edición: 2349 , Miércoles, 22 noviembre 2017
16/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El nuevo ministro de Justicia aumenta un 41% el Presupuesto de 2015 para inversión en tecnología en los juzgados

Javier Ardalán

Los 55,5 millones de euros presupuestados para 2015 de la partida tecnológica en el Ministerio de Justicia suponen un incremento del 41,1% respecto a los 39,3 millones de 2014 destinados al área de gestión de la cartera ministerial, superan al existente en 2008, año en que comenzó la crisis financiera internacional, desencadenante de la recesión posterior.

Así lo informó ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien explicó que se ha puesto en marcha un proyecto innovador como es el de mejora de los sistemas informáticos del Ministerio Fiscal y su interconexión con las aplicaciones informáticas de las oficinas judiciales, de tal manera que sean posibles tanto las notificaciones de la Fiscalía de forma telemática como la relación de la oficina judicial con esta última por la misma vía.

Especial relevancia para la gestión de los aspectos económicos de los procedimientos judiciales: el sistema que da soporte a la cuenta de depósitos y consignaciones, que desde 2012 incorpora dos funcionalidades de gran eficacia, como canal de comunicación de envío de órdenes de embargo sobre cuentas corrientes a la vista en entidades financieras y sobre devoluciones de la Agencia Tributaria. Utilidades que, además de aumentar la eficacia, implican la progresiva desaparición del papel y la reducción aparejada del correo postal.

Por otra parte, se prevé la implantación del expediente electrónico en la Audiencia Nacional, que cuenta hasta ahora con una larga y dificultosa historia hasta ahora. Actualmente está implantado en la Sala de lo Social y en los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo. En lo que queda de Legislatura, se pretende extenderlo a las demás secciones de la Sala de este mismo orden jurisdiccional.

También se trata de  lograr el denominado Cargador de Expedientes en las Administraciones Públicas, que no es otra cosa que una aplicación web para agilizar la actividad procesal relacionada con las peticiones de los órganos judiciales a las Administraciones públicas, de manera que se pueda ir eliminando poco a poco la documentación en papel mediante un mecanismo rápido y seguro. También aquí empezaremos por la Sala de lo Contencioso, en cuya Sección Tercera ya se han desarrollado sistemas que hacen posible la Firma Colegiada y el Voto Particular.

Otro reto importante es el que plantea la sustitución del sistema de gestión procesal conocido como Minerva, que soporta, allí donde las competencias de Justicia no han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, la tramitación electrónica de la información relativa a los procedimientos judiciales.  Para poder conectar todos los sistemas, es preciso reemplazar a Minerva por el llamado Sistema Integrado de Justicia, pero sin que el servicio que presta se vea afectado.

Este sistema integrado es el que permitirá alcanzar la interoperabilidad total, y por eso nace con la idea de ser puesto a disposición de todas las Comunidades Autónomas que deseen su implantación total o parcial, sin necesidad de desaprovechar, sino todo lo contrario, las inversiones en tecnología que ya han hecho estas.

Otro asunto no menos importante, es Lexnet, un sistema multiplataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos. Entre otras cosas, permite la presentación telemática de escritos de trámite e inicio de procedimientos por parte de procuradores y graduados sociales.

El uso de Lexnet no ha dejado de crecer desde 2012. En el tiempo transcurrido de 2014, el sistema ha tramitado 33,7 millones de notificaciones, y ha servido para la presentación de 182.457 escritos. Pero podemos potenciarlo todavía más, tendiendo esta mano tecnológica a todos aquellos que quieran incorporarse a esta red, para lo cual hará falta una activa política de convenios de colaboración.

Ya se han suscrito acuerdos con la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia, o el que próximamente se firmará con Canarias, y por supuesto los que han incorporado a operadores como la abogacía, los procuradores y los graduados sociales. Más allá de lo puramente territorial, creo que también deberían formar parte del sistema otros colectivos como los letrados de las Administraciones locales o los cuerpos de Policía para el envío de atestados.

Se trata, en resumen, de conseguir en las relaciones internas de la Administración de Justicia, y en las de esta con la sociedad, lo que los ciudadanos ya han alcanzado hace tiempo haciendo uso de las nuevas tecnologías: un estado de permanente conexión que incremente la eficacia y la rapidez de la información que entre todos tenemos.

Finalmente, se abordará el proyecto denominado E-Codex, que sienta las bases de la interoperabilidad tecnológica entre países europeos para abordar mejor los asuntos transfronterizos; el proyecto E-Apostilla, destinado a facilitar el apostillado electrónico de documentos públicos, judiciales y administrativos; y otro proyecto en pruebas que pretende incorporar huellas dactilares en el intercambio de antecedentes penales.

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