edición: 3098 , Lunes, 30 noviembre 2020
03/09/2012

El Gobierno tiene un extenso calendario de normas complementarias por aprobar aún para sanear el sector bancario

Xavier Gil Pecharromán
El Gobierno, a pesar de que ha adelantado en el Real Decreto de reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, muchas de las medidas pactadas en julio con la Unión Europea en el Memorando de Entendimiento aún son muchas  las medidas que quedan pendientes de aprobación para completar el marco regulatorio del proceso de  saneamiento del sector bancario español. Las cosas aún no son, jurídicamente, tan sencillas, mucho menos lo será la practica.

El Banco de España deberá dictar las disposiciones necesarias para establecer la frecuencia y la forma de las declaraciones de cumplimiento del capital principal, definir los conceptos contables que hayan de integrar la definición de capital principal así como la forma en que hayan de computarse, y precisar los requisitos de emisión de los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles para su computabilidad como capital principal.

Asimismo, el Banco de España podrá determinar cómo podrán ajustarse las exposiciones ponderadas por riesgo para que el requerimiento de recursos propios de cada exposición de riesgo no exceda del valor de la propia exposición y para que se preserve la consistencia entre el valor de las exposiciones y los componentes del capital principal.

Para finales de noviembre de 2012, las autoridades españolas deberán tener listas  normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel que no sea mayoritario.

Con carácter previo a la aprobación del plan de reestructuración, el Banco de España solicitará informes a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorros y, en su caso, las cooperativas de crédito involucradas, que deberá ser remitido en el plazo de diez días.

Para ser beneficiarias de la actuación del FROB prevista en este artículo, las cajas de ahorros deberán traspasar previamente su actividad financiera a un banco con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 o 6 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en la que se les notifique la aprobación del plan de reestructuración.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el FROB debe constituir, bajo la denominación de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., una sociedad de gestión de activos (conocida popularmente como ‘banco malo’) destinada a adquirir los activos de aquellas entidades que el FROB determine.

Esta sociedad tendrá por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa o indirecta, adquisición y enajenación de los activos que le transfieran las entidades de crédito que se determinan en la disposición adicional novena, así como de aquellos que pudiera adquirir en el futuro. A los efectos del cumplimiento con su objeto, la sociedad actuará en todo momento de forma transparente.

Para finales de diciembre está previsto el traspaso de facultades sancionadoras y de autorización del Ministerio de Economía al Banco de España mientras que a partir del Revisar las disposiciones de gobernanza del FROB para evitar que haya directivos bancarios en activo entre los miembros de sus órganos rectores.

Reformar la normativa para perfeccionar el registro de créditos. Las autoridades españolas adoptarán nuevas medidas para mejorar la calidad y cantidad de la información que se incluye en el registro.

Como consecuencia de la considerable dependencia de la economía española de la intermediación bancaria, las autoridades españolas prepararán, antes de mediados de noviembre de 2012, propuestas para fomentar la intermediación financiera no bancaria, incluida la financiación del mercado de capitales y el capital riesgo.

Finalmente, en el aspecto tributario, será necesaria la fijación de una doctrina tributaria que aclare las múltiples dudas que surgirán del artículo 36 del Real Decreto-Ley que establece que el ‘banco malo’ no será responsable, en el caso de que se produzca la transmisión, de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a la transmisión de activos derivadas de la titularidad, explotación o gestión de los mismos por la entidad transmitente.

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