edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
23/12/2015
El precio de la inestabilidad

El nuevo Gobierno, obligado a revisar los intereses de la deuda

Superarán el 3% del PIB en 2016, más de lo previsto en los Presupuestos Generales
Juan José González
El `tiempo muerto´ abierto a raíz de las elecciones generales y obligado por los resultados, parece presentarse como un arma letal para la buena racha que había tomado la economía española. Y cuando más se prolongue el paréntesis político, más letales serán los efectos negativos sobre asuntos como la deuda, la financiación empresarial, el déficit, el empleo y la actividad económica en su conjunto. Incluso es más que probable que el vigor del consumo privado, tras las fiestas navideñas, caiga en barrena. Las tensiones políticas no son buenas para la economía y pueden dar al traste con el abaratamiento, entre otras, de la deuda pública, que en las próximas semanas deberá acudir al mercado de emisión y renovación. Se da por descontado que los precios serán otros, hasta el punto de que los tipos negativos que se habían alcanzado en los últimos meses, cambien en breve de signo.
El mayor coste de financiarse, tanto para el Estado como las empresas privadas, puede ser el primer efecto real que vayan a sentir los agentes económicos, puesto que ninguno de los dos motores, público y privado, podrán detenerse como tampoco esperar a que se despeje el escenario político. En principio, y conocidas las primeras posturas de los cuatro grupos políticos con opciones a influir en coaliciones, pactos o acuerdos de todo tipo, no cabe albergar esperanzas de que el `tiempo muerto´ hasta la formación de un nuevo gobierno sea breve y más bien tienda a prolongarse y superar el 13 de enero, fecha prevista para que el candidato con mayor número de votos presente a la Cámara baja su programa político de Gobierno.

A mayor abundamiento, se podría decir que las tensiones políticas como consecuencia del resultado electoral, se vienen a sumar a las ya existentes, evidenciadas a raíz de la inestabilidad originada en el proceso catalán. Si entonces los inversores internacionales situaron en modo de vigilancia algunas de las decisiones de inversión en el país, es probable que tras el 20D ya vean con mayor claridad que el regreso a la estabilidad económica va para largo, tanto como largo puede ser también el tiempo de normalización de la vida política.

Los inversores demandan estabilidad y mayor rentabilidad para comprar deuda pública. La banca quiere también estabilidad y seguridad económica. La empresa necesita despejar incertidumbres para crear empleo. Y las tres demandas parecen ahora, más que nunca, influenciadas por el deriva política. Es razonable que las tensiones políticas ya hayan comenzado a pasar factura, de una u otra forma, a la economía: los inversores frenando decisiones, los empleadores aplazando planes de negocio. Los mercados financieros son sensibles a los cambios políticos porque conllevan cambios de criterios, normas y políticas, es decir, son las causas de las dudas e incertidumbres que mueven mercados.

Las expectativas de creación de empleo, disparadas en período electoral, con récord histórico en los dos meses finales del presente año, y potenciadas por la explosión de consumo festivo (y las nuevas iniciativas comerciales importadas) sirven para ir resolviendo el problema del desempleo, aún en el 23% de la población activa. Previsiones que se pueden truncar si la inestabilidad política se empeña en mantener las dudas de los inversores y prolongar las incertidumbres más allá de la fecha prevista en la ley para formar un nuevo Gobierno. También se puede frenar el ritmo de recorte de las deudas de las empresas que en 2015 logró reducir en más de 400.000 millones de euros.

Resolver los problemas económicos no pasa sólo por reducir ese 23% de desempleo. Pasa también por cumplir con el compromiso de reducción del déficit y evitar sanciones de 5.000 millones de euros por su incumplimiento y de otros 1.000 millones por no seguir las recomendaciones de Bruselas. Problema puede ser también que la falta de cumplimiento de otras metas fijadas por la Comisión Europea, limite el acceso a un cuarto de billón de euros de ayudas destinadas a sectores productivos con gran peso en el agregado nacional de la economía.

Sin embargo, un problema (hasta ahora sólo previsto) que estará sobre la mesa del nuevo responsable de Economía, ha comenzado a cambiar de temperatura esta misma semana y amenaza con entrar en crisis. El departamento económico había calculado (como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2016) la caída de la emisión del Tesoro en un 4,7% para una caída de la deuda pública hasta el 98,2% del PIB, lo que reduciría en consecuencia sus intereses respecto al PIB. El Tesoro emitirá deuda el próximo año por valor de 231.175 millones de euros (4,7% menos) pero el pago de los intereses de la deuda, presupuestados inicialmente para el próximo ejercicio en 33.490 millones de euros (2,93% del PIB) necesitarán una revisión, provocada por el nuevo escenario de riesgo político de los activos españoles.

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