edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
24/05/2011
OBSERVATORIO FISCAL

El hijo emancipado que convive con los padres

DATADIAR
Tal y como establece el art. 82.1.1º a) de la Ley 35/2006, LIRPF, podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte, entre otras de la siguiente unidad familiar, la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos. Como puede observarse, la normativa hace referencia al término "vivan independientes de éstos".

Ante la falta de interpretación legislativa, la Dirección General de Tributos en consulta de 10-4-2001 se ha pronunciado al respecto interpretando que en la primera de las modalidades de la unidad familiar, según dispone el precepto legal, quedan excluidos de la misma los hijos menores de edad que vivan independiente de los padres con el consentimiento de éstos.

El concepto de "vivir independientes" de los padres no se encuentra clarificado en la normativa del Impuesto sobre la Renta, si bien, parecería lógico considerar que a estos efectos debería imperar más el carácter económico que puede conllevar el mismo (artículo 319 del Código Civil), que al hecho en si de una separación física o, dicho de otra forma, de una falta de convivencia entre las partes.

No obstante, si abordamos la definición de lo que se entiende por la segunda de las modalidades de la unidad familiar, se observa la mención expresa al requisito -antes aludido- de convivencia con los hijos, lo que a "sensu contrario" conduciría a interpretar que en estos supuestos de unidad familiar, los hijos menores de edad que no conviven, es decir, que vivieran independientes del padre, o en su caso de la madre, quedarían igualmente excluidos de dicha modalidad de unidad familiar.

En definitiva, a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la hermenéutica induce a considerarse la expresión "vida independiente" a la concurrencia de los dos matices señalados, es decir, al aspecto económico (independencia económica) y al aspecto físico (no convivencia).
Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro, que para que un hijo menor de edad no forme parte de la unidad familiar junto con los padres, y por ello, no pueda tributar conjuntamente con ellos, es necesario que se cumplan dos requisitos: el primero que el hijo sea independiente económicamente de los padres, y el segundo que no exista convivencia efectiva.

Por lo tanto, lo importante en estos casos un tanto peculiares, en los que el hijo menor está emancipado pero convive con los padres,  es determinar si en el supuesto a analizar, se cumplen o no los requisitos de independencia económica y convivencia.
De no darse los mismos, el hijo menor, aunque emancipado, podría formar parte de la unidad familiar.

Si bien, ante cualquier posible comprobación, los contribuyentes deberán estar en condiciones de acreditar, que efectivamente, el menor convive con los padres y es dependiente económicamente de los mismos, utilizando cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Las remuneraciones percibidas por trabajos realizados en Portugal estarán exentas en España hasta un límite de 60.100 euros anuales. D.G.T. C, (14/01/2011).
El consultante, nacional y residente en España, realiza trabajos para una empresa en Portugal. Posible aplicación de la exención regulada en el artículo 7.p) de la Ley del Impuesto. las remuneraciones que percibe el consultante por sus trabajos realizados en Portugal estarán exentas en España hasta un límite de 60.100 euros anuales. Al margen de las retribuciones específicas, a la hora de cuantificar la parte de sus rendimientos del trabajo que están exentos, únicamente deberán tomarse en consideración los días que el trabajador efectivamente ha estado desplazado en el extranjero para efectuar la prestación de servicios transnacional, de tal forma que serán los rendimientos devengados durante esos días los que estarán exentos, calculándose con un criterio de reparto proporcional, teniendo en cuenta el número total de días del año. Por último, en lo relativo al mecanismo adecuado para reclamar la devolución de las retenciones ya efectuadas a aquellas retribuciones que queden exoneradas de gravamen conforme a lo anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), que regula la devolución de ingresos indebidos y en el artículo 120 de la citada Ley en su apartado 3 que desarrolla la rectificación de la autoliquidación.

Una vez ejercitada la opción que estimen oportuna y finalizado el plazo reglamentario de presentación de la declaración, no puede ser modificada con posterioridad respecto del mismo período impositivo. D.G.T. C, (18/01/2011).
En relación a la declaración del ejercicio 2009 el consultante y su esposa decidieron presentar declaración individual con resultado a pagar y ella, por no estar obligada, no la presenta. Con posterioridad, según resolución de 4 de noviembre de 2010, se concede a la mujer del consultante la situación de incapacidad permanente absoluta con efectos económicos del 15 de julio de 2009. En base a ello se solicita: ¿Puede realizar el consultante una declaración complementaria conforme a la modalidad de tributación conjunta?. Los contribuyentes integrantes de una unidad familiar pueden optar por la tributación conjunta o por tributar individualmente; ahora bien, una vez ejercitada la opción que estimen oportuna y finalizado el plazo reglamentario de presentación de la declaración, no puede ser modificada con posterioridad respecto del mismo período impositivo, incluso aunque de la opción ejercitada originalmente pudiera derivarse una mayor carga fiscal. La propia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 119.3 señala que “las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”.

