edición: 2662 , Viernes, 22 febrero 2019
28/04/2010

El nuevo Código Penal declara la guerra al fraude fiscal y a la Seguridad Social

Javier Ardalán
La modificación del Código Penal, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados ya tiene el texto que será debatido en el Pleno de la Cámara y en él tiene como principales objetivos el endurecimiento de las penas por defraudar a Hacienda y Seguridad Social y la lucha contra el crimen organizado (narcotráfico, armas, tráfico de seres humanos, contrabando, etc).

Las penas contra los delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social se han endurecido en el proyecto de reforma del nuevo Código Penal. Así, se ha introducido una modificación sobre el actual Código que prevé que quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía exceda de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía

Estas mismas sanciones podrán ser impuestas a quienes engañen a las Administraciones Públicas para obtener subvenciones públicas con fondos de la Unión Europea superiores a 50.000 euros o los destinen a otras actividades distintas a las que hayan sido objeto de sus concesión.

Una de las novedades polémicas, es la que prevé que los tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil. De esta forma, se incluirá en estos casos el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción, incluidos los intereses de demora.

Por lo que respecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal la cuantía para considerar delictivos los hechos y se establece que para la determinación de la cantidad defraudada se tomará como referencia el año natural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas.

El principal del nuevo Código Penal serán el delito organizado. Así, para los casos de penas privativas de libertad superiores a cinco años, la exigencia de cumplimiento de al menos la mitad de la condena antes de poder obtener la clasificación en tercer grado se establece en el caso de delitos con referencia a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, así como los cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
 
Esta modificación, para estos grupos de delitos de extrema gravedad, se considera por el contrario innecesaria como régimen general respecto de todos los delitos sancionados con penas de prisión superiores a cinco años. Por esta razón se elimina el automatismo hasta ahora vigente, introduciendo un mecanismo más flexible que permitirá a los jueces adecuar la responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a la personalidad del delincuente.

Otra novedad importante, es que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas para combatir los casos de corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos y otros delitos de extrema gravedad.

Además, se ha completado la regulación existente del comiso sobre los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal, o bien cuando se trate de delitos de terrorismo, con independencia de si estos últimos se cometen en el seno de una organización o grupo terrorista.

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.

Se deja claro que la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.  Por ello, se concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose —respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos...)—, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

La multa es la pena común y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose la imposición adicional de otras medidas más severas. Para evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o una  fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión.

El Código también aborda nuevas figuras para combatir los delitos urbanísticos, la corrupción de los funcionarios y empleados públicos y muchas de las figuras delictivas que hoy están haciendo desfilar a muchos políticos por los tribunales, aunque estas figuras no están definidas hoy en día de manera satisfactoriamente exacta.

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