edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
20/05/2010
OBSERVATORIO LATINOAMERICANO

El mix energético les sale caro a los Kirchner y asusta otra vez a las multinacionales

Edesur exige cumplir las tarifas, Repsol y BG advierten de que sin revisión de tarifas Metrogás hará default, Petrobrás vendió su negocio de refinación
Ocho ex ministros de energía denuncian que Argentina le compró a Venezuela fueloil de peor calidad y más caro y ahora gasoil
Ana Zarzuela

Estrecha de nuevo todas las manos sobre su modelo energético. Con las del adiós, Cristina Fernández trata de digerir el portazo de Petrobrás, que se desembaraza de la mitad de su negocio de refinación y ha puesto en el escaparate su participación eléctrica. El puño del ministro De Vido se sacude ante Edesur (Endesa), para recordarle que espera nuevas inversiones, ahora que Conti desela la inseguridad jurídica argentina y exige que los Kirchner honren sus promesas tarifarias, después de una década. La Casa Rosada les recuerdan a Repsol y BG que Metrogas, con vencimientos de 21,7 millones de dólares este semestre, vuelve a la sombra de su intervención, aunque sea tentativa como en enero y aunque sean los olvidos el Gobierno los que le dejan cada año 45 millones de dólares en el limbo tarifario. En la mesa del Ejecutivo queman los informes, entre ellos otra vez el del grupo de los ocho ex ministros de energía. Denuncian que Argentina se desangra en subvenciones, desincentiva la inversión de las compañías privadas -cayó un 42% en un año-, camina a la dependencia de las importaciones en naftas, fueloil -y hasta crudo en menos de un año- y paga caro el gas boliviano y los buques de GNL. Si hay que importar será al doble del precio de las naftas en la región. Algo pasa -le recuerda la patronal- cuando la principal distribuidora de gas está al borde del default por la parálisis de las tarifas, cuando la principal generadora eléctrica desafía con sus denuncias a la Casa Rosada y cuando, tras los pasos de Shell o Petrobras, algunas grandes energéticas cogen la puerta, o al menos, cocinan alianzas para ‘argentinizar’ su accionariado.

El mapa de Cristina Fernández y el ministro de Vido sigue la partitura de los avisos que hace ahora un año les marcó el informe de los ocho ex secretarios de Energía: “tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto”. Si no hay inversiones en generación y transporte de energía, no será sólo la rentabilidad de las multinacionales y el abastecimiento los que estén en peligro. La dependencia del gas foráneo y el final de las exportaciones de GNL a Chile, el descenso de la explotación de crudo, la renuncia a las infraestructuras regionales que soñó y los recortes eléctricos acotan un nuevo ‘corralito’ con las empresas como víctimas y con las tarifas, las limitaciones a las exportaciones de energía, la intervención estatal en las Juntas Directivas de una veintena de empresas -la mitad de ellas energéticas-, o los muros del pago de dividendo como verjas del laberinto. Ni el atractivo de unas reservas que se han dejado caer, ni las concesiones de unas provincias petroleras que disputan tasas y regalías con la Casa Rosada y han visto cómo la explotación y exploración de hidrocarburos se reduce son suficientes para compensar la pérdida de las ‘reservas de la confianza’ de las multinacionales en la ‘energía’ de Argentina.

Metrogas -controlada por la británica BG pero en la que Repsol tiene un 45% del capital- trata de esquivar el desfiladero de la suspensión de pagos a la que, una y otra vez, la empuja el inmovilismo de los Kirchner y el incremento de los costos. Esta vez su directiva le ha puesto nombre -“pasividad estatal” dicen- a una trayectoria en la que desde 1999, la mayor distribuidora de gas del país no ha conseguido que Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, le permitan aplicar las subidas aprobadas. No será tampoco ahora: De Vido y el Enargas -el ente regulador- se conforman con contratar un grupo de consultoras para definir un nuevo horizonte, nada que no haya repetido desde que estalló el conflicto en 2006. Si llegan las nuevas tarifas -advierte la Casa Rosada ahora- los 11 millones de dólares extras ya no llegarán a las arcas de la gasista: el Estado baraja poner de largo con ellos un fondo fiduciario para mantener y expandir la red. BP y Repsol estiraron, desde las promesas de la Casa Rosada en septiembre y el decreto de precios de octubre, las costuras de la paciencia. Aunque reconocían que eran sus restricciones tarifarias las que nutrían el descenso del 91% en sus beneficios en 2009 y alimentaban un lastre que -según los cálculos de Moody’s-, sólo a Metrogas le cuesta cada año más de 45 millones de dólares en el limbo tarifario. En las renegociaciones suscritas con las distribuidoras se había incluido un “ajuste inicial y parcial de tarifas” que en la práctica aún no se ha cumplido.

