edición: 2763 , Jueves, 18 julio 2019
19/11/2010

El juego ‘online’ debe tributar en España si el cliente reside en España o usa una tarjeta española

Javier Ardalán
Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, denunció ete jueves que la Fiscalía no actúa de oficio ante la actuación de las empresas de juego ‘online’, porque las Administraciones no denuncian las cantidades de dinero que componen los presuntos delitos cometidos y, por tanto, no se puede evaluar si se trata de un delito administrativo o penal.

Diversos magistrados del Tribunal Supremo han denunciado, en unas jornadas sobre el sector del juego ‘online’ organizada por la Asociación de Informadores y Comunicadores Jurídicos (ACIJUR), con la colaboración de la editorial jurídica Datadiar y el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma, que buena parte de estas empresas cometen delito de contrabando continuado al prestar servicios en España sin licencia de juego, sin pagar impuestos y eludiendo los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones legales con los consumidores, los menores y los ludópatas.

Un informe del Reino Unido publicado conjuntamente en julio de 2008 por la organización de caridad infantil NCH, la organización caritativa de apoyo a problemas de juego GamCare y la organización Citizencard (que proporciona la prueba de los servicios de edad), revela que sólo 7 de los 37 sitios de juego examinados negó la entrada a una niña de 16 años al introducir sus datos en la red.

Desde un punto de vista legal, la Ley de Represión del Contrabando prohíbe expresamente la comercialización e importación de juegos no autorizados por la Administración competente. La falta de homologación por las autoridades competentes en España en materia de juego y, en suma, la posible manipulación de los equipos y elementos informáticos con la intención de defraudar al jugador.

El fiscal se refirió a un precedente comunitario. La sentencia de septiembre de 2009, que declaró que el juego prestado a un consumidor en Portugal debe regirse por la legislación local y no por la del país donde se encuentra el servidor.

Romeral consideró que la prestación de servicio en España, a pesar de que el servidor se encuentre en un paraíso fiscal, debe considerarse producida en España, igual que si la empresa tuviese un establecimiento permanente o temporal. En este último caso, la empresa debería pagar por la renta de no residentes.

En un principio en el seno de la OCDE se apoyó que el servidor marcaba el lugar de prestación del servicio, aunque estas tesis ya están superadas y se estima que la fiscalidad del lugar donde la sociedad prestadora del servicio debe regir es el de mayor peso económico.

No existen problemas de interpretación en el caso de las sociedades establecidas en países con convenios de doble imposición por establecimiento permanente.

Por otra parte, cuando el operador se encuentra fuera de la Unión Europea y el consumidor en España y se paga con tarjeta de crédito, el servicio se considera a efectos tributarios localizado en España y debe, por tanto, tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, la normativa comunitaria establece que un prestador de servicios instalado en un país de la Unión Europea cobrará el IVA al cliente residente en España.

Cuando se paga el juego con una tarjeta de crédito vinculada a España la tributación corresponde  a este país. En estos casos el prestador deberá pagar los impuestos por ‘ventanilla única’, para que posteriormente se distribuya el IVA entre los diversos países con tarjetas vinculadas.

Con respecto a la tasa del juego, sin embargo, se piensa en Hacienda que los juegos ‘online’ no la pagan, al contrario que en los casinos físicos y en las casas de juego, puesto que en una partida pueden intervenir una persona situada en España y el resto en otros países del mundo. Por ello, se considera que el juego no está territorializado, que no se desarrolla en España.

La alarma entre los responsables de Hacienda ha surgido al observar que en el borrador de anteproyecto en que actualmente trabaja la Administración del Estado no hay ningún artículo que modifique el tratamiento del IVA.

No obstante, con la nueva ley se tratará de lograr que para poder acceder a web de juego ‘online’ será obligatorio introducir el NIF, que será verificado por la Administración, para evitar que, como ocurre ahora, se pueda acceder incluyendo el nombre del perro o del gato y sin más comprobaciones.

El juego ‘online ‘movió en España 575 millones de euros durante el pasado año 2009 a través de 200.000 jugadores, según el informe sobre apuestas y fraude en la red elaborado por la compañía de seguridad digital S21sec. Debido a la falta de control y a que se trata de un ejemplo de economía sumergida, es imposible conocer su volumen real. Otros informes lo elevan hasta los 2.200 millones de euros anuales. El problema de la falta de datos fiables de carácter oficial.

A finales de 2010, los usuarios de los juegos en la red podrían rondar los 280.000, según las estimaciones de la patronal de los operadores de juego online AEDAPI, lo que supone un crecimiento del 40% en un año.

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