edición: 3100 , Miércoles, 2 diciembre 2020
06/05/2013

El Gobierno se propone recuperar el control del Estado y unificar en todo el territorio la evaluación ambiental de la construcción

Xavier Gil Pecharromán
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que unifica en una sola norma el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, que hasta ahora se encuentra recogido en dos leyes: la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (L 9/2006, de 28 de abril) y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Siguiendo la línea gubernamental de otras leyes para recuperar un mercado unificado, por ello, la futura ley prevé que en España, la eficacia de la evaluación ambiental exige establecer un procedimiento que  sea común en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la facultad constitucional que las  comunidades autónomas disponen para establecer normas adicionales de protección.

La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación  ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio  ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, y la consecuencia jurídica derivada  del incumplimiento de esta obligación, expresamente señalada en la propia ley, es la  imposibilidad de llevar a cabo tal adopción, aprobación o autorización.

También es novedosa en la ley la distinción contenida en las definiciones entre las “administraciones competentes” y las “administraciones afectadas”, que tendrá una gran trascendencia en los diversos procedimientos establecidos en la ley.

Este aspecto preventivo, esencial e inherente a la ley, viene reforzado por la mención  expresa de las consecuencias jurídicas de la  falta de pronunciamiento en los procedimientos  ambientales –en coherencia con el derecho y la jurisprudencia comunitarios y nacionales-. De  acuerdo con esta regulación la falta de emisión de la declaración ambiental estratégica, del  informe ambiental estratégico, de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto  ambiental, en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que  equivale a una evaluación ambiental favorable.

Como novedad cabe destacar que por primera vez se define la naturaleza jurídica tanto  de los procedimientos ambientales como de los pronunciamientos ambientales, recogiendo la  jurisprudencia que se ha venido produciendo al respecto durante los años de vigencia de esta  legislación.

La técnica de la evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.

La evaluación ambiental está plenamente consolidada tanto en el ámbito internacional como en el derecho comunitario, a través de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno, en sustitución de las dos leyes anteriormente mencionadas.

De acuerdo con estas premisas, la nueva ley pretende ser un instrumento eficaz para garantizar un alto nivel de protección medioambiental a través de la prevención. Para alcanzar este objetivo primordial se propone simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de los operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional.

La ley establece un esquema similar para ambos procedimientos –evaluación ambiental  estratégica y evaluación de impacto ambiental-  y unifica la terminología. Además, estos  procedimientos se regulan de manera exhaustiva, lo cual aporta dos ventajas: por una parte  puede servir de acicate para que las comunidades autónomas los adopten en su ámbito de  competencias, sin más modificaciones que las estrictamente necesarias para atender a sus  peculiaridades, y por otra parte hace que el desarrollo reglamentario de la ley no resulte  imprescindible.

Asimismo esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El establecimiento  de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y el llamamiento a la  cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente determinará el  desarrollo de una legislación homogénea en todo el territorio nacional, que permitirá a los  promotores conocer de antemano cuáles serán las exigencias medioambientales requeridas en  la ejecución de un plan, un programa o un proyecto, con independencia del lugar donde  pretenda desarrollarlo.

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