edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
24/04/2013
Reforma problemática

El Gobierno se resiste a cambiar el criterio para el cálculo de las pensiones

La viabilidad del sistema dependerá más de la productividad que de la variable demográfica
Juan José González

El comité de sabios encargado de proponer cambios en el sistema de pensiones, esa reforma que en breve quiere pilotar el Gobierno, parece encontrarse con las manos atadas ante la dificultad, primera, de adoptar criterios que orienten la sostenibilidad futura del sistema público. Sobre el citado comité pende la amenaza de una visión catastrofista acerca de la viabilidad futura de las pensiones, tan sólo evitable en la medida que se aprueben reformas inteligentes. Una primera hipótesis de los agoreros, estima que dentro de 48 años el gasto en pensiones supondrá el 15% del PIB (hoy es del 11% y la media de la Eurozona del 13,5%) y que será inasumible. Al margen de criterios, parece haber cierto consenso en que la amenaza real al sistema se encuentra en la política económica que puede prolongar una recesión permanente, crónica.

Aseguran los expertos que en estos días apuran los papeles en busca de ideas brillantes, que las amenazas al sistema público de pensiones no hay que buscarlas en criterios de esperanza de vida ni de la composición de la población (la pirámide dichosa), que es un asunto cuya solución hay que buscarla desde una posición de escasez de recursos o de cuántos son los producen y cuántos los pensionistas. El verdadero peligro (amenaza, según terminología de los sabios) se encuentra en la política económica que apliquen los Gobiernos (éste, el próximo o los siguientes) porque de ella dependerá que se viva en una recesión permanente, y porque la sostenibilidad de las pensiones es igual a la de la economía que las alimenta.

Dejando a un lado esta primera consideración, los sabios de las pensiones ven un problema mayor e inminente en la estructura fiscal del país. Y es que al parecer la presión fiscal en España ha venido a menos en los últimos cinco años, nada menos que seis puntos, un asunto vital si se mantiene el criterio de servicio público, es decir, que debe ser y seguir siendo el Estado el que, con el conjunto de ingresos deba asegurar que al término de la vida laboral, todos los trabajadores reciban una pensión digna. 

Recordar que fue en el Pacto de Toledo donde se `consagró´ la separación de fuentes, lo que dio lugar a que la Seguridad Social era un sistema autosuficiente y separado del Estado, de forma que las pensiones deben ser financiadas por las cotizaciones sociales y no con impuestos como otros servicios públicos (sanidad, educación…). Por tanto, un primer asunto que puede estar condicionando el futuro del sistema está en el carácter cerrado del mismo. Pero otro de los obstáculos del sistema se encuentra en el fraude y en la eficacia de la recaudación.

Lo cierto es que las previsiones que se vienen usando desde hace décadas para elaborar cálculos futuros no consiguen acertar porque en su mayoría se hacen en base a variables demográficas, y no parece que en el futuro vayan por ahí los tiros, sino más bien por la utilización de otros criterios. Las cifras de Eurostat vienen a confirmar que en materia de pensiones España se sitúa más bien a la cola de los socios de su entorno, y se dan algunas paradojas, como por ejemplo que Italia y Portugal gastan más en pensiones que Alemania y Francia, y por supuesto, más que España, muy por debajo de la media europea. A pesar de que el gasto en pensiones (calculado en términos de PIB) en Portugal es superior al español, no parece estar el gobierno luso muy preocupado por el pago de las pensiones a sus jubilados.

Por todo ello, sería interesante que el grupo de sabios fuera capaz de convencer al Gobierno para que considere los criterios de productividad y de renta per capita para centrar el horizonte de las reformas del sistema público de pensiones. Convencer al Ejecutivo de que es posible mantener (sostenible) el sistema incluso en épocas de crisis, en los que un número menor de trabajadores sea capaz de asegurar la pensión a un número mayor de jubilados, contando por supuesto, con mejorar la productividad.

Ahora bien, no ayuda a despejar suspicacias el hecho de que sea un Gobierno en apuros, con mayoría en las Cámaras y en la peor de las coyunturas, el que tenga que sustanciar tan delicado asunto.

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