edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
28/09/2017
banca 
El crédito público en el ostracismo

El ICO, pendiente del Plan Juncker y relegado a financiero marginal por el Gobierno

La ampliación del Plan hasta el medio billón de euros debería cambiar la actitud del Ejecutivo hacia su Agencia Financiera
Juan José González
La banca pública parece hoy condenada, proscrita, ausente de cualquier proyecto del Gobierno, un cero a la izquierda de la política económica, apenas un financiador marginal de pymes, autónomos y poco más. La indiferencia oficial de la única institución representante vivo de la banca pública, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) representante de poco más, poco menos del 2% del total del crédito del sistema en España, vive, a sus 46 años de edad, en el ostracismo de la política económica y financiera del Gobierno, condenada, por tanto, por la actitud indiferente y pasiva de su accionista el Estado pero agravada especialmente por la lentitud y el escaso éxito del denominado Plan Juncker, aquel ambicioso programa de la Unión Europea de 315.000 millones de euros que en 2014 salió de una chistera para financiar proyectos empresariales y con el que se pretendía relanzar la actividad económica en Europa. Pues bien, pasados tres años, tan sólo 4.000 millones de euros en 44 operaciones han logrado ver la luz, inversiones en las que el ICO ha jugado un papel relevante, aunque la escasa actividad de la iniciativa europea condena al banco público español a un segundo plano del escenario de la financiación de crédito.
Inicialmente, el Plan Juncker, lanzado en 2014 por la Comisión Europea a los cuatro vientos con su artillería más pesada -del BCE y del BEI además de la propia Comisión- para relanzar la inversión en la Unión, fue la carta de presentación del inicio de mandato del actual presidente Jean-Claude Juncker. Era el plan que según la Comisión necesitaba con urgencia la economía europea para reactivar la inversión y la actividad empresarial, lo cual exigía un colosal volumen de recursos `públicos´ a modo de capital, de arranque para una demanda de financiación que debía ser acompañada de más recursos por parte de las entidades -públicas y privadas- de cada Estado miembro.

Las aportaciones del Plan Juncker, según su diseño inicial, debían ser aportadas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para destinarlos a proyectos empresariales. En esta operativa jugaban -y juegan- un papel importante las entidades bancarias privadas y la pública que, en este caso es el ICO. Pero con el paso del tiempo, los beneficiados por el Plan no son muchos y ni siquiera parecen entrar en el esquema del foco de proyectos y empresas tipo, es decir, las pequeñas y medianas empresas -las pymes- las más activas e inquietas en proponer proyectos no tienen mucha capacidad de endeudamiento, lo que puede estar frenando la eficacia del Plan y, por tanto, la menor actividad del ICO, precisamente, la entidad financiera más activa, al tiempo que la más necesitada, en la ejecución del Plan.

Y es de esta forma como el ICO, el único banco público, puede recuperar buena parte del peso que le supuso en el pasado alcanzar hasta el 15% del total del crédito en España, si bien hoy día esa cifra se estima inalcanzable dada la actual estructura del sector financiero. En todo caso, el ICO se ha convertido en una institución objeto de deseo de algunas de las nuevas formaciones políticas. La institución pública de crédito y Agencia Financiera del Estado, tiene en la actualidad un papel de actor principal como financiador de grandes proyectos públicos (y en algunos privados) tanto en el mercado nacional como en el exterior, aunque, como se dijo, gestione tan sólo en torno al 2% del total de crédito del sistema.

Al interés de las nuevas formaciones políticas por el ICO, en base a su especialización en la financiación de proyectos empresariales y uno de los equipos profesionales más experimentados, se suma ahora el reconocimiento de los responsables del BEI. En este sentido, se apunta directamente al banco público de crédito -y agencia financiera estatal- como el mecanismo idóneo delegado en la distribución de los recursos del Plan Juncker. Aunque para lograr este objetivo sería necesario reactivar el proyecto de inversión europeo que tanto entusiasmo provocó en su lanzamiento, en 2014. 

Una reactivación que hoy día depende de un cambio de actitud del BCE de su política monetaria y del empuje del BEI. La probable ampliación del Plan en 200.000 millones de euros más, hasta alcanzar el medio billón, parece confirmar que el Gobierno deberá dotar de mayores recursos el presupuesto actual del único representante público de crédito del Estado y también su Agencia Financiera.

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