edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
09/11/2011
OBSERVATORIO FISCAL

El Impuesto de Sucesiones de una herencia de persona no residente

DATADIAR

En primer lugar, hay que señalar, que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, por lo que, debe acudirse a la nueva Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Así, la citada Ley 22/2009, en su art. 28 dispone que se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma, cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días, entre otros, del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por otro lado, el art. 32 establece que se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio.

Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, cuando entre otros supuestos las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

Si el causante reside fuera de España y  no existe punto de conexión en ninguna Comunidad Autónoma de España, la normativa a aplicar será la establecida en la Ley 29/1987 (Ley estatal), al igual que corresponderá, a la Administración estatal la recaudación que proceda.

A efectos de los herederos residentes en España, el art. 6 de la Ley 29/1987, Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado.

Por otro lado, el artículo 32.2 a) de la citada Ley 22/2009, dispone que se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España, “en el caso del impuesto que grava las adquisiciones "mortis causa" y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo".

Por lo tanto, los herederos tendrán que presentar en la Administración de Hacienda a Estatal, la declaración,  o en su caso,  autoliquidación de la herencia del causante no residente.

Por último indicar que, con carácter general, salvo los firmados expresamente al efecto, los  Convenios para evitar la doble imposición entre España y otros Estados, se aplican a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas y entidades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción, pero no contemplan regulación para las Sucesiones.


Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Al no tener la consideración de obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación, por la contratación del ADSL y de la TDT de pago no podrá aplicarse la deducción por obras de mejora en la vivienda y habitual. D.G.T. C, (12/05/2011).
Contratación de ADSL y TDT de pago por el contribuyente. En relación con la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual: - ¿resultan deducibles el coste de la compra de los equipos que permiten el acceso a Internet, como router o módem, equipos informáticos para uso doméstico y cualquier otro necesario para acceder a Internet, así como los gastos de mano de obra y materiales?. - ¿resulta deducible el coste de los decodificadores, antenas que permiten el acceso a servicios de televisión digital, así como la mano de obra de instalación, sintonización o configuración del equipo para recibir la TDT?. - ¿resultan deducibles las cuotas mensuales pagadas al operador telefónico por el servicio de ADSL y los servicios de televisión digital de pago?. La deducción por obras de mejora en la vivienda habitual resulta aplicable a las obras realizadas en el edificio en el que se encuentre la vivienda habitual del contribuyente cuando se trate de obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación que vayan dirigidas a permitir el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en su vivienda habitual. En consecuencia, al no tener la consideración de tales obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación en el edificio en el que se encuentre la vivienda habitual del contribuyente, para permitir el referido acceso, ninguno de los conceptos por los que se consulta (costes de compra de equipos, gastos de mano de obra y materiales o cuotas mensuales pagadas al operador telefónico por la prestación de los servicios de ADSL y TDT de pago) podrán dar derecho a la deducción.

La aplicación de los incentivos fiscales relacionados con la inversión en vivienda, ya sea por su adquisición o rehabilitación, está ligado a la titularidad del pleno dominio del inmueble, en su totalidad o en una determinada parte indivisa. D.G.T. C, (12/05/2011).
El consultante es titular de una vivienda construida en régimen de derecho de superficie desde 1994. El Ayuntamiento ha iniciado en 2010 el proceso de venta a los titulares superficiarios el suelo. Habiendo satisfecho en concepto de arras penitenciales el 5 por ciento del valor del suelo como pago a cuenta del total del precio, en noviembre de 2010. El resto del precio se satisfará al otorgamiento de la escritura de compraventa, previsiblemente en 2011. Si, al haber iniciado el proceso de compra del suelo y aunque el pago del resto del precio se realice con posterioridad a 31 de diciembre de 2010, coincidiendo con la escritura de compraventa, puede entenderse adquirido el suelo en 2010. Y, siendo así, practicar la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 2011, por las cantidades que en cada año satisfaga, conforme la normativa vigente en 2010, sin afectarle el cambio normativo efectuado a partir de 2011. Si el importe del préstamo personal es objeto de deducción. el contribuyente, para poder practicar la deducción por la compra del suelo, además de tener que cumplir los requisitos existentes hasta 31 de diciembre de 2010 para la práctica de la deducción, deberá sujetarse al nuevo requisito de que su base imponible del ejercicio sea inferior a 24.107,20 euros. Además, si el titular superficiario satisface en el año 2010 alguna cantidad en concepto de señal o arras por la compra de la correspondiente cuota de suelo pero la transmisión de la propiedad de dicha cuota de suelo no se produce hasta el año 2011, estas cantidades sólo podrán originar derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual en el ejercicio en que se produzca la transmisión si se desprende del contrato que se aplican a la adquisición del suelo correspondiente a la vivienda en dicho ejercicio. Por último, en el supuesto de que para la adquisición de la vivienda se empleare un préstamo personal, hay que señalar que, con carácter general, cuando en la inversión se utilice financiación ajena, la deducción por las cantidades satisfechas mediante esta se practicará a medida que se vaya devolviendo el principal y se abonen, en su caso, los correspondientes intereses.


