edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
21/02/2011
Actividades usurarias, unificadoras e intermediarios, en el punto de mira

El nuevo Registro estatal para prestamistas hipotecarios combatirá la usura y los abusos sobre los consumidores

Ademas de quedar controladas deberán constituir un seguro de responsabilidad o aval bancario por un mínimo de 300.000 euros
Los agentes financieros y asimilados también se verán afectados aunque la operación final la haga una entidad
Xavier Gil Pecharromán

Las entidades no financieras que desarrollan sus actividades de concesión de préstamos o créditos hipotecarios a los consumidores en territorio español, pero domiciliadas fuera de España, así como de las que ejercen de intermediarias en la contratación de estos productos deben registrarse desde ahora en el nuevo Registro de Empresas, regulado por la Ley 2/2009 por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. Se trata de importantes medidas de control para luchar contra el ejercicio de la usura y los abusos de los prestamistas sobre los consumidores con necesidades de dinero. El Real Decreto que lo regula establece que deberán inscribirse las empresas domiciliadas en el extranjero que desarrollen en territorio español las actividades reguladas por la citada Ley y, de forma provisional, las empresas domiciliadas en España, cuando la comunidad autónoma en que radique su domicilio no haya constituido el correspondiente registro autonómico

Estas medidas afectan a  la contratación de los consumidores con aquellas personas físicas o jurídicas (en adelante, las empresas) que, de manera profesional, la concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación.

También a los dedicados a la intermediación para la celebración de un contrato de préstamo o crédito con cualquier finalidad, a un consumidor, mediante la presentación, propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposición de tales contratos a los consumidores para su suscripción.

La Subdirección General de Calidad del Consumo del Instituto Nacional del Consumo será la unidad encargada del Registro estatal y a ella corresponderá toda decisión o acuerdo relativo a la competencia del mismo, y cuando se trate de empresas que deban inscribirse en el Registro estatal, el incumplimiento de las obligaciones reguladas en este real decreto será sancionado por el Instituto Nacional del Consumo.

Tanto la inscripción en el Registro estatal como la constitución del seguro de responsabilidad o aval bancario, a que obliga la nueva normativa son requisitos necesarios para que las empresas puedan desarrollar tales actividades y, por tanto, deben reunirse con carácter previo al inicio de las mismas.

El importe del seguro de responsabilidad civil y del aval tendrá que garantizar, hasta el límite que resulte de la aplicación en la normativa por las responsabilidades en que pueda incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios propios de la actividad de intermediación o concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

El importe mínimo asegurado o avalado será de 300.000 euros para el primer año de la actividad. Dicha cuantía se multiplicará por el número de establecimientos en los que la empresa desarrolle la actividad.

El incumplimiento por las empresas de las disposiciones de este real decreto será sancionado como infracción en materia de consumo, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aplicándosele lo dispuesto en el régimen sancionador general sobre protección de los consumidores y usuarios del texto refundido y de la normativa autonómica que sea aplicable.

Por cierto, que a los efectos de esta normativa, tienen la consideración de consumidores las personas físicas y jurídicas que, en los contratos a que se refiera esta Ley, actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional.

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