edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
13/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El intercambio de información en la UE frente a las multinacionales se iniciará en enero de 2015

Javier Ardalán

Los Estados miembros intercambiarán información de forma automática dependiendo de su disponibilidad a partir de 2015, según se establece en la Directiva de Cooperación Administrativa, elaborada por el Consejo de Europa. La nueva directiva que deberá enfrentarse a los intereses de varias de las multinacionales más poderosas del mundo, los Veintisiete se han comprometido a acabar con el secreto bancario. Para ello han tenido que vencer las resistencias de los dos socios más afectados, Austria y Luxemburgo, que llevan bloqueando desde 2008 la directiva sobre fiscalidad de ahorro para no verse en desventaja frente a otros centros financieros.

Los Estados miembros deberán adoptar y publicar, a más tardar el 31 de diciembre 2014, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con esta directiva. Deberán comunicar inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y las aplicarán a partir del 1 enero de 2015. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones, éstas harán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación.

El intercambio de información entre Estados para combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal se ha convertido en la máxima prioridad de las grandes economías mundiales, incluida la Unión Europea. La crisis económica ha forzado a los países a ponerse de acuerdo para mejorar sus niveles de efectividad recaudatoria, promover la reestructuración de sus sistemas fiscales y alcanzar la senda del crecimiento .

La crisis económica ha modificado un cambio en la mentalidad de las sociedades y de los Gobiernos, prevaleciendo la idea de que los contribuyentes honestos no deben sufrir la subida de impuestos adicionales para compensar pérdidas de ingresos se originen por el estafadores y evasores de impuestos.

Las multinacionales que esquivan impuestos, el Consejo Europeo pedirá "adelantar los trabajos por lo que respecta a las recomendaciones de la Comisión sobre la planificación fiscal agresiva y el traslado de beneficios". Bruselas ha propuesto que los Estados miembros incluyan en sus regímenes fiscales nacionales una "cláusula anti-abuso" para obligar a las empresas a tributar de acuerdo con sus "actividades económicas reales" en su territorio.

Además, el Ejecutivo comunitario se propone presentar antes de fin de año una propuesta de revisión de la directiva sobre sociedades matrices y filiales y está examinando las disposiciones contra los abusos recogidas en la correspondiente legislación de la UE.

Durante años, la Unión Europea (UE) ha estado trabajando activamente sobre estos problemas, mediante la adopción de instrumentos legales específicos para poner en práctica el intercambio automático de información dentro de la Unión. El Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013 solicitó la prórroga del intercambio automático de información en la UE y a nivel mundial con a fin de luchar contra el fraude fiscal de impuestos, la evasión y la planificación fiscal agresiva.

En esta ocasión, la Comisión se comprometió a proponer enmiendas a la Directiva de Cooperación Administrativa en junio de 2013 con el fin de ampliar el alcance del intercambio de información, en previsión de una revisión de la Directiva ya prevista para 2017.

El objetivo de la presente propuesta es, por lo tanto, para ampliar el alcance del intercambio de información hacia los acuerdos de intercambio automático. Se pretende ampliar la información a los dividendos, las ganancias de capital, los ingresos de otras entidades financieras y a los saldos de cuentas.

El pasado  9 de abril de 2013, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España anunciaron sus planes para una acción piloto sobre intercambio de información utilizando el FATCA, modelo de acuerdo realizado con los EEUU como base. Estos Estados miembros también se han propuesto liderar la ampliación de los acuerdos otros países del mismo.

La autoridad competente de un Estado miembro podrá indicar a la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro que no desea recibir información sobre una o varias de las categorías de información especificadas en la Directiva de ingresos y el capital, lo que le obligará a informar a la Comisión.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

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