EL PARADIGMA DE METROGAS

En seis años, las autoridades argentinas ni siquiera fueron capaces de agilizar el visto bueno administrativo para que Marathon y Ashmore consumaran un acuerdo de canje accionarial con Repsol y BG; menos aún de indemnizar a BG con los 65 millones de euros que exigió la justicia internacional. A la Casa Rosada le ha pesado más la denuncia ante la Comisión de Naciones Unidas para el para el Derecho Mercantil Internacional, que falló a su favor en 2007. Shell enfrenta aún 57 causas pendientes en Argentina, pero ya ha conseguido revocar en primera instancia 18 de las 45 multas por desabastecimiento. Y TGN, con tres avales de la justicia en contra de la intervención estatal, le despejó más de un horizonte a las defensas a Ausol y Metrogas: la Transportadora ha conseguido que la Cámara Nacional de Apelaciones cuestione la acción pública, que ponga en tela de juicio las denuncias de Enargas a la prestación de servicio y que archive la denuncia del regulador contra los directivos de la gasista. Seguirá hasta la Corte Suprema.

La única empresa que pudo aplicar ese “aumento inicial” del orden del 27% fue Gas Natural BAN. Las restantes distribuidoras (Metrogas, Pampeana, Gas del Sur, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, Gas del Centro y Gas Cuyana) si bien tienen sus nuevos contratos refrendados por decreto todavía aguardan que el órgano regulador saque de una vez las resoluciones que autorizan el cobro. La sintonía con Repsol YPF -la Casa Rosada hace meses que rompió relaciones con British-, tanto como las líneas rojas que los jueces le marcaron con TGN y la promesa de ‘rendición’ de la guerra del Gobierno con las tarifas del gas permitieron que Metrogas eludiera la amenazas oficiales de intervención, esquivara el default y saltara los muros de los 16 millones de dólares de de deuda pendiente a corto en enero, sin tener ni siquiera que buscar un nuevo socio nacional, como esperaban los Kirchner. 

Pero el trimestre finalizado en abril arrojó una pérdida neta de 15 millones de dólares, una mejora con relación a los 39,7 millones de saldo negativo de igual período de 2009, pero nada que la incertidumbre sobre el futuro de la empresa pueda seguir sosteniendo. Ahora tiene al cuello la nueva calificación de Standard & Poor`s, que la ha hecho descender a CC por el “elevado riesgo de refinanciación” de sus vencimientos de 21,7 millones de dólares en dos pagos en junio y diciembre y los compromisos por 21,1 millones que debe afrontar en 2011. No va más. Las empresas de servicios públicos que operan en Argentina buscan una estrategia común, en voz baja no niegan que el “kirchnerismo” se ha convertido ya en la peor de sus crisis y han comenzado, con Metrogas en cabeza, a acudir a los tribunales para exigir que se cumpla el horizonte regulatorio y tarifario con el que han diseñado sus planes estratégicos. Quedarse, se quedarán, pero salvaguardan sus intenciones y han hecho de la “diversificación” en el continente un plato del menú argentino.

Fernández sabe que disparar sobre los tejados de las multinacionales españolas no sólo es hacerlo sobre los primeros inversores, sino sobre los pilares de la energía y los servicios públicos: la primera compañía de hidrocarburos, YPF, la mayor generadora de energía térmica del país- Endesa Costanera-, la mayor gasista (GN Ban) y la mayor distribuidora de gas, Metrogas son españolas. Pero ni Endesa ni Petrobras, ni Metrogas están solas: la patronal energética, que le recuerda a los Kirchner que “dan ganas de salir corriendo”. El intervencionismo, el control de las tarifas, la carga impositiva y las restricciones sorpresa las ahogan en un modelo energético fallido. No son otros que el Grupo de los Ocho ex responsables de la cartera de Energía -los que hace un año le sacaron los colores de la producción, la inversión y el desabastecimiento de su mix energético- los que ahora bajo la forma de una “solicitud de información” volvieron a poner sobre el tapete tres dudas de la polémica importación de hidrocarburos a Venezuela: la calidad del combustible, los precios y la forma de contratación. De Vido no les ha respondido aún a Guadagni, Lapeña, Echarte, Olocco, Aráoz, Montamat, Apud y Devoto por qué compró fueloil de Pdvsa cuando tiene producción local y saldos exportables; ni por qué lo hizo a precios más altos, como para perder más de 36 millones de dólares con la diferencia. Menos aún, el titular de Planificación cambiará de rumbo: por primera vez desde que Buenos Aires selló en 2004 su acuerdo con Caracas, adquirirá gasoil por 558 millones de dólares, aún a costa de dejar fuera a todos los traders internacionales y de sacudir aún más el mercado y la guerra de precios y suministros que mantiene con todas las petroleras que operan en Argentina.

