edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
02/01/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El Grupo Popular reduce a un millón de euros el mínimo de recursos propios para las gestoras de fondos de titulización

Javier Ardalán

Las sociedades  gestoras de fondos de titulización deberán disponer de unos recursos propios totales y de un capital social mínimo de un millón de euros, totalmente desembolsado en efectivo y representado en acciones nominativas, lo que supone una disminución de medio mellón de euros sobre lo establecido en el texto original.

La modificación se incluye en una enmienda presentada por el Grupo Popular al texto del anteproyecto de ‘Ley de fomento de la financiación empresarial’, al considerare que obligación impuesta a las sociedades gestoras de fondos de titulización de mantener unos recursos propios totales mínimos de 1,5 millones de euros y un capital social mínimo de un millón de euros las forzaría a constituirse inicialmente con una prima de emisión de 500.000 euros o con un capital social superior al mínimo establecido. Por ello, el Grupo Popular considera conveniente igualar ambas cantidades, dejando los recursos propios en un millón de euros.

Otra modificación incluida en la tramitación parlamentaria de esta normativa se refiere a los casos en que la capitalización de las acciones que estén siendo negociadas exclusivamente en un sistema multilateral de negociación supere los 500 millones de euros durante un periodo continuado superior a seis meses, en ellos, la entidad emisora deberá solicitar la admisión a negociación en un mercado regulado en el plazo de nueve meses. La entidad rectora del sistema multilateral de negociación velará por el cumplimiento de esta obligación.

El cambio pretende habilitar a la CNMV para inaplicar la obligación de pasar desde un sistema multilateral de negociación a un mercado regulado cuando se alcance un determinado volumen de capitalización. Se aplicaría a aquellas entidades de carácter estrictamente financiero y sometidas a regulación específica.

De esta forma, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá fijar los términos en que se eximirán de esta obligación anterior las sociedades de naturaleza estrictamente financiera o de inversión, como las reguladas por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva o la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

Se incorpora en la regulación de los sistemas multilaterales de negociación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, un refuerzo de las obligaciones de sus participantes. Respecto a los emisores, se aclara el alcance que debe tener la información que publiquen, que debe incluir una descripción de la actividad económica de la empresa, así como su régimen de responsabilidad respecto a la misma.

Se incluye además, en el contenido mínimo que debe regular el reglamento del mercado, una mención expresa al asesor registrado, así como sus principales funciones. Todo ello queda complementado con un tipo infractor muy grave y uno grave relativos a los incumplimientos de los participantes en este tipo de plataformas.

Por otra parte, se considera apropiada permitir, exclusivamente a los inversores acreditados, la utilización de mecanismos de inversión automáticos ofrecidos por la propia plataforma de financiación participativa, con las garantías generales de protección que ofrece la ley.

La normativa no pretende regular la fórmula para transmitir el consentimiento, que podrá ser mediante cualquier mecanismo válido en Derecho, sino que, al contrario, lo que busca es clarificar que, junto con el consentimiento, el inversor deba realizar una manifestación clara y unívoca de que comprende los riesgos.

Esta expresión se basa en lo que ocurre respecto a la contratación de productos financieros complejos en virtud del párrafo tercero del artículo 79 bis.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, desarrollado por la Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información a los clientes a los que se les prestan servicios de inversión, en relación con la evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros.

Para asegurar que el inversor es consciente de las implicaciones de su decisión, se deberá acompañar al consentimiento una manifestación, que podrá ser, bien manuscrita, bien mediante tecleo de la misma, o bien mediante una grabación. En todos los anteriores casos, se exige una expresión clara y unívoca que no puede ser sustituida por una mera firma, marca en una casilla o una expresión verbal afirmativa cumpliéndose el objetivo pretendido.

Finalmente, se extiende el régimen fiscal establecido para determinados instrumentos de deuda, a las emisiones realizadas en 2014. De este modo se mejora la certidumbre de los inversores en torno a la aplicación de este nuevo régimen fiscal sobre instrumentos financieros ya emitidos y que continuarán devengando sus rendimientos.

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