edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
13/05/2009

El Gobierno puede incluir medidas fiscales retroactivas si no tienen carácter sancionador

Javier Ardalán.- La intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación, al referirse a los cambios que prevé introducir en la fiscalidad y en la Seguridad Social planteó un debate generalizado sobre las posibilidades que tiene el Gobierno de hacer normas que tengan efectos retroactivos sobre los ciudadanos. A este respecto, debemos referirnos a dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC), de 29 y 20 de abril de 2009, en las que considera que “el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución concierne sólo a las normas fiscales y de la Seguridad Social sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales”, por lo cual el límite de dicho artículo hay que considerarlo referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas o en la esfera general de protección de la personas.

La restricción de derechos individuales ha de equipararse a la idea de sanción, por lo cual, el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona.

Si se atiende a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se puede concluir que las normas tributarias no son sancionadoras o restrictivas de derechos individuales (sentencias del Tribunal Constitucional 173/1996, de 31 de octubre; y 182/1997, de 28 de octubre), no existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva (SSTC 126/1987, de 16 de julio; y 150/1990, de 4 de octubre) o, dicho de otra forma, "no cabe considerar, con carácter general, subsumidas las normas fiscales en aquellas a las que expresamente se refiere el artículo 9.3 de la Constitución, por cuanto tales normas tienen un fundamento autónomo en la medida en que son consecuencia obligada del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, impuesto a todos los ciudadanos por el artículo 31.1 de la Norma fundamental" (STC 126/1987, de 16 de julio; y, en el mismo sentido, SSTC 173/1996, de 31 de octubre; 182/1997, de 28 de octubre).

Ahora bien, la admisibilidad de la eficacia retroactiva de las normas tributarias o sobre cotización a la Seguridad Social no significa que esas normas con efectos retroactivos sean legítimas constitucionalmente en todo caso, pues, como hemos advertido en diversas ocasiones, pueden entrar en juego otros principios constitucionales, como son el de seguridad jurídica o el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que pueden resultar contrariados por la retroactividad de esas normas legales. Así, en la ya citada STC 126/1987 se advertía de que "afirmar la admisibilidad de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución".

Establece el Constitucional que el principio de seguridad jurídica no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen, aun cuando, eso sí, protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad.

Dice también que el principio de seguridad jurídica viene a ser la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina que mantiene que la seguridad jurídica entendida como la certeza sobre la normativa jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero), como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero), como la claridad del legislador y no la confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo).

En suma, sólo si, en el ordenamiento jurídico en el que se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma contenida en dicho texto infringiría el principio de seguridad jurídica (SSTC, de 4 de octubre, de 22 de abril, y  de 19 de diciembre).

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