La salida de Petrobrás del 80% de su negocio de refinación y derivados llueve sobre mojado en la senda de las desinversiones de las multinacionales energéticas en Argentina. Cristina Fernández, que ha visto cómo en el último año las inversiones extranjeras   muy por encima del promedio de la región. Además, según el último estudio de SEL Consultores, seis de cada diez empresas que operan en Argentina han reducido sus planes de inversión desde este año, no por la crisis global, sino por “la inseguridad jurídica y la intervención estatal” (en un 55% de los casos). El mapa de Néstor Kirchner comienza a ser incómodo incluso para algunos allegados, tras la venta de los Bulgheroni del 50% de la petrolera Bridas a la china CNOOP.

Que el gigante brasileño, que invirtió en un momento de crisis fulminante en 2002 ya no se encontraba a gusto ni en la tierra del tango ni bajo el paraguas de los Kirchner era un secreto a voces, desde que el año pasado se desprendió de su negocio con fertilizantes en manos de Bunge y hace ya casi dos años intentó vender su participación en TGS y dejó su participación en Transener en manos de Electroingeniería. Tras la venta de su refinería por 110 millones de dólares a Oil Combustibles -propiedad del empresario amigo de Néstor Cristóbal López, que desembarca por primera en el ‘oro negro’- Petrobrás mantendrá la de Bahía Blanca y su complejo de General San Martín, pero quiere concentrar su negocio argentino en exploración y producción de crudo, pero antes se desprenderá si puede de su participación en Edesur, Genelba y en la operadora de gasoductos TGS Le pisa ya los talones a la última Emgasud, la empresa de otro empresario ‘cercano’ a los Kirchner, Ivanissevich.

MODELO ENERGÉTICO EN ALERTA

El mapa de Fernández y el ministro de Vido sigue la partitura de los avisos que hace ahora un año les marcó el informe de los ocho ex secretarios de Energía: en palabras de Emilio Apud, un laberinto en el que “el crecimiento de la demanda empuja a la importación creciente de combustibles”. Lo ha hecho, al pie de la letra con el petróleo y sus derivados. La Casa Rosada ha comenzado, además, a cargar a las espaldas de las petroleras la presión de su ‘guerra’ del campo; ya Argentina importó 315.000 barriles de gasolina en marzo. Según Juan José Aranguren, presidente de Shell, “no hay un excedente de crudo ni de combustible como para enfrentar un pico de demanda o una reducción puntual de la oferta”. Al calor del retraso de los precios internos, “ni los productores de petróleo tienen incentivo para explotar nuevos yacimientos ni los refinadores para levantar nuevas refinerías ni los expendedores para expandirse, o al menos sostener la cantidad actual de estaciones de servicio”. El problema en las refinerías es la caída de la rentabilidad por congelamiento de hecho de sus precios y por impacto de la devaluación del 11% en el 2009 que encarece el principal insumo, el petróleo, que deben pagar en pesos. En los países vecinos, la nafta llega a costar un 80 % más que en el mercado local, y el crudo, casi el doble. El mayor déficit que tiene el país es en gasoil, aunque el régimen de importación subsidiada que permite comprar el producto sin alterar la ecuación económica de las empresas. En cambio, con las naftas no existe ese régimen y si una petrolera quiere importar, deberá vender a pérdidas.

