edición: 2943 , Miércoles, 8 abril 2020
01/07/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El nuevo procedimiento europeo sobre custodia de hijos ahorrará hasta 4.000 millones de euros

Javier Ardalán
La Comisión Europea ha propuesto un Reglamento con mejoras de las normas de la UE que protegen a los menores en el contexto de los litigios transfronterizos en materia de responsabilidad parental en relación con la custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores.
La abolición del procedimiento de ‘exequátur’, procedimiento intermedio necesario para la ejecución de una sentencia en otro país, permitirá ahorrar entre 1.100 y 4.000 euros por asunto en algunos Estados miembros. Por otra parte, una ejecución más rápida permitirá a las familias un ahorro en los honorarios pagados a un abogado especialista, estimado, en función del Estado miembro, entre 1.000 y 4.000 euros por cada diez horas de trabajo adicionales.

Los litigios transfronterizos sobre asuntos familiares han aumentado en la UE paralelamente al incremento del número de familias internacionales, que actualmente se estima en 16 millones y va en aumento.

Actualmente en la UE se producen unos 140.000 divorcios internacionales al año. También ha aumentado el número de niños nacidos de parejas internacionales no casadas, y dentro de la UE se dan anualmente hasta 1.800 casos de sustracción parental de menores.

En el caso de procedimientos de restitución, los padres dispondrán de normas más claras y se les animará a participar en la mediación, ahorrando así posibles gastos procesales, que por término medio se elevan a 2.200 euros para todo el procedimiento.

Este Reglamento sirve para resolver los conflictos de jurisdicción entre Estados miembros y facilita la libre circulación de sentencias en la UE mediante disposiciones relativas a su reconocimiento y ejecución en otro Estado miembro. En los casos de litigios familiares o separación de matrimonios internacionales, una cooperación judicial transfronteriza es esencial para ofrecer a los menores un marco jurídico seguro que les permita mantener relaciones con ambos padres (y con los tutores), que pueden residir en países europeos diferentes.

En la actualidad, muchos padres se ven en la necesidad de solicitar la ejecución de una decisión sobre la custodia o el derecho de visita en otro Estado miembro. Con las nuevas normas, quedará abolido el ‘exequátur’.

Cuando la ejecución aún no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el tribunal comunicará a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o directamente al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. Además, con el fin de acelerar la ejecución, el tribunal que haya dictado la sentencia podrá declararla provisionalmente ejecutiva. Las nuevas normas acelerarán los procedimientos judiciales y administrativos y garantizarán que siempre se tenga en cuenta el interés superior del menor.

La propuesta adoptada por la Comisión se enviará al Consejo de la UE. La decisión en el Consejo se toma por unanimidad, de conformidad con el procedimiento legislativo especial para la cooperación judicial en materia familiar (artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). El Parlamento Europeo será consultado sobre la propuesta.

Las normas actualizadas se basan en la evaluación de las normas existentes y pretenden remediar las deficiencias detectadas. En particular, un objetivo prioritario es garantizar unos procedimientos más rápidos, dado que la dimensión temporal es esencial para proteger el interés superior de los menores en estos litigios transfronterizos en materia de responsabilidad parental.

Los plazos aplicables en las distintas fases del procedimiento de restitución de menores estarán limitados a un período máximo de 18 semanas (máximo de seis semanas para la tramitación de la solicitud por la autoridad central que la ha recibido, seis semanas para la tramitación por el tribunal de primera instancia, y seis semanas para la tramitación por el tribunal de apelación). Las decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola vez, y el juez deberá considerar si en el ínterin debe ser ejecutable una resolución que ordene el retorno del menor.

Para respetar plenamente la estructura de los sistemas jurídicos nacionales se garantizará que los asuntos de sustracción parental de menores sean instruidos por un número limitado de tribunales, de modo que los jueces puedan adquirir la necesaria experiencia.

Deberá garantizarse que los niños que estén en condiciones de formarse un juicio propio tengan la oportunidad de expresar su opinión en todos los procedimientos que les afecten. Esto se aplicará en especial a los procesos sobre la custodia y el derecho de visita, y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por uno de los padres. La buena cooperación entre autoridades centrales en la tramitación de los asuntos relativos a menores es un requisito previo indispensable para la confianza mutua entre las autoridades de los distintos Estados miembros.

Las nuevas normas fomentarán una mejor cooperación entre autoridades centrales, ya que son el punto de contacto directo para los padres y desempeñan un papel crucial para ayudar a los jueces a aplicar las normas. Asimismo, las autoridades encargadas del bienestar infantil estarán mejor integradas en la cooperación transfronteriza. Estas nuevas normas serán favorables para las familias y los niños, que se beneficiarán de una reducción de plazos para resolver litigios y evitarán los grandes costes generalmente derivados de tales procedimientos.
 El Reglamento Bruselas II bis constituye la piedra angular de la cooperación judicial de la UE en materia matrimonial y de responsabilidad parental, incluida la custodia, el derecho de visita y la sustracción de menores.
En los asuntos de sustracción parental transfronteriza, establece un procedimiento para la restitución del menor al Estado miembro de su residencia habitual. El Reglamento se comenzó a aplicar el 1 de marzo de 2005 y se aplica a todos los Estados miembros excepto Dinamarca.

A fin de evaluar la eficacia de las normas, la Comisión adoptó en abril de 2014 un informe sobre la manera en que el Reglamento ha funcionado en la práctica y llevó a cabo una consulta pública entre expertos a fin de determinar los cambios necesarios para mejorar las normas existentes.

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