edición: 2309 , Viernes, 22 septiembre 2017
06/03/2009

El Gobierno pone orden en las listas de dependientes que le pasan al cobro las CCAA

Javier Ardalán

El Gobierno quiere saber qué está ocurriendo con el dinero que el Estado envía a las comunidades autónomas para que se atienda a las personas afectadas de discapacidad y a sus cuidadores. Fundamentalmente, lo que quiere es dejar de pagar por las personas que están en las listas de espera como si ya estuviesen siendo atendidas.

El Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, que establece el nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado, determina que la Administración General del Estado hará efectivas a las comunidades autónomas las cantidades que procedan en función del número de beneficiarios reconocidos en situación de dependencia con derecho a prestaciones, teniendo en cuenta para ello su grado y nivel y la fecha de efectividad de su reconocimiento, a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del Sistema.

Las comunidades autónomas tienen que informar a la Administración General del Estado de las resoluciones de reconocimiento adoptadas, con expresa indicación del grado y nivel de los beneficiarios, y de los Programas Individuales de Atención aprobados, a través de la conexión a la red de comunicaciones y servicios telemáticos del Sistema.

La Administración General del Estado, por su parte, hará efectiva a las comunidades autónomas las cantidades que procedan a partir de la fecha de efectos de la prestación que se haya determinado en la resolución correspondiente al Programa individual de Atención. No obstante, cuando se reconozcan servicios con una fecha anterior a la aprobación del Programa Individual de Atención, el libramiento de los créditos correspondientes a este periodo quedará condicionado a la acreditación de la solicitud de reconocimiento del derecho y de la efectiva prestación del servicio.

En definitiva, Sólo se pagará cuando la Administración del Estado sepa que prestación va a recibir el dependiente, si se trata de una plaza de residencia, una asistencia a domicilio, ayuda económica al familiar que cuida. Además, sólo se librará la partida económica desde la fecha en que se esté dando realmente ese servicio.

Los datos que maneja la Administración estatal es que cerca de un 50% de los incluidos en las listas se encuentran en situación de espera, con elevaciones de hasta el 80% en Canarias. Además, se están dando situaciones tan rocambolescas como personas mayores de 100 años a las que se les ha anunciado la concesión de la ayuda a la dependencia para dentro de tres años. Una apuesta que suele llevar a que muchas de estas personas fallezcan antes de percibir las ayudas.
 
La dependencia en España supone un importante colectivo de afectados y de cuidadores. Un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), revela que la población activa aumentaría un 1,5% en España si desapareciese la dependencia.

Según este informe, cuatro de cada cien personas en edad de trabajar padecen incapacidad permanente y un 4,8% declara no buscar empleo por incapacidad o enfermedad propia.

El trabajo, elaborado por Lorenzo Serrano, profesor de la Universidad de Valencia, y Ángel Soler, técnico del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), indica que si desapareciese la dependencia en España, por comunidades autónomas, la población ocupada de Andalucía aumentaría en casi 60.000 personas, Cataluña lo haría en cerca de 58.000 y la Comunidad Valenciana en más de 46.000.

Baleares, Cataluña, las provincias andaluzas del interior y una amplia zona del centro-norte de la península son las que menor número de población dependiente inactiva presentan sobre el total de la población española.

Un dato clave, es que más de un 3% de la población en edad de trabajar no busca empleo o sólo tiene un empleo a tiempo parcial para poder dedicarse al cuidado de terceros, incluidas las personas dependientes.
 
Mientras tanto, en la mayoría de las comunidades autónomas se considera que la Ley de Dependencia está fracasando estrepitosamente y en algunas comunidades como en Madrid la atención de está centralizando a través de otras vías de atención, apoyadas en normas, instituciones y fondos propios.

Finalmente, no se puede olvidar la importancia que la Ley de Dependencia tiene si se cumpliese bien y no se distrajese el dinero destinado a la atención, puesto que un 20% de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en esta situación, una cifra que solamente es superada por Letonia, con un 21%, e igualada por dos países, Italia y Grecia, según el informe anual sobre protección e inclusión social de la Comisión Europea.

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