edición: 3054 , Viernes, 25 septiembre 2020
08/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El nuevo Reglamento de transferencias trata de expulsar a blanqueadores fuera de los canales financieros

Xavier Gil Pecharromán
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado el pasado viernes, el nuevo Reglamento sobre “transferencias de fondos”, que busca mejorar el seguimiento de los pagadores, beneficiarios y sus activos.
Establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos, en cualquier moneda, en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando al menos uno de los prestadores de servicios de pago participantes en esa transferencia de fondos esté establecido en la Unión.

La futura norma, que entrará en vigor el próximo día 25 de junio, se aplicará a las transferencias de fondos, en cualquier moneda, enviadas o recibidas por un prestador de servicios de pago o un prestador de servicios de pago intermediario establecido en la Unión.

La capacidad de seguimiento total de las transferencias de fondos puede ser una herramienta particularmente importante y valiosa en la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, así como en la aplicación de medidas restrictivas, en particular las que imponen los Reglamentos (CE) nº 2580/2001, (CE) nº 881/2002 y (UE) nº 356/2010, y cumple plenamente los Reglamentos de la Unión que aplican dichas medidas.

Se ha considera, por tanto, que resulta pertinente para asegurar la transmisión de la información a lo largo de la cadena de pago, establecer un sistema que imponga a los prestadores de servicios de pago la obligación de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario.

No obstante, no se aplicará a las transferencias de fondos efectuadas utilizando una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico o un teléfono móvil, u otro dispositivo digital o informático de prepago o postpago de características similares, a condición de que la tarjeta, el instrumento o el dispositivo se utilice exclusivamente para el pago de bienes o servicios; y el número de esa tarjeta, instrumento o dispositivo se indique en todas las transferencias que se deriven de la operación.

No obstante, sí se aplicará cuando se utilice una tarjeta de pago, un instrumento de dinero electrónico o un teléfono móvil u otro dispositivo digital o informático de prepago o postpago de características similares para efectuar una transferencia de fondos entre particulares.

En la misma línea, quedan excluidos del ámbito de este Reglamento las personas cuya única actividad sea la conversión de documentos en papel en datos electrónicos y que actúen en virtud de un contrato celebrado con un prestador de servicios de pago ni a aquellas personas cuya única actividad consista en poner a disposición de los prestadores de servicios de pago sistemas de mensajería u otros sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y liquidación.

Además, si los Estados, si así lo desean, podrán excluir de la aplicación de esta Reglamento el importe de las transferencias no superan los 1.000 euros.

A fin de mejorar el cumplimiento del presente Reglamento, y con arreglo a la Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2010 titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», se deben reforzar las facultades supervisoras y sancionadoras de las autoridades competentes. Resulta oportuno prever sanciones y medidas administrativas y, dada la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben establecer sanciones y medidas que resulten eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Como en las investigaciones penales puede no ser posible determinar los datos requeridos o las personas implicadas en una transferencia hasta muchos meses o incluso años después de la transferencia original de fondos, y a fin de poder tener acceso a elementos de prueba esenciales en el contexto de investigaciones, los prestadores de servicios de pago deben guardar constancia durante un tiempo de la información sobre el ordenante y el beneficiario para prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Ese plazo no debe exceder de cinco años y, una vez transcurrido, los datos personales deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo contrario.

Si resulta necesario a los efectos de prevenir, detectar o investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y tras llevar a cabo una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de la medida, los Estados miembros deben poder permitir o exigir que sigan conservándose registros por un plazo adicional de no más de cinco años, sin perjuicio de las disposiciones del Derecho penal nacional en materia de pruebas aplicables a las investigaciones penales y los procedimientos judiciales en curso.

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