Tribunales

No son deducibles las cantidades satisfechas por la entidad recurrente a la administradora y socia solidaria, pues son retribuciones de fondos propios. Audiencia Nacional. Sentencia de 16 de febrero de 2011.
No son deducibles las cantidades satisfechas por la entidad recurrente a la administradora y socia solidaria, pues son retribuciones de fondos propios. En el caso de autos no puede calificarse la retribución percibida por la reclamante como retribución por su condición de administrador de la entidad, pues ni se han respetado los límites establecidos estatutariamente ni tal retribución ha sido igualitaria entre los dos administradores que tenía la entidad mercantil. Las cantidades percibidas por la administradora no pueden calificarse como rendimientos profesionales, sino que al ser cantidades satisfechas por su condición de administradora solidaria y socia, se incardina dentro del artículo 14.1.a) de la Ley 43/1995, que establece que no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los que representen una retribución de los fondos propios.

Dotación a la provisión por insolvencias practicada por la sociedad: no es deducible por ser el préstamo un negocio jurídico simulado que encubría una parte del precio de compraventa de unos inmuebles. Audiencia Nacional. Sentencia de 16 de febrero de 2011.
En el caso de autos ha quedado acreditado que el préstamo concedido se efectúa con la finalidad de encubrir una parte del precio de la compraventa de inmuebles, por lo que debe someterse a gravamen el verdadero negocio de compraventa realizado por el obligado tributario, por lo que no es procedente la admisión de la deducibilidad fiscal de la provisión por insolvencias declarada relativo al préstamo arriba referenciado. la apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionables, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterios de interpretación absolutamente insostenibles.

Tribunales Económico-Administrativos

En el Impuesto Especial sobre el Alcohol, no procede exención en las adquisiciones de alcohol, en cuantía superior a las autorizadas por la Oficina Gestora. TEAC  R, (08-03-2011).
La empresa interesada ha recibido alcohol con exención del Impuesto Especial, pero las cantidades recibidas como destinatario facultado, superaron las cantidades autorizadas en la tarjeta de suministro de alcohol expedida por la Oficina Gestora, circunstancia de la que es responsable únicamente el interesado ya que recibió el alcohol de distintos proveedores, los cuales no podían controlar las cantidades que el interesado había recibido de los otros, por lo que se ha producido un incumplimiento de las normas establecidas reglamentariamente para la aplicación de la exención del Impuesto Especial, las cuales no representan una mera obligación formal, sino una condición sustantiva e ineludible para su aplicación. Resulta procedente la liquidación aplicada.

El obligado tributario podrá, en su caso solicitar la devolución como ingreso indebido mediante la rectificación de la autoliquidación en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. TEAC  R, (08-03-2011).
El obligado tributario que considere que ha soportado indebidamente la repercusión del tributo, podrá solicitar la devolución de dicho ingreso instando la rectificación de la autoliquidación mediante la que se hubiese realizado el ingreso supuestamente indebido. En el IVMDH, la competencia material para resolver dichas solicitudes corresponde a la Administración que sea competente para la gestión de las correspondientes autoliquidaciones. Es decir, la AEAT es competente en los territorios de régimen común y no en los territorios forales. Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Solicitud de rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos. La competencia territorial vendrá determinada por el órgano competente sobre quien soportó la repercusión; en caso de improcedencia de la rectificación solicitada, será competente la correspondiente a quien inició el procedimiento. La competencia territorial para resolver el procedimiento corresponde al órgano que ostente la competencia sobre el obligado tributario que efectuó la repercusión. No obstante, en aquellos casos en los que a la vista de la solicitud presentada y de la documentación que se deba acompañar para fundamentar la misma resulte acreditado que no concurren los requisitos para proceder a la rectificación de la autoliquidación, la resolución corresponderá al órgano que según la normativa de organización específica fuera competente respecto del obligado tributario que inició el procedimiento. La Ley 24/2001, reguladora del IVMDH, está plenamente vigente en el ordenamiento jurídico español, ya que los Dictámenes de la Comisión Europea no son vinculantes para los Estados miembros.

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