edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
06/03/2010

El Gobierno teme una inmersión empresarial tras la subida del IVA y trata de combatirla

Xavier Gil Pecharromán
El Gobierno ha dado un paso más para aumentar el control sobre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos con vistas a la subida en dos puntos del IVA a partir del mes de julio de este año, lo que según todas las previsiones oficiales y extraoficiales supondrá un incremento del fraude fiscal y, muy especialmente, de la economía sumergida, que en la actualidad se cifra de manera informal entre el 20% y el 25% de la economía española.

Una de las medidas más destacadas es la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social. Con ello, se trata de potenciar la puesta al día de los pagos en la Seguridad Social, tal y como ya existe para los contratistas y subcontratistas, que de no hacerlo incurren en la responsabilidad de afrontar las deudas de la empresa que haya contratado para trabajar. Una forma de asegurarse el cobro ante los miles de empresas que aparecen y desaparecen para realizar una determinada actividad en un plazo determinado de tiempo, fundamentalmente en el sector de la construcción, pero también en otros muchos de  los sectores industrial y de servicios.

Esta medida se complementa con la creación de bases de datos compartidas entre los distintos organismos, los que permitirá obtener mayor rendimiento de esta información y realizar acciones de control conjuntas. Ésta es una vieja aspiración de todos los Gobiernos desde que en los años ochenta se creó la Agencia Tributaria, sin embargo imposibilidades técnicas y jurídicas los han venido impidiendo hasta ahora.

Sin embargo, llama poderosamente la atención, que el acuerdo de colaboración se haya ceñido a las actividades estatales y, sin embargo, quede fuera de estos acuerdos las Administraciones Tributarias de las comunidades autónomas, que ya tienen un creciente protagonismo sobre la recaudación debido al constante goteo de transferencias tributarias. Se trata de un serio hándicap para un plan de control del fraude sobre un tipo de empresas con una gran movilidad y con una facilidad muy grande para sumergirse y hacerse invisibles al Fisco.
Con este tipo de actividades se pretende, también, comprobar que las empresas declaradas insolventes no mantienen la actividad, comprobar que las pequeñas y medianas empresas declaran IVA cuando trabajan para otras empresas mayores y combatir el comercio irregular, el contrabando.

Sin embargo, estas medidas por si solas no tendrán el mismo valor psicológico que pueda tener el incremento del IVA y, por ello prevé lanzar campañas de sensibilización social en los medios de comunicación y soportes publicitarios en los que insistirá en que los servicios públicos funcionan gracias a los impuestos.

Desde el inicio de la crisis, los funcionarios de Recaudación y de Inspección de la Agencia Tributaria vienen encontrándose con un fortísimo incremento de las facturas falsas, muchas de ellas provenientes de las empresas que se encuentran en módulos. En la mayoría de los casos no se trata, como ocurría en otras épocas, de tramas sistemáticas de elaboración de estos documentos falsos, que aún las hay, sino de una generalización de las pequeñas emisiones, lo que explica que las caídas recaudatorias en IVA y Sociedades hayan sido superiores a cualquier parámetro económico comparable.

El miedo de los responsables de la Agencia Tributaria, tras la subida del IVA es que quienes emiten facturas falsas, incrementarán la cuota a defraudar, lo que hará más atractiva esta actividad ilegal y que muchas empresas que no tienen posibilidad para repercutir la subida del IVA en los clientes tendrán que absorberla y reducir sus ingresos o aumentar sus pérdidas, lo que supone más que un aliciente para sumergirse.

La subida del IVA será un auténtico reto para el Gobierno, no sólo por el incremento de la economía sumergida, sino también por el esperable frenazo al consumo, lo que actuará como una guillotina sobre la recaudación. Estos dos factores harán que las empresas que continúen en la legalidad se enfrenten a una caída de sus facturaciones y a una competencia desleal imposible de aguantar en muchos sectores. Por ello, reclamarán medidas drásticas al Gobierno, aún mucho más firmes que las que ahora ha adoptado, aunque incrementen la burocracia en lugar de simplificarla. El verano va a llegar revuelto.

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