edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
07/04/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Ministerio de Justicia potencia la figura del procurador y amplía sus competencias procesales

Xavier Gil Pecharromán

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene como principal objetivo modificar el mapa judicial español, suprimiendo los juzgados de Instrucción y las audiencias provinciales, potencia, sin embargo, la figura del procurador, puesta en solfa por la futura Ley de Servicios Profesionales y por los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esta última normativa, elaborada por el Ministerio de Economía y Productividad, que se plantea liberalizar las profesiones y eliminar los aranceles de los procuradores, permitiendo que los abogados desarrollen muchas de las labores de aquellos.

En el caso del anteproyecto de Justicia, que tiene soliviantados a al colectivo judicial, que ya acudió a la huelga en 2012 cuando solo se trataba de un borrador potencia su función pública en materia de colaboración con los Tribunales en la realización o práctica de actos de comunicación procesal, así como en materia de embargos y ejecución, otorgándoles para ello capacidad de certificación o la condición de agente de la autoridad, según proceda.

Junto a estos profesionales, se prevé ampliar las competencias de los graduados sociales, que realizan las mismas funciones de dirección y defensa en los procesos del orden jurisdiccional social que los abogados.

Justicia ha impulsado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que otorga nuevas competencias a los procuradores en actos de comunicación, embargos y ejecución judicial. Además, Justicia pretende que  los procuradores se conviertan en fuertes competidores de los abogados en pleitos.

En la futura Ley Orgánica se regula que corresponderá con exclusividad a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa. En los casos y términos previstos en las leyes, los procuradores podrán realizar los actos procesales de comunicación judicial, embargos y ejecución, a excepción de los lanzamientos, reservados a los secretarios judiciales,  así como otras tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales. Para la realización de los actos de comunicación, los Procuradores ostentarán capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias.

Para el cumplimiento de los embargos y demás actos de ejecución para los que estén legalmente facultados, tendrán la condición de agente de la autoridad y capacidad para documentarlos, bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia y con sometimiento a control judicial.
En el ejercicio de su profesión los Procuradores podrán ser sustituidos por otro procurador, mediante la simple aceptación del sustituto. Exclusivamente en el ámbito de la representación de las partes en el proceso, podrán ser sustituidos por un oficial habilitado.

De esta forma, las  partes podrán designar libremente a sus representantes y defensores entre los procuradores, abogados y graduados sociales, sin otras excepciones que las legalmente previstas.

Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en la ley se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La representación y defensa de oficio tendrá carácter gratuito cuando el beneficiario obtenga el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos que establezca la ley.

Finalmente, la futura norma establece que los procuradores que incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, o no respetaren algunas de las formalidades legales establecidas o directrices recibidas en la realización de los actos para los que tuvieren atribuida capacidad de certificación o la condición de agentes de la autoridad, serán corregidos disciplinariamente conforme a lo dispuesto en las normas procesales, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasionaran.

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