edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
06/11/2012

El Gobierno quiere acuerdos con la banca para limitar los desahucios y jueces y PSOE reformas legales profundas

Javier Ardalán
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha pedido más margen de maniobra para los jueces con la intención de que puedan flexibilizar la aplicación de la Ley Hipotecaria y adaptarla a la realidad actualidad. También ha anunciado que para modificar la norma " el Gobierno y el PP van a buscar el consenso del PSOE.

De esta forma, el ministro devuelve la pelota a las asociaciones de jueces, que encendieron la mecha al denunciar las irregularidades de las entidades financieras en los procedimientos de desahucio. En una nota, incluso, la asociación mayoritaria  de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunciaba que los juzgados se han convertido en “oficinas de cobro de las entidades bancarias”, puesto que en muchas ocasiones llegan a paralizar los procedimientos en espera de obtener mayores beneficios con la venta de los inmuebles.

Ahora el ministro dice que "el objetivo es que dentro de un marco legal, los jueces valoren cada circunstancia individual y ponderen la posibilidad de flexibilizar la exigencia en algún caso de hacer cumplir las obligaciones hipotecarias".

Sin embargo, el vicepresidente del de la cúpula judicial, del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, afirmó ayer la necesidad de reformar la Ley Hipotecaria para evitar la problemática social que está provocando el alto número de desahucios. Esta es una de las preocupaciones que en su reunión de Barcelona están abordando los jueces decanos de España.

Sin embargo, el Gobierno quiere lograr pactos en lugar de abordar una reforma de las leyes básicas en las que se basan los desahucios, como la Ley Hipotecaria, las  normas procesales o el Código Penal, tal y como reclaman los seis jueces que elaboraron el informe que el Consejo General del Poder Judicial declinó estudiar.

Muchas de estas propuestas coinciden con los argumentos que mantiene el PSOE, que ha presentado una proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia.

De una parte prevé medidas para equilibrar la posición del deudor con la del acreedor hipotecario, desequilibrio que, como se ha señalado anteriormente, se ha puesto de manifiesto durante la actual crisis del mercado inmobiliario, pero que debe solucionarse con vocación de permanencia.

Para ello, proponen que se modifiquen determinados artículos de las leyes que en nuestro ordenamiento jurídico regulan este ámbito. Se trata de preceptos de la Ley Hipotecaria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, de la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito y de la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, en este último caso incluyendo en la misma los créditos hipotecarios.

La propuesta dispone que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo. La ley, pues, corrige una de las disfunciones más graves que se producen en este ámbito: la posibilidad real de considerar dos valores, el de tasación a efectos de concesión del préstamo y el de tasación a efectos procesales de ejecución.

Denuncian que la simple existencia de esa posibilidad de señalar dos valores: el de adquisición y el de ejecución, es decir la valoración para la concesión del capital del préstamo o crédito, y el de la tasación a efectos procesales de ejecución, repugna el sentido común y desde luego al jurídico y parece contrario a la equidad y generalidad que ha de reverenciar la norma jurídica.

La posibilidad judicial de declarar los excesivos intereses de demora como cláusulas de carácter abusivo, incluso usurario, considera que tampoco ha sido suficiente para equilibrar el procedimiento y proteger los derechos del deudor hipotecario, por lo que establece un límite a los mismos que no podrá ser superado ni aun por pacto expreso entre acreedor y deudor, limitando en este aspecto la libertad de pacto consagrada por el artículo 1255 del Código Civil; con tal limitación se trata también de evitar el rapidísimo efecto multiplicador del importe total de la deuda que generan los intereses moratorios.

También propone la incorporación de importantes novedades en relación con la ejecución de los bienes hipotecados. Se trata de recuperar para el sistema de subasta su finalidad originaria consistente en obtener el mayor y mejor valor del bien subastado.

Además, el texto propone también que se modifiquen las normas reguladoras del procedimiento de las subastas con el fin de evitar las situaciones abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados, de tal manera que se impida la adjudicación del bien en caso de quedar desierta la subasta por una cantidad excesivamente baja. La reforma diferencia el valor de adjudicación según se trate de vivienda habitual del deudor o no.

La propuesta también reduce la renta anual del arrendamiento que ha de satisfacer el deudor cuya vivienda ha sido objeto de dación en pago y que permanece como inquilino, así como el interés de demora que debe satisfacer en caso de impago de dicha renta.

Mientras, la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, aseguraba ayer que el Ejecutivo consensuó antes del verano el Código de Buenas Prácticas Bancarias para evitar que llegasen al desahucio, dado que supone una desgracia social y una sangría para los ciudadanos.

Y concluía que "si los bancos no lo ponen en práctica, hay que tomar otro tipo de medidas que pasen por la obligatoriedad, ya que se pueden hacer muchas cosas para encontrar alternativas”.

Una cosa está clara y es que las cosas no van a seguir como hasta ahora.

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