Si las previsiones de analistas como Nicolas de Sbroiavacca no fallan, 2011 será el año en que Argentina vuelva a importar petróleo. Hasta ahora, tenía excedente de crudos pesados, pero faltaban crudos livianos. Pero de 2002 a 2008, según datos oficiales, las reservas de petróleo han disminuido un 8,2%, y en la producción entre el 2002 y el 2009 el 10,6%. En el caso del petróleo los controles de precios son explícitos, aun cuando por un mecanismo indirecto: las retenciones móviles, que obligan a las compañías a recibir  un precio fijo cualquiera sea el precio internacional. Y las reservas comprobadas disminuyen tanto en petróleo como en gas natural, sin que se hayan descubierto nuevos yacimientos de tamaño significativo en los últimos 15 años. Aunque entre 1999 y 2009 se perforaron 800 pozos/año, se produjo una disminución en la producción del 26,5%, mientras que entre los años 1990 y 1998 se perforaron en promedio 898 pozos/año y la producción de petróleo se incrementó un 81%.

Argentina, con un mix muy ligado a los hidrocarburos (sólo tiene 30Mw de renovables) donde el gas supone el 56% de la matriz, se ha deslizado desde el perfil de  exportador a sus vecinos al de un comprador forzoso de GNL. Las reservas se han reducido un 43% desde el 2000. Lo que en 2007 comenzó como una operación coyuntural ha terminado por convertirse en un rasgo crónico de su mix, que el último año supuso compras por 530 millones de dólares y que ha duplicado en sólo 24 meses sus niveles de importación. Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo han descartado el anillo de gasoductos regionales con el que soñaron los Kirchner y Alan García.

En menos de tres años, Argentina está abocada a depender de sus vecinos, ahora que Uruguay se prepara para instalar una nueva planta de gas natural licuado en Montevideo y que Chile acaba de estrenar la regasificadora de Quintero y comenzará en diciembre a operar la de Mejillones y que -por primera vez-  ya no necesita más el gas de los Kirchner. Como recuerdan en la dirección de Metrogas Chile, para disgusto de las compañías, el gas argentino tiene un precio muy bajo en su mercado nacional, pero el que exportan está gravado por impuestos asociados tan altos que a sus vecinos no les compensa ya. Serán los envíos de Trinidad y Tobago -más seguros y un 50% menos costosos- los que nutran las urgencias chilenas. Y los que permitan a la mano de Repsol en Metrogas y a Endesa (a través de su filial local) diversificar gracias a las grietas energéticas de la Casa Rosada.  A medio plazo, serán también los padrinos del tratamiento de choque gasista argentino.

VAIVENES Y AMENAZAS ELÉCTRICOS

La Casa Rosada encadena, golpe a golpe, la maldición de todas las aristas de su mix energético: De Vido ya sabe que tiene que importar gas en este invierno austral (desde junio) para poder abastecer a las centrales de generación eléctrica. Nada que haya podido impedir ya, que tras la senda de Venezuela, Ecuador o Bolivia, las provincias argentinas hayan empezado en el último mes a sufrir cortes de electricidad. Le ha puesto nombre, desde la distancia de su periplo por Chile y Perú el consejero delegado de Enel, Fluvio Conti. Ni los ojos de Endesa y su brazo regional, Enersis, pueden dejar de mirar a los riesgos del mercado. En palabras de Conti, “a nivel eléctrico el país tiene bastantes problemas” y “la regulación no es bastante beneficiosa como para seguir invirtiendo”. Pero si Conti esperaba la sintonía de los Kirchner en su próximo viaje a Buenos Aires en junio ya ha dado con las amenazas del ministro de Planificación. Julio De Vido les recuerda que el que se mueva no sale en la foto. “Cuando las inversiones no se hacen hay severas penalidades que pueden llegar a la pérdida de la concesión”, advierte. Nada que no hubiera coreografiado ya sobre las multinacionales eléctricas -y sobre la piel de la propia Edesur- desde que en 2008 orquestó toda una coreografía de amenazas sobre sus dividendos.

Como siempre, dio marcha atrás en el laberinto de sus amenazas. Los dividendos de Endesa -y con ellos la paz de las divisas al resto del sector energético- llegaban tres meses tarde y por la puerta de la parcialidad y la ‘propina’ de más inversiones, pero llegaban. En 2009 el amago de emboscada a la participada por Endesa  -Edesur- fue sólo ‘una mancha más para el tigre’, no muy diferente a lo que ejecutaron en 2008 con Edelap: a Edesur le exigían reinvertir el 50% de los 53 millones de divisas de dividendos para repartir el resto. Ya en 2008 invirtió 84 millones de euros, casi el doble que en 2007.

