edición: 3026 , Lunes, 10 agosto 2020
06/04/2017
Deuda autonómica y Seguridad Social

El Gobierno solo podrá tapar sus agujeros si el BCE mantiene su aval

La protección que ofrece el banco central a sus socios es un aval vital para unos presupuestos que aumentan sus deudas
Juan José González
El BCE seguirá otro año más desempeñando el papel de avalista de sus socios, los Estados miembros de la UE. Es un papel muy conveniente que permite el funcionamiento más cómodo y seguro de los Gobiernos al entender que sus cuentas se encuentran en situación de `protección´, al abrigo de posibles huracanes y borrascas financieras. Lo cual no debería servir para olvidarse de que tal protección avalista no supone una distorsión de la realidad en tanto que, como resultado de su política monetaria actual, el precio de la financiación (los tipos) de las cuentas resultan ser mínimos, tan reducidos que se puede afirmar que son ridículos. En el mercado financiero, esta situación de financiación irreal, de ficción de tipos, acaba por convertirse en costumbre y desaparecen los riesgos, de modo que cualquier emisión de deuda pública (bonos soberanos, bonos autonómicos) cuenta con el `aval´ protector del BCE. Y lo que es protección se convierte a la hora de hacer las cuentas en alegría, generosidad y desinterés, lo cual provoca la errónea creencia de recursos sin límite, baratos e ilimitados.
Días de presupuestos, de exposición de intenciones y proyectos de gastos e inversiones. La primera cuenta que interesa es la que muestra la diferencia entre lo que se quiere gastar y/o invertir, y lo que se proyecta ingresar, claramente y de forma reiterativa, la diferencia sigue siendo negativa, es decir, los gastos superan con muchas creces a los ingresos. Si estos se mantienen en el mismo tono y ritmo, y los gastos aumentan y avanzan en el de siempre, sin freno, el déficit es un suma y sigue que se convierte en deuda creciente. Una deuda cuyo coste anual (a un tipo medio del 2,6%) superará en 2017 los 33.000 millones de euros, el 2,8% del PIB. Si a los gastos presupuestados se les añaden los intereses de las deudas pendientes, el resultado es demoledor: España sigue gastando al 44.750 millones de euros más de lo que ingresa, es decir, suma y sigue.

Seguramente el Gobierno, consciente del guarismo y de la evolución en la magnitud del problema se haya aplicado en presentar un presupuesto prudente, con un déficit controlado, dentro de los límites que figuran en el compromiso con Bruselas. Pero el mercado financiero, los inversores y los financiadores, van otro camino que no coincide con el mismo por donde circula el Gobierno. Una deuda elevada, en el que caso español, creciente, trasmite a los inversores, compradores de deuda pública, una sensación que obliga a la prudencia, a tomar precauciones con el deudor. Un Estado con déficit negativo en aumento y de forma reiterada indica que el déficit sigue sin control. Más si cabe, si el presupuesto anual dedica mayores cifras a gastos corrientes en vez de incrementar las cantidades destinadas a inversiones productivas, la lectura es clara: pérdida de credibilidad y aumento del riesgo de pago del deudor.

El planteamiento, en principio, primario, debería servir tanto para que los Estados se volcaran en reducir su déficit para ganar credibilidad en el mercado, como para que los inversores dieran más y mejores condiciones de crédito a los primeros. Sin embargo, el BCE y su política monetaria ejecutada a través de la compra de deuda pública en cantidades industriales está actuando como protector y avalista de las deudas de los Gobiernos socios de la Eurozona. La protección viene provocando la corrección de algunos desajustes, pero también incitando al mercado a considerar que la deuda pública de los socios se encuentra protegida de riesgos de morosidad y, por supuesto, de impago. 

La confusión de considerar el papel del BCE como un verdadero avalista ha calado también en los Gobiernos, de modo que se sienten igualmente avalados. Prueba de ello es que esa misma sensación protectora del banco central se traslada y se plasma en la elaboración presupuestaria, léase las deudas autonómicas. Precisamente estas deudas (272.000 millones de euros) de las que el 65% está en manos del Estado (en el FLA) son, junto al desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, los dos agujeros negros que engullen año tras año los millones del presupuesto. Sólo los 175.000 millones inyectados a las Autonomías desde 2012 (a través del FLA) han supuesto el 18% del PIB, una sangría que sólo es `sostenible´ con la protección o aval del BCE, en tanto que comprador -por el momento- de deudas estatales.

Todo indica que esa situación de privilegio o protectorado del aval del banquero central, tiene los días contados. La política del BCE, en principio, protectora del euro y comprando (limpiando) toda la deuda pública de la Eurozona, está produciendo, sin embargo, un efecto negativo, distorsionador del precio de la financiación, con un coste ficticio de financiación que tarde o temprano dejará de proteger a las cuentas públicas. Y esto sucederá a nada que comiencen a repuntar los tipos de interés. El Gobierno español, como otros muchos de la Eurozona, harían bien en apurar el tiempo que resta hasta que desaparezca ese `efecto protector´ o aval. De lo contrario, las cuentas públicas serán insostenibles.

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