El Gobierno prepara un plan para ordenar y valorar todos los
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
24/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno prepara un plan para ordenar y valorar todos los convenios de colaboración con empresas y organismos

Xavier Gil Pecharromán

El Gobierno, dentro de los programas de reforma de las Administraciones Públicas, cuyas bases actualmente aborda el Gobierno, tiene entre otros muchos objetivos prioritarios la elaboración de un plan de convenios de colaboración en cada departamento ministerial (servicios centrales y organismos y entidades dependientes), que permita ordenar y poner en relación los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con los convenios de colaboración.

Durante el año 2012, estuvieron vigentes más de 7.100 convenios, de los que el 33% fueron firmados por el Ministerio de Economía y un 22% por el  Ministerio de Fomento. De éstos, la mayoría no ha tenido contenido económico (aproximadamente el 64%).

Les siguen Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Asuntos Exteriores y Cooperación, con el 7%, respectivamente. Los Departamentos con menor actividad convencional serían el Ministerio de la Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas con un 1%, y el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior con un 2%.

Es decir, prácticamente dos tercios de los convenios carecen de contenido económico, y se firman en su mayoría para establecer marcos de colaboración estable, si bien en algunos casos son utilizados para realizar una actuación concreta. Únicamente un tercio de los convenios tienen contenido económico, con lo que no se puede concluir que el convenio sea una figura destinada exclusivamente a la gestión de fondos.

Respecto al peso específico que en el ámbito de cada Ministerio tienen los convenios con contenido económico, los Departamentos con mayor proporción de convenios con contenido económico son Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con un 79% del total de sus convenios; Industria, Energía y Turismo con un 72%; y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con un 61%.

Los Departamentos con menor número de convenios vigentes con contenido económico son Defensa con un 21%; Hacienda y Administraciones Públicas con un 20%; y Empleo y Seguridad Social con un 10%.

De los 2.544 convenios vigentes con contenido económico, cuatro Departamentos ministeriales abarcan alrededor de un 75% de los mismos: Economía y Competitividad con un 27%; Fomento, un 19%; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 17%; e Industria, Energía y Turismo con un 12%.
La colaboración con entidades sujetas al derecho privado es particularmente relevante (más del 50% del gasto global, canalizado por el Sector Público estatal). Las razones que pueden ayudar a explicar este hecho son la existencia de numerosos convenios con entidades integrantes del sector público empresarial y fundacional que canalizan subvenciones o encargos específicos, así como la constatación de que este tipo de convenios, con personas sujetas al derecho privado que no forman parte del sector público, puede ser utilizado como un mecanismo generador de sinergias que permita alcanzar el interés público con un menor gasto público.

Los Departamentos ministeriales que más colaboran con estas instituciones son el Ministerio de Defensa con el 97%; el de Fomento con el 81%; y, en menor medida, aunque por encima de la media del 58%, Economía y Competitividad con un 61%. Le siguen en importancia económica los convenios interadministrativos y, en particular, los firmados con Comunidades Autónomas y entidades locales, que reciben más del 25% de los fondos (18% y 7% respectivamente).

Tres de los Departamentos ministeriales aglutinan prácticamente el 80% de la cantidad total aportada por el sector público estatal a los entes territoriales (comunidades autónomas y entidades locales.) en 2012: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con un 28,29%; Fomento también con un 28,34%; y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con un 23%.

Desde el punto de vista de la oportunidad estratégica, para aquellos que no tienen contenido económico, como para mejorar la eficiencia en función de las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ámbito, para aquellos que implican una canalización de recursos.

Podría ser desde un mero plan de actuación operativa hasta un plan estratégico, que incluso se dotara de mecanismos de coordinación interdepartamental, fijando marcos de actuación para todos los Ministerios y sus organismos.

Considera el informe de la CORA que existe una cierta dispersión de entidades con competencia para firmar convenios en cada Ministerio, reflejo de la atomización existente en la actualidad en el Sector Público estatal.  Se aprecia que bajo la utilización del nombre jurídico de «convenio de colaboración» se cobijan realidades jurídicas dispares que no siempre responden a la filosofía de aquél (subvenciones nominativas, cesión en uso, inversiones, arrendamientos…).

Además, considera que las fórmulas colaborativas buscan la generación de sinergias entre Administraciones Públicas y con el sector privado en la consecución del interés público, siendo particularmente relevante la participación de entidades sujetas al derecho privado.

A través de la actividad convencional el Sector Público estatal canalizó un volumen importante de fondos públicos. Revisten gran importancia los convenios interadministrativos ya sea entre Ministerios, organismos o con Administraciones territoriales. En particular, en este último caso no existe un equilibrio entre las aportaciones de las distintas Administraciones que cuentan, además, con un sistema propio de financiación y que reciben, mediante este instrumento, más del 25% de los fondos que el Sector Público estatal moviliza mediante esta figura.

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