edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
24/03/2010
Mercado de derechos

El mercado de carbono sucumbe a los excesos de las compañías que se adjudican créditos

Las compañías europeas analizadas por la organización Sandba recibieron permisos para emitir 66 millones de toneladas de CO2 más de las que precisaban
Beatriz Lorenzo

Teóricamente, el mercado de emisiones de carbono debe servir a los países industrializados para avanzar en pro de la justicia climática, pero a la hora de la verdad los mecanismos de compensación sirven de excusa en muchas ocasiones para no reducir las emisiones, anteponiendo a la protección medioambiental el valor del carbono como inversión de alta rentabilidad. Tanto es así que incluso el Protocolo de Kyoto cedió a la presión de este activo mercado, aceptándolo como una de las “soluciones” al cambio climático y aprobando el llamado “Mecanismo de Desarrollo Limpio” como medio válido para compensar las emisiones de CO2. Sin embargo, las prácticas desleales no han tardado en apropiarse también de este mercado, y a las medidas lanzadas durante los últimos tiempos por la Comisión Europea se une una reciente investigación que revela que las empresas europeas están acumulando más créditos para el intercambio de emisiones de los que realmente necesitan.

El estudio, encargado por “The Guardian” y llevado a cabo por Sandba, organización británica que lucha contra el cambio climático,  revela que las compañías europeas analizadas habrían recibido permisos para emitir 66 millones de toneladas de dióxido de carbono más de lo que precisaban en 2008, en el marco del programa europeo de intercambio de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también habrían adquirido 18 millones de toneladas más en proyectos para la reducción de emisiones en países en vías de desarrollo, cuyo coste es menor que el de los permisos europeos.

CRÉDITOS EXCESIVOS

Así las cosas y con más créditos de los que realmente necesitan, las compañías que abusan de esta práctica tendrán carta blanca para, en un futuro, cumplir los límites de emisión fijados por la Unión Europea, sin tener que verse obligadas a reducir su contaminación o, en su caso, vender los créditos sobrantes con importantes beneficios, tal y como denuncian los autores del informe. Además, según el documento, los permisos de más que pueden llegar a acumular dichas empresas, entre las que se encuentran ArcelorMittal, Thyssen-krupp y Cemex, podrían alcanzar un valor superior a 3.200 millones de euros en el período 2008-2012, teniendo en cuenta los precios actuales.

Informes como éste dejan al descubierto el hecho de que las medidas firmes para luchar contra el cambio climático todavía están muy lejos de haber cuajado con firmeza, a pesar de la gravedad de la situación actual en materia climática y de iniciativas fallidas como la Cumbre de Copenhague que no han hecho sino acentuar la gravedad del problema.

En 1992, el entonces economista jefe del Banco Mundial, Lawrence Summers, afirmaba que “la lógica económica de deshacerse de los residuos tóxicos en los países de salarios más bajos es impecable, y deberíamos afrontarla”. Sin embargo, a la hora de tratar de combinar el problema climático con un buen análisis de costes-beneficios que regule su gestión y ponga coto a los excesos, parece cumplirse la afirmación de Tom Burke, profesor visitante en el Imperial College de Londres que asegura que “lo cierto es que aplicar análisis de costos-beneficios a cuestiones como el cambio climático no es más que economía basura (...) Es vanidoso por parte de los economistas creer que todas las opciones se pueden reducir a un conjunto de cálculos de valor monetario”.

Una problemática que algunos expertos han querido ver zanjada remitiéndose a publicaciones como el aplaudido Informe Stern, cuyo éxito desde su publicación en 2006 se debe en parte a que utiliza la misma jerga económica que entienden la comunidad política y empresarial, a pesar de la escasez de soluciones.

PRESIÓN Y FRAUDES

En la actualidad las normas del comercio de emisiones sucumben de forma casi inevitable a los vaivenes y el cabildeo de las grandes compañías, imperando la falta de regulación y el descontrol. A esto se unen los fraudes y las malas prácticas que, como en cualquier mercado, asolan también al comercio de emisiones de carbono.

Uno de los más conocidos es el llamado “fraude carrusel”; que se gestó en los robos de los ingresos del IVA de artículos de telecomunicaciones como teléfonos móviles y chips de ordenador. Una peculiar estafa que desfalcó miles de millones de euros a los gobiernos de la UE y que ahora se ha extendido al mercado de las emisiones de carbono. El modus operandi se basa en la adquisición transfronteriza de un producto sin IVA , su reventa local –aplicándole ya el impuesto- y la posterior desaparición o fuga del operador intermediario con el IVA en su bolsillo. Un fraude orquestado por sociedades que se crean y desaparecen muy rápidamente, lo que dificulta en gran medida su detección y detención.

Las estafas de este calibre han estado produciéndose de forma ininterrumpida en toda Europa, provocando las reacciones unilaterales de varios estados antes de que Bruselas decidiese atajar el problema. Las medidas adoptadas por los estado han sido muy diversas. Reino Unido y Francia han optado por eliminar el IVA de los derechos de emisión. Holanda, por la inversión impositiva. Alemania, por el momento, no ha tomado ninguna decisión, al no contar con evidencias de fraude en su territorio. Ahora los expertos temen que el fraude haya cruzado los Pirineos, ya que España, uno de los países más activos en el mercado de emisiones, es muy vulnerable a este tipo de estafas.

Ante este panorama, y a la espera de que comiencen a dar fruto las medidas puestas en marcha por la Comisión, no es el “fraude carrusel” el único peligro que se cierne sobre el mercado de emisiones. También la preservación de los ecosistemas se ve amenazada por un tipo diferente de especuladores. Actualmente, los esfuerzos por contener la deforestación han llevado a muchos gobiernos a ofrecer a los propietarios de zonas boscosas una compensación económica equivalente al precio del carbono resultante de la deforestación de ese terreno, a cambio de que se mantengan íntegros. Sin embargo, muchos especuladores intervienen persuadiendo al propietario -como ha sucedido con varias tribus indígenas del Pacífico- para que venda una parte de sus derechos sobre el carbono, promoviendo así la deforestación.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...