edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
15/07/2013
Las del PP también hacen cuentas

El impuesto autonómico a los depósitos bancarios se extenderá a todas las Comunidades

El nuevo fallo emitido por el Tribunal Constitucional, una bofetada a la Abogacía del Estado, da alas a la nueva figura impositiva de los gobiernos autonómicos
Juan José González

Considerado como uno de los tributos más polémicos, el gravamen sobre los depósitos bancarios acaba de recibir el espaldarazo del Tribunal Constitucional para que una autonomía, la asturiana, comience a aplicarlo a partir del primero de enero del presente año. Era un litigio que enfrentaba a la administración del Principado de Asturias y al Estado central a propósito de un impuesto que este último consideraba de su jurisdicción. Un tributo que, anunciado por el Gobierno local, recurrido por el Gobierno central (Abogacía del Estado) y ahora `validado´ por un auto del alto tribunal, no hace más que seguir el vía abierta por otras comunidades como la extremeña y la catalana. Ahora la presión de las autonomías gobernadas por el PP sobre el Gobierno para aplicar su gravamen, ya cuenta con la mayor base jurídica posible: la del Constitucional. Ingresos a los que parece que ninguna autonomía seguirá haciendo ascos.

El fallo era esperado por los asturianos como agua de mayo, y la lluvia llegó para todos, incluso para aquéllos que no la esperaban. Es una especie de bautismo el que acaban de recibir las CC AA del Tribunal Constitucional en el fallo de la semana pasada y por el que los Gobiernos locales podrán implantar con carácter general, un gravamen sobre los depósitos bancarios, en función de diversos tramos de la base imponible y en relación con el número de habitantes de las localidades de la autonomía. Tipos de gravamen que varían entre 0,3% hasta el 0,5% de la base imponible y que en el caso de Catalunya las entidades con depósitos superiores a los 600 millones pagarán un gravamen del 0,5%.

Los Gobiernos locales parecen haber recibido la máxima satisfacción posible como consecuencia del auto del Constitucional porque habilita al Ejecutivo la legalidad de un nicho de potenciales ingresos, hasta ahora vedado y que oficiará de bálsamo en las cuentas de las autonomías, en los presupuestos locales. En algunos de esos gobiernos la satisfacción alcanza en general a todas las formaciones políticas, si bien, son las gobernadas por el partido Popular donde parece que se ha detectado cierta euforia contenida. Contenida porque hasta el auto de la semana pasada del Tribunal Constitucional, las autonomías populares guardaban una ligera distancia con las del partido Socialista y la catalana, con el fin de evitar un frente o postura común en la aplicación del gravamen.

El asunto se defendía a nivel local con diversa base argumental, aunque la mayoría de las veces se esgrimía la prevalencia del interés general sobre los intereses del sector financiero. De esta forma, las autoridades autonómicas han ido avanzando en el litigio con el Gobierno central. Porque entre otras razones, se trataba de números que, si bien, no resolvían los elevados déficits de alguna de ellas, sí resultaban muy útiles como ingresos fijos y recurrentes. En el caso más reciente, el del Principado de Asturias, su gobierno estima que ingresarán por el nuevo impuesto unos 32 millones de euros, menos que el extremeño que está en vigor desde 2001, en la etapa de Rodríguez Ybarra y que le aportaba 42 millones de euros. La articulación del gravamen sobre los depósitos es más compleja en Cataluña, donde esperan recaudar 500 millones de euros al año.

Galicia, Castilla-León y Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Valencia o Murcia ya tienen hechas sus cuentas sobre lo que supondrían unos ingresos `extra´ procedentes del nuevo gravamen. Pero no ocultan las gobernadas por el partido Popular que, al margen de que hay que mantener cierto grado de solidaridad con las líneas de gestión del Gobierno central, las exigencias de las crisis obligan a hacer acopio de recursos y explotar todos los nichos fiscales posibles. Y no cabe duda que el impuesto `autonómico´ a los depósitos bancarios, respaldado ahora por el Tribunal Constitucional, ha llegado para quedarse.

Así que, dados los hechos, será preciso enviar una recomendación al Gobierno para que, en adelante, advierta a su Abogacía del Estado sobre el peligro que entraña buscar la base argumental de un recurso dirigido al Tribunal Constitucional en la Red, aunque se trate de la tan respetable página web de la Asociación Española de Banca Privada (AEB). Porque, como señala el fallo del tribunal “el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito no deriva necesaria y directamente de la vigencia de este impuesto”. Y no le falta razón, aunque ahora será el sector bancario el que seguramente deberá hacer cuentas.

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