edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
27/07/2011
LA OREJA DE LARRAZ

El magistrado Gay se pone al frente de quienes defienden la inconstitucionalidad de la ejecución hipotecaria por la nueva realidad socioeconómica

El magistrado Eugeni Gay
Javier Ardalán

El magistrado del Tribunal Constitucional Eugeni Gay se ha colocado al frente de quienes defienden que los procesos de ejecución hipotecaria (embargo de la vivienda por impago) son contrarios a los derechos defendidos por la constitución.Gay considera que si la norma no se ajusta no se ajusta a lo que demanda la sociedad, es al legislador a quien corresponde cambiarla, pero el juez no puede sortearla o ignorarla. Así lo explica en su voto particular, incluido en el auto del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de julio de 2011, que ha declarado constitucionales estos procedimientos, y sus argumentos se basan, de una parte, en que han cambiado las condiciones socioeconómicas desde el momento en que se firmó el contrato hipotecario, en la década de los 80, hasta ahora, lo que le lleva a sostener que esta profunda transformación incide directamente en las condiciones de cumplimiento de los compromisos hipotecarios adquiridos por los prestatarios.

Por ello, considera que los preceptos cuestionados, deben ser interpretados a la luz del nuevo contexto económico y social, puesto que las normas constitucionales no pueden establecerse de espaldas a la realidad social en la que corresponde aplicarlas sino en íntima y directa conexión con ella.

Finalmente, estima que los ciudadanos que contrataron en estos últimos años productos hipotecarios como medio de obtener el dinero necesario para adquirir su vivienda habitual sin poderse percatar entonces de unos riesgos muy distintos de los que implicaba la operación, lo que hicieron fue prestar un consentimiento imperfecto, cuando no completamente viciado.

El caso se inició con el recurso del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sabadell mostraba sus dudas ante la posibilidad de que el procedimiento pueda causar indefensión del ejecutado en relación con la protección del derecho a una vivienda digna y adecuada reconocido en la Constitución. Además, añade la indefensión producida a la parte ejecutada en caso de insuficiencia para pagar toda la deuda hipotecaria en la subasta de la vivienda como consecuencia de la ausencia de un trámite de oposición a la ejecución cuando ésta prosiga por el cauce del procedimiento de ejecución ordinario.

El Pleno del Tribunal Constitucional determina que no cabe apreciar la relevancia de los preceptos cuestionados en los términos requeridos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la doctrina constitucional para su enjuiciamiento (por todas ellas cita la de 24 de noviembre de 2010), lo que les lleva a la inadmisión de la cuestiones formuladas por el citado juez.

Esta falta de relevancia la fundamenta el Pleno en que el juzgado de Instancia formula un control  abstracto y directo sobre la constitucionalidad de dichos preceptos legales que no son paso obligado para la continuación del proceso y condicionantes de la decisión a tomar en el trámite de oposición, para lo que no está constitucionalmente facultado. Pero es que, además, considera que la justificación que postula el cuestionamiento de la norma legal contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no prever un nuevo trámite de oposición no se sustenta en el tenor literal de la disposición legal cuestionada, que no dice nada al respecto, sino que se intuye por el órgano proponente de lo que considera la ‘práctica forense habitual’.
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En la sentencia 41/1981, de 18 de diciembre, dictada también por el Pleno, este Tribunal abordó el examen de la constitucionalidad de las disposiciones legales que limitaban los motivos de oposición a la ejecución en el procedimiento sumario de ejecución hipotecaria, en un esquema normativo y de planteamiento de la cuestión semejante en su formulación al ahora suscitado.

La doctrina del Tribunal Constitucional afirma que la ejecución hipotecaria se caracteriza por la extraordinaria fuerza ejecutiva del título y la disminución de las posibilidades de oponerse mediante la formulación de las excepciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la presentación de la demanda, la integración del título y la llamada de otros poseedores y acreedores posteriores son condiciones suficientes para pasar a la fase de realización.

En estos casos, el deudor, como los otros poseedores y acreedores, más allá de detener la ejecución mediante el pago, para lo que la Ley establece que debe hacerse el oportuno requerimiento, apenas tienen posibilidades de oposición, pues al objeto de impedir la suspensión del procedimiento el artículo 132 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé, salvo en los cuatro supuestos fijados, que las demás reclamaciones que puedan aquéllos formular se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda.

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