edición: 2576 , Miércoles, 17 octubre 2018
15/07/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno plantea una actualización de las pensiones que evite posteriores injerencias políticas o sociales

Xavier Gil Pecharromán

El aumento del gasto en pensiones ha pasado en diez años de 62.000 a 108.000 millones de euros. El número de pensionistas crecerá un 70% hasta 2046, hasta los 15 millones de beneficiarios. Además, el sistema debe abonar cada mes 7.732,02 millones de euros correspondientes a algo más de 9 millones de pensiones.

La reforma de las pensiones que abordará el Gobierno permitirá un ahorro anual de 2.000 millones en los primeros años de aplicación, hasta el 2016. Además, en los próximos años se piensa parar el incremento del gasto en prestaciones de la Seguridad Social, que crecerá en torno a la mitad de lo que aumentaría sin no se adoptasen las medidas que el Gobierno pretende negociar con los grupos políticos del Pacto de Toledo.

Por ello, aunque el Gobierno la considera urgente, dejará para septiembre el envío al Parlamento del proyecto de ley para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones para su debate, en lugar de hacerlo este mes de julio, como estaba previsto. La Ley 27/2011 que reforma el sistema de pensiones español introduce en su artículo 8 el llamado factor  de sostenibilidad, mediante el cual los parámetros del sistema se ajustarán de forma automática a la evolución de la esperanza de vida a los 67 años a partir del año 2027 con revisiones cada 5 años.

La ley de 2011 menciona únicamente que dependerá de la evolución de la esperanza de vida a partir de 2027 y que se revisará cada 5 años. Con la introducción de este componente, España se sumará a otros países europeos que ya cuentan con él desde hace un tiempo o están en camino de implantarlo.

Con este aplazamiento el Gobierno pretende  el mayor consenso con las agentes sociales y las fuerzas políticas, siguiendo las directrices del Libro Blanco sobre las pensiones de 2012. El factor de sostenibilidad, a diferencia del resto de medidas sobre las pensiones, es un mecanismo automático. Esto supone que, en teoría, deberá estar libre de riesgos político, puesto que la revisión es una cuestión técnica, que en teoría no precisará de acuerdos políticos o sociales.

La  esperanza de vida a partir de los 65 años es incluso inferior en España que la media prevista para la UE. Sin embargo, el deterioro  en la tasa de dependencia demográfica de la población  mayor es superior a la media por la llegada de las amplias  generaciones nacidas en los años 1955-1975 y la posterior  caída en la natalidad; circunstancias que en gran parte de  los países se dieron unas décadas antes. La consecuencia  en términos de gasto en pensiones sobre el PIB mostraba,  antes de la reforma de las pensiones de 2011, una tendencia creciente superior a la  media de la UE, que es de 6,2 puntos de PIB en España frente a +2,3  en la UE para el periodo estimado entre los ejercicios 2010-2060.

En Italia,  a partir de este año serán cada tres años a partir de 2013, y se basarán en datos medios del último trienio respecto a los del trienio anterior, y a partir de la edad de jubilación actual de 65 años. Se necesitan 42 años de cotización en el caso de los hombres y 41 para las mujeres. En Grecia, la reforma i obligará a ligar la edad de jubilación de 65 años a la esperanza vida a partir de 2021.

En Francia, desde 2009, incluye un mecanismo de ajuste de los años cotizados al ritmo del aumento de la esperanza de vida a los 61 años, con el objetivo de mantener constante el ratio entre años cotizados y años de cobro de pensión. Están ligados los años cotizados y la esperanza de vida desde los 61 años de modo que los años de trabajo ocupen dos tercios de la suma entre dichos años y aquellos en que se cobra la pensión. Mientras, en Portugal es el cociente de esperanzas de vida, la actual y la futura (si la futura es mayor el cociente dará un valor inferior a 1, por el que habrá que multiplicar el importe inicial de la pensión).

Desde la creación en 1995 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en momentos de recesión permite cumplir con el pago mensual de las pensiones. La ministra de Trabajo Fátima Báñez se ha mostrado últimamente confiada porque el uso del fondo de reserva da tiempo para actuar y adoptar medidas. En 2012 se usaron 11.683 millones de euros de las reservas de la Seguridad Social y 3.500 más, el pasado 1 de julio. Algo necesario, defiende Báñez, para afrontar el pago puntual de las pensiones "en este contexto de recesión en el que nos encontramos, tras una caída de más de tres millones de cotizantes a la Seguridad Social”.

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