edición: 2741 , Martes, 18 junio 2019
09/01/2009

El nuevo sistema de insolvencias hipotecarias de EEUU entusiasma a los bufetes españoles

Javier Ardalán

En España, distintas corporaciones, como el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles o las asociaciones de consumidores, han solicitado al Gobierno que se elabore una ley de insolvencias para particulares que ofrezca a las familias una alternativa para hacer frente a sus deudas, similar a la que tienen las empresas con la ley concursal. Se trataría de una medida similar a las ya existentes en Francia y Estados Unidos.

La Ley Concursal, que ha permitido a algunas familias españolas evitar el embargo de sus viviendas, no es una solución excesivamente buena, puesto que siendo el endeudamiento por préstamo hipotecario el principal factor causante de la misma, la Ley únicamente prevé la suspensión de las cuotas del préstamo y de la ejecución hipotecaria sobre las viviendas durante un año, si bien, transcurrido el mismo, la familia tendrá necesariamente que atender dichas cuotas o resignarse a la pérdida del inmueble.

Además, los costes del procedimiento judicial (abogados, economistas, procuradores, publicación de los edictos, etc.) hacen que el acceso sea muchas veces prohibitivo para una familia media con problemas económicos.

El caso más conocido es el de Fernando Martín (presidente de Martinsa y ex presidente del Real Madrid), único caso de una familia con más patrimonio que la simple vivienda hipotecada, que ha precisado la designación de varios administradores concursales.

En Francia, Portugal o Alemania es posible cambiar las condiciones de devolución del préstamo cuando la familia demuestra que tiene  dificultades financieras y que ha sido imposible llegar a un acuerdo con la entidad.

En Francia existe un procedimiento específico de carácter administrativo, llamado Comisión de Sobreendeudamiento de los Particulares, que es competente para negociar y formalizar un convenio. Cuando no se puede alcanzar el convenio entre el deudor y la entidad financiera, la Comisión está facultada para proponer diferentes medidas que podrían ser impuestas a los acreedores con carácter obligatorio.

En Alemania se han declarado en concurso una media de más de un millón de familias en los últimos años. Este país tiene un conjunto de medidas de administración patrimonial tutelada para liberar al consumidor de parte de su deuda. Portugal tiene un sistema prácticamente calcado del alemán.

Desde ayer, los círculos jurídicos españoles se han convertido en un hervidero de comentarios sobre la necesidad de que el Gobierno Zapatero aporte una solución a esta situación. Es una medida complicada en un sistema bancario tan reglamentista como el español, pero parece que el nuevo sistema norteamericano, de libre acogida por las entidades financieras podría ser una solución para el sistema español.

En Estados Unidos, las Cámaras parlamentarias han aprobado una medida para evitar los llamados "cramdowns", es decir, que van a permitir que los jueces de quiebras puedan modificar las condiciones de las hipotecas, algo que ya es posible para las deudas generadas con las tarjetas de crédito o la compra de vehículos. Algo excesivamente habitual en todos los Estados de la Unión.

La normativa, no obstante, limita estas actuaciones a los bancos que decidan sumarse voluntariamente a la medida, con la intención de no hacerse con un stock excesivo de viviendas.

Sólo operará sobre los créditos obtenidos antes de la entrada en vigor de la norma; habrá que demostrar que se ha intentado encontrar soluciones con la entidad financiera para buscar una solución antes de ponerse en manos de los tribunales y se perderán estos beneficios si se demuestra que se mintió sobre la situación económica del prestatario al solicitar la hipoteca.

Los demócratas incluirán la medida en el proyecto de estímulo fiscal de por un valor de 800.000 millones de dólares, que aprobará el Congreso a mediados de febrero, que trata de salvar una situación extremadamente dramática, puesto que el valor actual de millones de viviendas es menor que la cantidad que deben pagar por la hipoteca.

Los bancos se habían opuesto hasta ahora a esta media, saben que van a perder una importante parcela de independencia, puesto que no van a poder controlar sus riesgos, puesto que la actuación del juez les suplantará en esta función. Sin embargo, el sector financiero ha alegado para oponerse, que los costes que supondrá para el sistema de Justicia norteamericano no son asumibles, porque muchos dueños de viviendas se sentirán tentados a declararse en quiebra, cosa que no harían de no existir esta posibilidad legal.

El modelo ha tenido buena acogida en los despachos de abogados españoles, que ven en el arbitraje una posibilidad, incluso de sustitutoria de los jueces, una posibilidad de rebajar los costes. Ahora Zapatero y su Gobierno tienen la palabra. La banca, como es de esperar, no ve más que inconvenientes.

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