edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
05/05/2017
banca 
Acortar plazos

El Gobierno planea acelerar la recuperación del rescate bancario

Fiar la recuperación de la inyección pública sólo al retorno de dividendos y desinversiones alargaría en exceso la amortización presupuestaria
Juan José González
Cuando todavía se escucha el eco de aquel lejano "el rescate bancario no costará un sólo euro a los españoles" en boca del ministro de Economía Luis de Guindos, se puede leer que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en el Congreso de los Diputados, recoge para el presente año un desembolso de 1.100 millones por el rescate bancario, al parecer, en previsión de ejecuciones de garantías y avales. Unas y otros lo son en concepto de pérdidas, así como juicios (Bankia) y otros activos fiscales (Sareb). Se puede decir que el tal rescate suma y sigue y alcanza ya o todavía la friolera de 57.871 millones de euros. Si bien las cuentas oficiales hacen hincapié en la necesidad de restar a la `dolorosa´ los beneficios generados por intereses y dividendos -unos 9.643 millones- el resultando de la deuda continua siendo un foco de alarma, en tanto que pozo sin fondo, y el balance, muy lejos de tender a cero. Así las cuentas, aquella lejana aseveración del ministro de Economía va transformándose, con reiteración anual, en falsedad de una casi imposible devolución total de las ayudas. Devolución por lo demás que se fía a una combinación peculiar entre el largo plazo y el carácter olvidadizo de los acreedores contribuyentes.
Las cuentas del rescate bancario continúan acumulando costes, salidas de fondos, en este caso, de los Presupuestos Generales del Estado. La pesadilla de la carga financiera, reflejada en las cuentas anuales se compone de: las deudas contraídas por el Estado para financiar el rescate bancario -a 31 de diciembre de 2016 ascendían a 51.512 millones de euros-; de otros 34.721 millones de euros del préstamo europeo con destino a la deuda anterior y, finalmente, de las cargas de otros activos por valor de 8.665 millones. A estas tres cantidades habría que añadir el coste anual de los avales del Estado -41.000 millones- por los activos bancarios en la cartera de la Sareb. 

Las cuentas del rescate, sin embargo, sólo cuentan en el futuro con la esperanza del Gobierno en recuperar (todo o buena parte) la inyección financiera en Bankia por valor de 22.424 millones de euros. Y la forma de reducir la deuda sería a base de recibir dividendos anuales (contando con que el banco siga generando beneficios anuales) y, por supuesto y finalmente, con la venta de la mayoría de las acciones actualmente en poder del Estado. La estrategia elegida en este caso por las autoridades contempla dicha recuperación del rescate en el largo plazo, si bien, en los últimos meses han surgido algunas voces discrepantes en el seno del Gobierno y que al parecer se mostrarían más favorables a una recuperación acelerada. En otras palabras, el Ejecutivo estaría dándole vueltas a la idea de acortar los plazos de restitución de las inyecciones públicas.

La magnitud del dinero público dispuesto en el objetivo de rescatar de la quiebra a las entidades financieras debería obligar a las autoridades a considerar otras salidas al problema y evitar la carga anual que año tras año aparece reflejada en los Presupuestos estatales. Quizá el Ejecutivo no se haya planteado nunca la forma, método o estrategia de, por ejemplo, el Tesoro norteamericano para sacar de dificultades a sus bancos. Cabe recordar que esta institución acordó con el Gobierno préstamos por valor de 132.000 millones de dólares para la causa, dinero público que desde hace seis años y medio ha vuelto a la caja del Estado.

Es por todo por cuanto ese ejercicio las autoridades de fiar a los dividendos (y se supone que a los ingresos por la privatización de la mayoría del grupo Bankia-BMN en un futuro) la suerte de la recuperación de las ayudas se convierte en mera excusa, en descargo de responsabilidades. De resultas de ese mismo ejercicio se puede interpretar que el Ejecutivo y, más concretamente el ministro de Economía, da por perdido buena parte del rescate. Y en esta creencia se desarrolla la desconfianza e incredulidad de la opinión pública cada vez que los distintos grupos políticos le interrogan sobre cualquier aspecto a propósito de la crisis bancaria.

Desconfianza generalizada que parece ser materia de preocupación suficiente como para que el Ejecutivo se esté planteando una alternativa de recuperación del dinero más rápida en el tiempo, más eficaz para los (menores) gastos y (mayores) ingresos del Estado. Sobre todo cuando los mercados y la recuperación parecen sentirse seguros en la senda alcista. Serviría de paso para inyectar al contribuyente la dosis necesaria de esperanza para creer en el Estado y quizá recuperar la perdida en los gobernantes.

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