Tribunales

Tratamiento tributario de los incrementos o disminuciones de patrimonio que efectivamente se produzcan como resultado de la enajenación de títulos de la cartera de valores de una entidad. Tribunal Supremo. Sentencia de 27 de mayo de 2011.
No procede estimar ninguno de los motivos de casación articulados, habida cuenta que el artículo 74 del Reglamento del Impuesto no puede jugar en casos como el litigioso, ante la circunstancia de la intervención de Banesto por el Banco de España y la aprobación y ejecución de un Plan de Saneamiento, que determinó que la totalidad de las acciones emitidas de Banesto en virtud del acuerdo de aumento de capital fueran suscritas y desembolsadas por el FGD, dividiéndose las participaciones en dos tramos, el «Tramo B» formado por 81.329.702 títulos, adjudicado por su valor nominal de 400 pesetas por acción, y el «Tramo A», compuesto por 368.670.298 títulos adjudicado a un precio de 762 pesetas por acción, quedando obligado, según las condiciones del concurso, el Banco Santander a ofrecer a los accionistas de Banesto las acciones que integraban el «Tramo B», también al precio de su valor nominal. Ante las condiciones establecidas por el FGD, la transmisión de los títulos denominado del Tramo B, tuvo un resultado nulo, puesto que el precio de adquisición y el de transmisión fue el mismo. Tampoco puede estimarse infringido el principio de coordinación de la actuación de las Administraciones Públicas, ya que los organismos intervinientes no se pronunciaron sobre la homogeneidad fiscal, por ser ajena esta cuestión al ámbito propio de sus actuaciones.

La base imponible de la sociedad transparente por quien tiene que ser impugnada es por la propia sociedad y si ésta no lo hace deviene inatacable para los socios. Tribunal Supremo. Sentencia de 29 de mayo de 2011.
Una sociedad que tribute en régimen de transparencia fiscal y que por ello impute a los socios su base imponible es un ente societario con personalidad jurídica propia, que voluntaria y libremente han constituido sus socios y participado los accionistas sometiéndose a su régimen jurídico. Ello no supone indefensión alguna para el socio puesto que la propia sociedad puede impugnar todas y cada una de las liquidaciones tributarias que afecten a la sociedad y el socio podría, en nombre de la sociedad y no en nombre propio, ejercer acciones en sustitución de las que dejaren de ejercer los gestores de la misma para impugnar liquidaciones tributarias; lo que no es posible, porque desquiciaría el sistema, es que cada socio pueda discutir, por su cuenta y en litigio individual, frente a la Administración tributaria, los resultados de la gestión de la sociedad transparente y sus repercusiones fiscales.


Tribunales Económico-Administrativos

Pensionistas de la Seguridad Social con pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Acreditación de la discapacidad a efectos de la aplicación de las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. TEAC R, (27-07-2011).
Para determinar a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones qué discapacidades dan derecho a reducción, ha de estarse a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tratándose de pensionistas de la Seguridad social, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento en el caso de que tengan reconocida una pensión de- incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
El grado de minusvalía o de la enfermedad crónica padecida, a efectos del reconocimiento de la pensión en su modalidad no contributiva, se determinará mediante la aplicación de un baremo, en el que serán objeto de valoración tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales del presunto minusválido, como los factores sociales complementarios, y que será aprobado por el Gobierno.
Asimismo, la situación de dependencia y la necesidad del concurso de una tercera persona a que se refiere el apartado 6 del artículo 145, se determinará mediante la aplicación de un baremo que será aprobado por el Gobierno.
Las pensiones de invalidez no contributivas, cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo.

A efectos del cómputo de la prescripción, la interrupción justificada termina cuando se le notifica a la Abogacía del Estado la firmeza del proceso penal. TEAC R, (07-09-2011).
La interrupción justificada que se inició con la remisión del expediente al Ministerio Fiscal cesa desde la fecha en que la resolución judicial que pone fin a ese procedimieto se notifica a la Abogacía del Estado o desde que tal pronunciamiento adquiere firmeza si el mismo era susceptible de impugnación. En caso de notificación tardía, y a solicitud del Abogado del Estado ante la ausencia de notificación por parte del Tribunal de lo penal, de la firmeza de la resolución judicial que pone fin al proceso penal, la interrupción justificada termina cuando se le notifica a la Abogacía del Estado dicha firmeza.
El obligado tributario, a través de la deducción de gastos correspondientes a operaciones inexistentes, ha dejado de ingresar parte de la deuda tributaria devengada por este impuesto y ejercicios, con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública y todo ello a través de un entramado empresarial de facturación ficticia que pone de manifiesto la existencia de culpa en una actuación intencionadamente encaminada a la defraudación tributaria.

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