dijo el propio presidente durante el discurso de investidura.

Está por ver el camino que finalmente se toma. Si habrá un ‘banco malo’ para todos los activos o solo para el suelo o si se seguirá el criterio de que las entidades con más activos problemáticos vayan quedando en manos de entidades capaces de llevar a cabo la integración, con un buen respaldo de fondos públicos.

Lo que sea menos aplicar, de la noche a la mañana, el precepto legal que obligaría a tasar esos activos que las entidades financieras sieguen contabilizando, de forma irreal, por unos aproximadamente 50.000 millones de euros, o los que acumulan en su seno las compañías inmobiliarias por otros 30.000 millones, que llevan camino de acabar en el mismo sitio a través de las operaciones de dación de pago impuestas en los procesos de refinanciación de deuda financiera.

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