edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
27/11/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El incremento de las tarifas telefónicas por el IPC no es un cambio sustancial de las condiciones del contrato

Javier Ardalán
Los abonados de las empresas de telecomunicaciones no pueden rescindir sus contratos sin las penalizaciones convenidas en sus contratos porque la compañía les imponga un aumento de las tarifas referenciado al índice de precios al consumo, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 26 de noviembre de 2015.
El Tribunal de Justicia determina que, cuando una modificación de las tarifas se lleva a cabo de acuerdo con un índice de precios público, no cabe calificarla de modificación de las condiciones contractuales en el sentido de la Directiva.

El ponente, el magistrado Marek Safjan, dictamina que el legislador de la Unión Europea reconoce que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas pueden tener un interés legítimo en modificar los precios y tarifas de sus servicios.
Además, por lo general, las cláusulas controvertidas, recogidas en las condiciones generales, suelen prever una adaptación de las tarifas conforme a un índice anual objetivo de precios al consumo elaborado por un organismo público.

Determina que una adaptación de tarifas prevista en el contrato en estos términos, que se fundamenta en un método de indexación claro, preciso y accesible al público, basado en decisiones y técnicas propias del sector público, no coloca a los usuarios finales en una situación contractual diferente de la que resulta del contrato tal como se establece en las condiciones generales en las que se recoge la cláusula en cuestión.

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, determina que los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los consumidores y los usuarios para garantizar un nivel mínimo de transparencia de la información y de seguridad jurídica.

Señala que los consumidores deben gozar de un mínimo de seguridad jurídica en sus relaciones contractuales con los prestadores directos de servicios telefónicos, garantizada por el hecho de que se especifiquen en el contrato las condiciones por las que se rige, la calidad del servicio, las modalidades de resolución del contrato y cese del servicio, así como las medidas de compensación y de resolución de litigios.

El articulado regula que las medidas que se adopten para mantener la transparencia de los precios, las tarifas y las condiciones por las que se rigen los contratos deberán ayudar a los consumidores a ejercer de la mejor manera su libertad de elección, sacando así un provecho pleno de la competencia.

La Asociación reclamante en este litigio defendía que el incremento de las tarifas por parte de la compañía telefónica solo es legal si, con tal ocasión, se concede a los consumidores el derecho a rescindir con carácter extraordinario el contrato.
Señalaban, también, que el artículo 20.2 de dicha Directiva obliga asimismo a los Estados miembros a garantizar que los abonados tengan derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas les notifiquen propuestas de modificación de las condiciones contractuales.

Indicaban, también, que los Estados miembros deben asegurarse de que toda modificación de tales condiciones sea notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de antelación, a los abonados, a los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir sin penalización sus contratos en caso de no aceptación de las nuevas condiciones.

En el caso en litigio, el Tribunal Supremo de Austria conoce de un litigio entre una asociación austriaca de consumidores y A1 Telekom Austria, un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Según dicha asociación, l compañía telefónica ha hecho uso de cláusulas ilegales en los contratos celebrados con consumidores. Afirma que las condiciones generales de A1 Telekom Austria establecen que los abonados no podrán rescindir sus contratos cuando las tarifas se adapten conforme a un índice anual objetivo de precios al consumo elaborado por el Instituto Austriaco de Estadística.

En este contexto, el Tribunal Supremo Austriaco pretendía que se dilucidase si tal adaptación de las tarifas constituye una modificación de las condiciones contractuales en el sentido de la Directiva, lo que, en caso de respuesta afirmativa, daría a los abonados derecho a rescindir sus contratos. Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia responde negativamente a esta cuestión.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...