edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
21/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Gobierno quiere dejar aprobada la Ley de Auditoría antes de las elecciones generales

Javier Ardalán

Los auditores exigen la retirada del orden del día de su próxima reunión con el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), del debate sobre el borrador de la Ley de Auditoría, elaborado por el Gobierno. Las espadas están en alto y en el fondo un anteproyecto, de un lado, y de otro la transposición de una Directiva Comunitaria.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas, corporaciones representativas de los auditores, denunciaron ayer que la rapidez con que se está abordando la redacción de la Ley de Auditoría impide la reflexión, dificulta la solución a los numerosos problemas técnicos que presenta el actual borrador y supone un elevado riesgo de legislar en sentido contrario al del resto de la Unión Europea.

Desde un punto de vista meramente técnico, este borrador no está ni medido ni contrastado. Una Ley de Auditoría es sin duda una ley con un alto contenido técnico. Es evidente que no se puede hacer a espaldas de los profesionales del sector que va a desarrollar esta actividad en los próximos años ni de otros reguladores relevantes, como los que forman parte de este Comité.

La futura Ley de Auditoría entrará en vigor antes de las elecciones generales de noviembre de 2015, según confirmó este mismo mes, en el Congreso de los propios Auditores,  la directora general del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), Ana María Martínez Pina, que se mostró convencida de la necesidad de iniciar el proceso de tramitación.

De esta manera, dejaba cerrada la posibilidad de alargarlo un año más, tal y como venían solicitando las corporaciones al tiempo que añadía que "en ningún caso queremos que los auditores en España estén en una situación de desventaja respecto a los auditores del resto de la UE. En esto vamos a ser muy cuidadosos y los plazos que tenemos nos lo van a permitir".

El Gobierno ha incluido esta Ley en el auténtico maratón legislativo que se prepara para los meses que quedan de este año y los correspondientes a 2015, previos al paso por las urnas para elegir nuevo Parlamento y, por ende, nuevo Gobierno.

Hay decenas de cuestiones de índole práctico que necesitan mejora, que no son decisiones políticas, son simplemente aspectos técnicos que no pueden implementarse sin contar con el criterio de los auditores. Si esto no se remedia nuestro país, sus auditores, las empresas auditadas y los usuarios de la auditoría quedarán en clara desventaja competitiva con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea.

La futura Ley de Auditoría entrará en vigor antes de las elecciones generales de noviembre de 2015, según confirmó ayer la directora general del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), Ana María Martínez Pina, que se mostró convencida de la necesidad de iniciar el proceso de tramitación.
De esta manera, dejaba cerrada ayer la posibilidad de alargarlo un año más, tal y como venía solicitando el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), al tiempo que añadía que "en ningún caso queremos que los auditores en España estén en una situación de desventaja respecto a los auditores del resto de la UE. En esto vamos a ser muy cuidadosos y los plazos que tenemos nos lo van a permitir".

En el sector se tiene el convencimiento de que los plazos que se están manejando no son razonables. La Ley no se puede hacer sin contar con la opinión de los profesionales y no se puede estar condicionado por posibles situaciones de malas prácticas, que no deben influir, para nada, en la transposición de la misma, porque son casos aislados.

El legislador europeo ha señalado como fecha de entrada en vigor en junio de 2016 y ha puesto énfasis en la necesidad de que los estados miembros se posicionen de forma coordinada sobre las diferentes opciones que pueden ejercitar para su efectiva entrada en vigor.

Prueba de la dificultad de este proceso y de lo inadecuado del camino escogido es que la Comisión Europea, prácticamente, aún no ha iniciado sus trabajos para tratar la armonización y aclaración de los puntos más complejos del redactado del Reglamento Europeo, por lo que nadie, en estos momentos, puede resolver las múltiples dudas de aplicación que en este instante subsisten en el seno de la Unión Europea (UE)”.

Por ello, los auditores denuncian que conlleva un elevado riesgo legislar en sentido contrario al del resto de la UE, ya que no se conoce qué opciones de estado miembro serán las más comunes en su aplicación y, por tanto, se desconoce en qué marco de armonización europea se pretende legislar.

Las denuncias de los auditores se centran en que no ha habido ninguna reunión de trabajo, propiamente dicha, y en que no ha habido interlocución alguna antes de la recepción del nuevo texto que se ha remitido al Comité Consultivo de auditoría del ICAC, texto que no sólo no atiende a muchas de las preocupaciones que se manifestaron a la Administración en esa reunión, sino que genera mayor inquietud en algunos de sus artículos. El lío, otro más, está servido.

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