edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
13/10/2010

El incremento de costes que traerá la nueva Ley de Residuos crea una fuerte polémica

Javier Ardalán
El anteproyecto de ley de residuos, que debe entrar en vigor antes del 31 de diciembre de este año, introduce el principio de que es conveniente que los costes se asignen de tal manera que reflejen el coste real que suponen para el medio ambiente la generación y la gestión de residuos. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos.


Esta regulación establece que los fabricantes de productos que con su uso se convierten en residuos se involucren en la prevención y gestión de los mismos. Para los sistemas que se creen con este fin, se establece un procedimiento coordinado de autorización para armonizar su funcionamiento en todo el Estado.

Los costes relativos a la gestión de los residuos serán sufragados, parcial o totalmente, por el fabricante del producto del que proceden los residuos y los distribuidores del producto podrán compartir los costes.

Por ello, el actual borrador está generando numerosas críticas del sector, como es el caso de Ecoembes, que considera que si no se cambia el actual texto, podría comprometer la viabilidad del actual sistema, puesto que supondrá multiplicar por tres la tasa que las empresas pagan para que se reciclen los envases de plástico.

Las críticas de las asociaciones de defensa del medio ambiente, por el contrario, critican el proyecto porque no plantea sistemas alternativos a la gestión actual de residuos, al considerar que muchos de los métodos empleados han demostrado su ineficacia.

Según los datos del sector, desde 1998 se han reciclado en España más de 9 millones de toneladas, lo que ha significado un ahorro de 8,7 millones de toneladas equivalentes de CO2. Actualmente se recicla el 65%  por ciento de los envases recogidos, lo que coloca a España a la cabeza junto con Bélgica, Francia y Noruega. El objetivo para el 2014 es alcanzar el 75%.

Pero la normativa, que es transposición de la Directiva 98/2008/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, se propone que antes de 2015 se establecerá la recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos, así como un objetivo para los domésticos y similares del 50% de preparación para la reutilización y reciclado antes de 2020.  En el mismo año, los residuos de construcción y demolición deberán alcanzar un objetivo del 70% en reutilización, reciclado y valorización material. Por primera vez se regularán los biorresiduos al objeto de fomentar su reciclado y aprovechar de forma óptima sus recursos.

En el desarrollo de las políticas y en la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, se aplicará la jerarquía de residuos de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: prevención; preparación para la reutilización; reciclado; otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y, finalmente, eliminación.

Se moderniza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, sistematizando y clarificando obligaciones y simplificando trámites administrativos, de modo que se garantice la trazabilidad en las operaciones de gestión. Se clarifican, asimismo, las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios.

El nuevo texto obliga a las Administraciones Públicas a elaborar programas de prevención de residuos y a elaborar planes y programas de gestión en el ámbito de sus respectivas competencias.

La introducción de la responsabilidad ampliada del productor en la presente Directiva constituye uno de los medios para apoyar el diseño y fabricación de bienes que tengan plenamente en cuenta y faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo de vida, incluidos su reparación, reutilización, desmontaje y reciclado sin perjudicar a la libre circulación de bienes en el mercado interior.

Esta legislación, que será el marco que regule la generación y gestión de residuos en los próximos años y en la que se deberán basar las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus propias legislaciones, será fundamental para llevar a España hacia una sociedad del reciclaje, con la mínima generación e impacto de sus residuos, o por el contrario, para seguir fomentando  el derroche de medios naturales.

Por otro lado, se regularán las obligaciones de información sobre la gestión de los residuos al objeto de disponer de datos precisos y fiables, básicos para el control de la gestión y la evaluación de la eficacia de la aplicación de las políticas de residuos. Y se creará una Comisión Técnica de residuos como órgano de cooperación y colaboración entre las autoridades competentes en materia de residuos.

En las próximas semanas se deberán conocer las modificaciones introducidas por el Ministerio de Medio Ambiente , y el texto deberá ser ratificado por el Gobierno y, posteriormente por el Parlamento, salvo que se quiera afrontar una nueva sanción comunitaria por retrasos en la transposición de una nueva Directiva.

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