edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
05/06/2017
En los ministerios inversores

El Gobierno recupera los proyectos de inversión público-privada

Las fórmulas de colaboración empresarial que mostraron su eficacia antes de la crisis en crecimiento y empleo
Juan José González
Primeros movimientos en los departamentos ministeriales con más capacidad inversora. El objetivo es poner en marcha planes de inversión pública -las grandes inversiones en punto muerto desde hace nueve años- en un momento en el que parecen multiplicarse las iniciativas de financiación por parte de algunos grandes grupos financieros interesados en poner en proporcionar la financiación necesaria a grandes proyectos empresariales de infraestructuras. La ocasión parece ser interesante para las empresas, toda vez que las condiciones de financiación a precios de `derribo´ puede empezar en meses a cambiar de signo. Esta coyuntura se combina con el exceso de liquidez disponible -extrema en algunos casos- así como la certeza del sector privado empresarial de varios grupos financieros que estarían interesados en que las grandes obras de infraestructura recuperasen el ritmo de décadas pasadas. Pero sucede que las grandes obras, que mueven grandes inversiones, son remisas a asumir grandes riesgos y grandes costes. Consciente el Gobierno de la necesidad de poner en marcha inversiones productivas, decide recuperar las viejas fórmulas de colaboración mixta.
Sin posibilidad alguna de incrementar el endeudamiento público en los próximos años, el Gobierno quiere poner en marcha una iniciativa destinada a animar la inversión productiva. El tipo de inversión que parece contempla el Ejecutivo pasa por el regreso a los grandes proyectos de obras de infraestructuras, generadores de actividad y demanda para miles de empresas auxiliares así como creadoras de empleo de larga duración. La sensación de parón generalizado en la obra pública como consecuencia del déficit público y del elevado endeudamiento, es compartida por todos los sectores, público y privado, así como por todos los agentes sociales.

El saneamiento de la economía, actualmente en fase expansiva, así como las previsiones para los próximos trimestres, obligan a plantearse metas más ambiciosas en el terreno económico. La posición de liquidez disponible y la posibilidad de obtener financiación a buen precio -tipos en mínimos y difícilmente más bajos- se han unido al interés de varios grupos empresariales en invertir en España. Sin embargo, el sector privado parece demandar un cierto grado de seguridad, mayor que en anteriores ocasiones -precrisis-. Seguramente, una mayor disposición de la Administración y sus departamentos ministeriales con mayor capacidad de inversión, caso de Fomento, sería la llave para la puesta en marcha de un nuevo ciclo de grandes inversiones.

Para la Administración, la puesta en marcha de inversiones públicas choca con las políticas de austeridad, de ajustes presupuestarios que se han centrado en los recortes en proyectos de obras de infraestructuras. Los ajustes en las obras públicas, si bien en el corto plazo resultan poco menos que imperceptibles, a medio y largo plazo acaban por resultar letales para la actividad económica. Y ese largo plazo parece haber llegado hace, al menos, un año. El recorte de la inversión pública se ha traducido en un gran volumen de desempleo cuyos efectos se han sentido en las miles de pymes cerradas o que han sobrevivido en condiciones de actividad reducida.

Pero la Administración cuenta con recursos limitados para iniciar en solitario un plan de inversiones en infraestructuras que devuelva la actividad a las empresas auxiliares y haga posible la empleabilidad de los sectores laborales más castigados por la crisis. Por otro lado, no se trata únicamente de poner en marcha nuevos proyectos de grandes obras de infraestructura, si no, además, de invertir en las obras necesarias de mantenimiento de las existentes, cuyo deterioro ha ido en aumento en los últimos años.

La consideración de la necesidad de poner en marcha nuevos proyectos de inversión no se desprende tan sólo del elevado nivel de deterioro que registran puertos, carreteras, centrales hidráulicas, incluso algunos aeropuertos, si no, y sobre todo, de la obligación del Gobierno de estimular la actividad inversora suficiente que haga posible el cumplimiento de sus objetivos en crecimiento y en creación de empleo. De ahí que no descarte cualquier tipo de fórmula empresarial, mixta, compartida o de colaboración como las que en las décadas anteriores a la crisis consiguieron las mejores marcas de actividad económica, empleo y nivel de infraestructuras.

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