edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
10/03/2010

El nuevo plan antifraude del Gobierno basa su éxito en complicados acuerdos de colaboración

Javier Ardalán
El Gobierno busca amigos para acabar con el fraude fiscal, laboral y de la Seguridad Social. Hacienda, la Inspección del Trabajo y la Tesorería del Seguridad Social tendrán que convencer e involucrar  a las empresas, patronales sectoriales, agentes sociales y económicos, asesores fiscales, comunidades autónomas, haciendas forales y ayuntamientos para que las 60 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros tengan un éxito aceptable.

El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de la Seguridad propone una auténtica movilización social que deberá lograrse a través de campañas de concienciación masivas y proponiendo acuerdos y foros de colaboración entre la Administración y los colectivos a incorporar a este proyecto.

Se trata no sólo de acabar con las grandes tramas de corrupción y de blanqueo de dinero, de la utilización de paraísos fiscales, ingeniería fiscal o del contrabando, sino que la mayoría de las medidas inciden en los fraudes más generalizados en las empresas, desde el control de las horas extras realizadas por los trabajadores y no pagadas y, por tanto no cotizadas, pasando por el uso indebido de la figura del becario o del falso autónomo, las bajas indebidas por vacaciones y días festivos, la investigación de la facturación de los declarantes en módulos, las actuaciones sobre no declarantes o el control sobre los gastos no deducibles.

El primer movimiento es lograr una articulación entre la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad. Se trata de una de las grandes aspiraciones desde la creación de la Agencia Tributaria, en el año 1992, pero imposibilidades legales, el corporativismo de sus organismos y la falta de un plan de actuación conjunto lo han venido imposibilitando, a pesar de las incontables veces que se ha anunciado como un hecho real.

La propia propuesta del Plan actual se mantiene en un tono de intenciones, que para ponerse en marcha precisa el cambio de normativas, la firma de nuevos acuerdos de colaboración y la actualización de muchos de sus planes de actualización y estructura para hacerlo posible.

Tal vez en esta ocasión se decida mejorar la relación entra estas tres entidades estatales, pero el trabajo no será sencillo y los resultados, como mínimo a medio plazo. Además, muchas de las actuaciones de control suponen actuaciones conjuntas y extensivas de los inspectores de Hacienda, de Trabajo y de la Seguridad Social, que supondrían un enorme incremento de los efectivos, que si bien es factible en el caso de la Agencia Tributaria, está muy lejos de alcanzarse en el caso del Ministerio de Trabajo.

Con respecto a la mejora de la relación con las empresas, el Plan propone el establecimiento de un nuevo enfoque, que implica la construcción de nuevas vías de comunicación, a través del fomento de las relaciones basadas en la cooperación y la confianza con las grandes empresas. El modelo es el del Foro Fiscal de Grandes Empresas, que lleva funcionando desde el verano pasado y que avanza con lentitud por la falta de confianza mutua y de transparencia de los representados. Ampliar el modelo. Tal vez el acercamiento en el plano laboral sea más sencillo, porque las grandes empresas tienen menos miedo a desvelar sus situaciones reales a la Administración, pero asuntos como el abuso de los contratos temporales, de las horas extras no pagadas o la contratación de bonificaciones indebidas por contratación pueden dificultar el logro de acuerdos en el corto plazo.

Más sencillas parecen las actuaciones para obtener la colaboración de las asociaciones empresariales y profesionales de los sectores con mayor riesgo de fraude. Así, junto a los sectores que tienen que ver con la construcción y la actuación inmobiliaria, el Gobierno propone peinar los del textil y el calzado, en los que en época de crisis florece la economía sumergida. En este tipo de acuerdos siempre sobresale la solicitud de medidas proteccionistas frente a las importaciones, fundamentalmente de China y otros países emergentes, lo  que dificulta seriamente los avances. También se busca la colaboración de los representantes de las constructoras e inmobiliarias, aunque con la crisis, el objetivo de Hacienda se centra ahora en el repaso de las cuentas de los ejercicios pasados, fundamentalmente.

Con los interlocutores sociales, fundamentalmente con sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios se busca información sobre irregularidades, que compense las deficiencias que plantean las dimensiones de las Inspecciones fiscal y laboral.

Capítulo especial merece el acercamiento que se propone hacia los asesores fiscales. El Gobierno pretende crear un foro en el que estén presentes los representantes de los mayores despachos y de los colegios profesionales dedicados a la asesoría fiscal. Con esta medida se pretende una mayor colaboración para lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y lograr acciones que faciliten el trabajo de estos profesionales y las declaraciones de todos los contribuyentes. La idea es muy similar a la del foro de las grandes empresas, aunque la problemática puede ser bastante más amplia, ya que no sólo se centrará en la fiscalidad de las sociedades e internacional, sino que podrá abordar otros aspectos, como la tributación individual.

Un capítulo especial merecen las medidas para captar la colaboración de las asociaciones sectoriales y de las empresas de transporte para luchar contra el extendido fraude sobre el gasóleo subvencionado y en el capítulo internacional para evitar corruptelas como la declaración de las cargas en los países donde menor tributación hay.

Y finalmente, con respecto a las relaciones con las comunidades autónomas y forales se plantea una mejora de las relaciones, actuaciones conjuntas e intercambios de información, que ya han constado en todos los planes anteriores.

Finalmente, se ha incluido un capítulo de acercamiento a los ayuntamientos para que los inspectores estatales puedan acceder a las licencias o autorizaciones de apertura y tener conocimiento de aquellas sociedades que las solicitan, pero que luego no se dan de alta en Hacienda o en la Seguridad Social. Poner al día estas bases de datos es un trabajo descomunal, todavía por hacer. Otro objetivo a largo plazo, como casi todo el Plan propuesto.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...