Agobiado por el peso de los subsidios, el Gobierno descongeló a fines de 2008 las tarifas de luz y gas para los hogares residenciales. Pero menos de un año después, le fallaban las cuentas del populismo. La marcha atrás en su plan de reajuste tarifario y la exclusión de un millón de nuevos hogares (otros 300.000 habían sido ‘tocados por la mano de Kirchner en abril) compensaron la denuncia del Defensor del Pueblo y taponaron en junio el reclamo de inconstitucionalidad. Lo justo para conformarse con vestir de ‘error’ de las eléctricas el alza de las tarifas y con exigirles una nueva facturación en la que el renglón de los “subsidios” estatales no deje espacio a las dudas de su galería de votantes.

Pero la letra pequeña de su nuevo marco tarifario se atrevió de nuevo a agitar la sombra de las subidas de la luz en octubre. Nada que pudiera, finalmente despejar el horizonte de las tarifas para las compañías. En el caso de Edesur, el único aumento puntual desde 2001 fue del 15% y se aplicó a mediados de 2008. Lo saben De Vido y el Enre (Ente Regulador de Energía Eléctrica). A Edesur, Edenor y Edelap, la Casa Rosada intenta compensarles -con fórmulas diferentes para cada uno-desde 2009 con la luz verde para cobrar la deuda de 60 millones de dólares por el servicio eléctrico a las villas (barriadas) y los asentamientos del Gran Buenos Aires. A Edelap acaba de abrirle la puerta, para no tocar las tarifas, a un subsidio temporal que se cubrirá con los recursos del PUREE, el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica.

REPSOL Y GAS NATURAL BUSCAN GARANTÍAS A CUBIERTO

Gas Natural se pone a cubierto, se blinda en su mayoría, las tarifas y los resultados. Al Gobierno argentino hasta ahora, la compañía presidida por Salvador Gabarró -presente en Argentina desde 1992, con cerca de 1.380.000 clientes y responsable de la distribución de gas natural en la provincia de Buenos Aires Norte- ha sabido encontrarle el ritmo y despejar el camino a revisiones tarifarias en 2007 y septiembre de 2008 y un contrato prorrogado hasta 2027. Para Gas Natural, la respuesta pasaba por la ‘argentinización’ que a Antoni Brufau le funcionó con Eskenazi en YPF.  La venta del 19,6% de Gas Natural BAN le permitió hacerse con un tentetieso argentino cuando el Estado desembarcó  en la gasista por la puerta de las pensiones y responder al desafío de Gazprom en la construcción del Gasoducto del Noreste. Ahora, con Chemo como socio -un grupo con buena sintonía con los K- promete no levantar el acelerador de las inversiones, pero mira a México y Brasil y mueve sus fichas argentinas para diversificar y rebajar la exposición a los vaivenes de los Kirchner.

A YPF, a la luz de los resultados del primer trimestre de 2010, con un 30% más de beneficios de  Repsol y un 27% más de aporte de la petrolera local en los beneficios del grupo, cada vez le resulta más rentable la venta de derivados, la reducción de compras a otras petroleras locales que los riesgos de la exploración y la explotación: ha reducido su participación en la producción de petróleo a un 35% del total, cuando en los noventa representaba el 43%. YPF ha hecho valer la ‘argentinización’ preventiva y la presencia del Grupo Petersen -con un 14, 9% y opción preferente a otro 10% que espera ejercer en cuestión de meses- como vacuna ante el ‘efecto Kirchner. Como  el propio Antoni Brufau recordaba en la Junta de Accionistas y en la actualización de su Plan Estratégico en abril, Repsol YPF quiere consumar, además, antes de un año la salida a Bolsa del paquete del 20% de YPF, lo que dejaría en manos de Repsol (con un 55%) de y los Eskenazi (25%), una petrolera más argentinizada.

Con una rentabilidad del 32,5%, la vigésima petrolera del mundo por valor en bolsa y decimotercera por activos, espera invertir 32.800 millones hasta 2012, de ellos 7.800 a su filial argentina. Pero con o sin nuevos aliados a bordo, Repsol amansa sus caballos en la tierra del tango: se refuerza en Perú, es uno de los principales operadores del sector, con de más de 230 estaciones de servicio distribuida en casi todo el país, dueño de la Refinería de La Pampilla, la instalación de refino más importante y líder en el mercado de GLP; Reacomoda sus alfiles en Brasil, los pone bajo cubierto en Ecuador y Bolivia y hasta se atreve con las primeras licitaciones para la exploración en la plataforma continental uruguaya, de la mano de la estatal Ancap.

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